Los trabajadores de Ancap, nucleados en Fancap y en las extractivas del Sunca, esperan desde hace un mes una respuesta del gobierno a los planteos efectuados por los sindicatos, sobre el plan presentado para evitar la unificación de la producción cementera en Minas que transformaría a la planta de Paysandú en una terminal de molienda y distribución al norte del río Negro.
Propuesta de diez años
Fancap insiste que desde hace más de una década proponen que los organismos públicos definan una cuota para la compra de cementos de Ancap, a raíz del diferendo planteado entre la ministra de Industria, Fernanda Cardona y el Congreso de Intendentes.
En mayo pasado, Cardona dirigió una carta al presidente del congreso, Nicolás Olivera, donde pidió que en la siguiente sesión se pueda “suscribir un acuerdo marco mediante el cual las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento portland producido por Ancap”.
En el documento, Cardona señala a Olivera que, como intendente de Paysandú, conoce de primera mano la importancia de la planta para la enconomía y el empleo del departamento.
Expuso, además, que la situación “debe ser abordada como preocupación de carácter nacional” y aludió a una “corresponsabilidad” en las soluciones. A la semana siguiente a la carta, luego del congreso, Cardona se apuró en anunciar en sus redes que “fruto de muchos meses de trabajo con la empresa pública y la Comisión de Descentralización; y luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del portland, el pedido se convierte en acuerdo”.
La afirmación de la ministra provocó malestar en los intendentes. En respuesta, Olivera señaló que las intendencias no están obligadas a cargar con el déficit de Ancap. Si bien aceptó que la Intendencia de Paysandú compra el material por mantener la fuente de empleo local, advirtió que es mucho más caro que otras opciones del mercado.
Ante fuertes reclamos del congreso por el costo del material, Ancap propuso mejorar las condiciones de venta. El jueves, en el último congreso compareció Cardona y la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, quien se comprometió a ofrecer un mayor descuento en el precio del portland. El organismo expuso un descuento de 63% y los intendentes advirtieron que consiguen mejores precios en barracas locales. En definitiva, cualquier acuerdo logrado no sería de exclusividad con el organismo.
Esperan respuesta
El dirigente de Fancap, Eduardo Zabala, recordó que las negociaciones con Cardona y sus asesores, en la sede del Ministerio de Industrias, se abrieron “como resultado de las movilizaciones y el conflicto sindical”.
En los sucesivos encuentros, el gobierno recibió la propuesta de los trabajadores y hubo una sucesión de intercambios. “Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta de todas esas negociaciones y a la altura de esta fecha es preocupante para nosotros. La producción de cemento portland sigue sin tener un rumbo claro y la verdad es que tanto los trabajadores nucleados en el Sunca como Fancap transitamos la espera de esta respuesta que hasta ahora no llega”, dijo a EL TELEGRAFO.
A fines de mayo las autoridades se comprometieron a “convocarnos a otra reunión para darnos una respuesta a esta negociación y ya ha transcurrido un mes. Este silencio es muy preocupante para los trabajadores y nos mantiene en estado de alerta”, agregó.
El plan
Zabala aseguró que el directorio del ente “tenía un plan para concentrar la producción en Minas, pero carecía de fundamentos. No iba a lograr el objetivo de ahorrar plata ni iban a poder abastecer el mercado solo con la planta de Lavalleja, porque las estadísticas así lo indican”.
El dirigente señaló que el plan “estaba plagado de cosas que el gobierno no podía defender. De alguna manera, los trabajadores pudimos enfrentar punto por punto y hacer notar que ese plan era realmente inviable. No solamente que Ancap iba a perder plata, sino que dejaba a Paysandú sin una industria, con 120 puestos menos de trabajo tanto por despido como por traslado. Iba a ser un daño social gigantesco y no iba a cumplir los objetivos”.
Zabala precisó que, en este contexto, el departamento atraviesa por otras problemáticas en AmBev, Fricasa y Paycueros. “Son distintas situaciones, pero la verdad es que deja a una franja muy importante de la sociedad con pocas expectativas laborales. Si seguimos así, hipotecamos el futuro de una generación que quiere estudiar y desarrollarse en el departamento. Esperemos que la respuesta que nos debe el gobierno, vaya en el sentido de lo que aspiramos y es que se mantenga la unidad productiva con la continuidad de la planta de portland y las gestiones necesarias para que arroje resultados positivos”.
Proyecto de colorados
Los diputados colorados Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge y Agustín Quintana presentaron un proyecto de ley para derogar la fabricación de portland por parte de Ancap.
Gurméndez argumentó que el negocio del portland generó pérdidas por U$S 800 millones en los últimos 20 años y solamente el año pasado, por U$S 31 millones. El legislador sostuvo que la producción de cemento estatal representa una carga económica insostenible para el país.
Consultado Zabala, aseguró que “la ciudadanía laudó en dos oportunidades, en 1992 y en 2003, todo lo relacionado a las empresas públicas. Que esta propuesta surja de manera aislada y sorteando las consultas populares mediante un proyecto de ley, va a contrapelo de los procesos democráticos”.
Explicó que “tal vez es posible que esa propuesta sea cambiada y busque una alternativa para mejorar la gestión del ente. Porque eso es algo que no viene haciendo ningún gobierno. Y tampoco me sorprende que le hayan salido al cruce desde todos los partidos políticos porque es de una magnitud muy descabellada”.
El dirigente consignó que “sería muy bueno que se utilice esa creatividad para propuestas que sean buenas para el ente, sus trabajadores y, en definitiva, todos los uruguayos”.
Sé el primero en comentar