Cada mañana al chequear el teléfono, hacer las compras de supermercado con pago electrónico, utilizar una aplicación móvil para hacer transferencias bancarias o reservar hora para el médico, asumimos que detrás de ese elemento intangible que llamamos “nube” existe una eternidad garantizada. Nuestra vida moderna corre sobre la premisa de que la conectividad es algo inmutable, como la fuerza de gravedad o el oxígeno. Sin embargo, la realidad es mucho más frágil y potencialmente peligrosa.
Un reciente e inquietante informe global respaldado por Naciones Unidas y elaborado en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, ha puesto sobre la mesa una advertencia que deberíamos atender antes que las pantallas queden desconectadas: el riesgo de un apagón digital masivo ya no es una fantasía de una película de ciencia ficción sino algo probable aunque sin fecha exacta.
Históricamente los comités de crisis y los expertos en seguridad han enfocado sus esfuerzos en la figura del hacker o en sofisticados ataques cibernéticos. Sin embargo, el próximo gran colapso tecnológico podría ser provocado por una tormenta solar de escala geomagnética, una ola de calor extremo que frite los sistemas de enfriamiento de los centros de datos, una erupción volcánica o un simple y azaroso corte de un cable submarino de fibra óptica en las profundidades del océano.
El problema de fondo que plantea el documento no reside únicamente en la ocurrencia del evento en sí, sino en nuestra absoluta incapacidad de gestionar una “pandemia digital” que involucre un colapso sistémico en cascada. En un mundo totalmente hiperconectado, las fronteras entre lo digital y analógico se han disuelto. Y, en este contexto, si el suministro eléctrico falla, las telecomunicaciones caen en cuestión de minutos. A su vez, si éstas se interrumpen, los cajeros automáticos se apagan y los sistemas de pago colapsan. El efecto dominó haría que, paralelamente, si los pagos electrónicos se congelaran, las cadenas de suministros de alimentos y combustibles quedarían paralizadas.
Según los datos analizados por los expertos de la ONU, hasta el 89% de las interrupciones digitales vinculadas a desastres naturales son causadas por estos efectos secundarios y no por el impacto geográfico inicial. El número de ciudadanos afectados en forma indirecta podría incluso llegar a ser diez veces mayor que los de las víctimas de la catástrofe original.
La gravedad del escenario actual radica en un factor estrictamente cultural e institucional, relacionado con la demolición sostenida y silenciosa de los planes de contingencia analógicos. En aras de la eficiencia, la velocidad y la reducción de costos, la sociedad contemporánea ha desmantelado los cuadernos de registro, los teléfonos de línea física independiente, los archivos en papel y los sistemas manuales de distribución. Por ejemplo, si los servidores se interrumpen nuestros centros asistenciales perderían el acceso a los historiales clínicos en forma inmediata, las administraciones públicas y los comercios carecen por completo de instrumentos que les permitan funcionar a la vieja usanza. Es como si confiamos tanto en todo lo que hay actualmente que, en muchos sentidos, hemos eliminado el “plan B”.
Uruguay es uno de los países de mayor desarrollo en tecnologías digitales del mundo, lo cual nos genera una mezcla de orgullo y sentimiento de vulnerabilidad. Nuestras políticas de Estado han sido ejemplares en materia de avance de infraestructura de telecomunicaciones en las últimas décadas, la extendida red de fibra óptica para hogares y empresas desarrollada por Antel y la conexión directa al mundo mediante cables submarinos de última generación posicionan al país a la vanguardia de América Latina.
En sintonía con esta advertencia, en este mes de mayo, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) remarcó la importancia de consolidar la resiliencia digital en el marco de la Agenda Uruguay Digital 2030.
Paradójicamente, es esta misma excelencia estructural lo que convierte a Uruguay en una de las sociedades más dependientes de la región de la estabilidad de su ecosistema virtual. La inclusión financiera y la digitalización de los trámites estatales han avanzado notoriamente en los últimos años y los ciudadanos utilizamos cada vez menos el dinero en efectivo para nuestras transacciones cotidianas, a la vez que el Estado centraliza gran parte de su información administrativa, interacción burocrática y sanitaria en redes informáticas. Tras haber finalizado con éxito los procesos de “apagón analógico” en la televisión y otras áreas de transmisión pública años atrás, la pregunta obligada es si la infraestructura crítica que sostiene toda esta autopista informática llegara a fallar de forma prolongada por un factor externo global ¿disponemos de amortiguadores operativos y sociales como para que el país no se detenga? Porque si no fuera así, nuestra densidad tecnológica podría significar que si el mundo llegara a sufrir una “pandemia digital”, Uruguay tiene más que perder que sus vecinos. En países de baja madurez digital un apagón devolvería a la población a rutinas analógicas que nunca abandonaron del todo, pero aquí donde el dinero físico es cada vez más un actor secundario y el Estado opera en red, un apagón prolongado podría significar detener la vida productiva en seco.
Necesitamos que la información crítica (identidad, registros de propiedad, datos de salud esenciales) cuente con respaldos físicos independientes de la red eléctrica comercial. Se necesita que las instituciones dispongan de respaldos de su información y generadores de energía de ciclo cerrado para sostener los servicios esenciales.
La resiliencia digital debe incluir también la dimensión económica para que el sistema financiero cuente con protocolos de contingencia para evitar el desabastecimiento de la población. Y atendiendo a la popular frase de “El Eternauta”: “lo viejo funciona”, no deberíamos olvidar a los radioaficionados que históricamente han sido puentes de comunicación en situaciones de catástrofes, por lo que sería interesante mantener estos nodos de comunicación de onda corta y VHF en las capitales departamentales y localidades rurales asegurando que las intendencias y los centros de salud puedan comunicarse sin depender de la infraestructura celular y de fibra óptica.
La advertencia de las Naciones Unidas no busca sembrar pánico ni sugiere que debamos renunciar a los extraordinarios beneficios de la tecnología actual. Pretende, no obstante, inyectar una dosis de realismo en la planificación estratégica de los gobiernos y las empresas privadas.
La resiliencia no consiste únicamente en aumentar los servidores de respaldo o blindar los nodos de ciberseguridad –lo cual es absolutamente necesario hacer–, sino en incorporar la variable de la posibilidad del apagón digital y prepararnos para seguir funcionando.
Es desde esta perspectiva que proteger el futuro implica no olvidarnos de cómo funcionábamos en el pasado. Mantener las capacidades analíticas y de soporte físico, asegurar las líneas de comunicación de emergencias y diversificar los mecanismos de intercambio comercial no deben ser vistos como retrocesos sino como pólizas de seguro para la vida institucional y económica del país. Ante un panorama de desastre digital que la ONU asegura ya tiene fecha abierta aunque desconocida, la previsión es la única herramienta capaz de permitir que, si un día las pantallas se apagan, la sociedad siga funcionando.
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