El diputado Fermín Farinha planteó en la Cámara de Representantes la creación de una categoría tarifaria específica de UTE y OSE para clubes deportivos amateurs, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro que desarrollan tareas sociales, culturales o asistenciales.
La propuesta fue presentada durante la media hora previa de la sesión y apunta a reducir el costo mensual de la energía eléctrica y el agua potable para entidades que brindan servicios comunitarios, pero que actualmente deben afrontar tarifas que, en muchos casos, responden a criterios comerciales.
Farinha sostuvo que la medida podría instrumentarse mediante resoluciones de los directorios de las empresas públicas o, si fuera necesario, a través de una norma respaldada por una definición política.
“SON SOCIOS DEL ESTADO”
Señaló que el planteo recoge una dificultad expresada reiteradamente por organizaciones que cumplen una función social, pero encuentran cada vez mayores obstáculos para sostener sus gastos corrientes.
“El reconocimiento es a quienes sostienen el tejido social de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestro país”, afirmó Farinha. Entre ellas mencionó merenderos, clubes de baby fútbol, instituciones que trabajan con personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil que atienden necesidades que no siempre logran ser cubiertas por los organismos públicos.
“Ellos son socios del Estado, pero el Estado, cuando les cobra las tarifas, no es un socio; los considera muchas veces como una empresa, con tarifas comerciales que son muy difíciles de solventar”, expresó.
Farinha explicó que la situación fue planteada nuevamente durante una reunión mantenida días atrás por los tres diputados electos por Paysandú con representantes de instituciones locales.
El diputado reconoció que “tanto OSE como UTE tienen un régimen tarifario que considera en algún caso alguna bonificación, pero esa bonificación no es suficiente; es insuficiente”, señaló.
Farinha propuso avanzar hacia un régimen más amplio, capaz de contemplar a instituciones que funcionan cotidianamente gracias al trabajo voluntario, las colaboraciones de la comunidad y distintas actividades de recaudación.
La iniciativa procura incluir a clubes deportivos amateurs, asociaciones civiles de bien social, organizaciones que atienden a personas con discapacidad o diferentes patologías, agrupaciones de jubilados que no estén comprendidas en los beneficios vigentes e instituciones culturales que presten servicios comunitarios. “Pensamos en una tarifa que reconozca a estas instituciones que son prestadores gratuitos de servicios sociales para el Estado”, afirmó.
REALIDAD EN PAYSANDÚ
Durante su exposición, Farinha mencionó el trabajo realizado en el departamento por Asdopay, Aprodime, Valoremos la Vida, Fortaleza y otras instituciones de la capital y el interior.
Son organizaciones que, según destacó, sostienen sus actividades mediante mecanismos muy diversos. “Día a día abren sus puertas, financiándose con una actividad concreta –una copa de leche, un merendero, una asistencia social–, ya sea con la industria de la torta frita, de los pasteles, de los tallarines, de las empanadas, de los ravioles o, por qué no, también en esta época, con las busecas que semana a semana salen a vender”, expresó.
El planteo busca “abrir una instancia de análisis para que las empresas públicas y los organismos competentes evalúen la creación de una tarifa diferencial que reconozca la función social que cumplen estas instituciones”.
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