Por decreto, el Gobierno determinó que los autos eléctricos cuyo valor de importación —precio Aduana— supere los 19.000 dólares estarán gravados desde el 1° de enero de 2027 con el Impuesto Específico Interno (Imesi). La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien firma el decreto junto al presidente Yamandú Orsi y el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que esta medida, que presentó como la primera revisión de la política de movilidad eléctrica, deja sin obligación de tributar al 75% de los vehículos eléctricos que ingresaron al país el año pasado.
“El 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total (tasa 0%)”, publicó en su cuenta de X la secretaria de estado. Agregó cómo quedaría el esquema de tributación de autos eléctricos a partir de la entrada en vigencia de estas disposiciones. “0% de Imesi: para precio de venta al público en el entorno de U$S 30.000 (hasta U$S 19.000 valor aduana). 5% de Imesi: para precio de venta al público entre U$S 30.000 y U$S 40.500 aproximados (19.000 y U$S 27.000 valor aduana) y 9% de Imesi: para precio de venta al público superior a U$S 40.500 aproximados (superior a U$S 27.000 valor aduana).
IMPACTO
La ministra Cardona dijo que se trata de la primera revisión de la política en general de movilidad eléctrica y que se basa en el comportamiento del mercado, “cuánto pesan los vehículos eléctricos dentro del parque automotor, que dijimos que es ínfimo todavía, en el sentido de que todavía estamos en el entorno del 3% dentro de los 1.200.000 vehículos”, indicó.
Con respecto a la decisión de la fecha de entrada en vigencia, a partir del primer día del año que viene, lo relacionó con la entrada en vigencia de la Rendición de Cuentas recién ingresada al Parlamento, en la medida que la recaudación prevista se asignará a la distribución de gastos planificada.
En ese sentido estimó que se espera obtener un ingreso adicional del entorno de los 16.500.000 dólares “y tiene que ver con solventar parte de la rendición de cuentas de nuestras prioridades como gobierno que son infancia, pobreza infantil, específicamente todas las políticas que estamos desarrollando respecto a niñas, niños y adolescentes, seguridad, educación y situación en calle, que también lo hemos dicho”.
CAMPAÑA
Cardona adelantó que además en breve se hará una campaña de difusión “que la estamos trabajando con la Dirección de Energía y con la UTE para tratar de ayudar para que la población en general sepa de primera mano las cuestiones básicas que tiene que saber antes de decidir comprar un vehículo eléctrico”.
Entre otras cosas el Gobierno pretende explicar “qué tenemos que tener en cuenta antes de comprar un coche eléctrico desde el punto de vista técnico, qué tenemos que revisar en nuestras casas, cuál es la instalación que tengo que tener, la carga que le tengo que pedir a UTE, qué tarifas son más beneficiosas para cargar en nuestra casa y también en la parte pública lo mismo”.
Del mismo modo señaló que UTE tiene previsto inaugurar otros 300 cargadores públicos antes que termine el año, así como buscar posibilidades para aumentar aún más la posibilidad de carga pública. En ese sentido se lanzó un llamado a interesados privados en colocar cargadores en predios privados, los que deberán estar accesibles a los usuarios públicos (ver QR).
RECHAZO
A todo esto, la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) dio a conocer una declaración pública en la que transmitió su “gran preocupación” por las medidas “que consisten en la aplicación del Imesi a vehículos de alta eficiencia energética, particularmente los eléctricos e híbridos”.
La gremial expresó “su profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso”, que considera “de enorme trascendencia para el sector automotor”, así como para consumidores y para la política energética y ambiental del país”. Agrega que tomaron conocimiento por los medios de comunicación y que se incumplió el “compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector sobre las conclusiones alcanzadas antes de su adopción”.
Afirman que se trata de una “nueva señal de incertidumbre”, que se agrega al incremento del costo de la energía en los cargadores de acceso público y el aumento del valor de la patente de rodados para este tipo de vehículos.
También manifiestan que, en caso que el objetivo fuera revisar el esquema tributario vigente, “existen alternativas técnicamente más adecuadas que permiten compatibilizar la recaudación con el estímulo a la eficiencia energética, las menores emisiones y la renovación del parque automotor”.
La declaración agrega una exhortación “respetuosamente al Poder Ejecutivo a reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados que permita alcanzar soluciones equilibradas, previsibles y técnicamente fundadas, preservando la competitividad del sector, el acceso de la población a tecnologías limpias y el prestigio internacional que Uruguay ha construido en materia de políticas energéticas y ambientales”.
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