El 8 de julio el equipo económico del gobierno será recibido por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde comenzará la consideración de la Rendición de Cuentas.
El 17 de agosto, los legisladores iniciarán su discusión en el plenario en el marco de los 45 días de plazo que tiene cada cámara para su aprobación. El diputado del Frente Amplio, Juan Gorosterrazú, aseguró que la iniciativa mantiene las prioridades del Ejecutivo, principalmente con el componente de atención a la infancia, la reducción de la pobreza y “una inversión importante para que tenga impacto significativo”.
La seguridad es “otra prioridad”, donde se atienden “temas muy preocupantes para el gobierno y la sociedad en su conjunto”, las personas en situación de calle y la educación, “principalmente con la definición de recursos para la Universidad de la República, la UTEC y ANEP”, dijo a EL TELEGRAFO.
Explicó que hay reasignaciones de recursos que “irán desde el Instituto Nacional de Colonización a estas políticas sociales, pero no impide continuar la meta de comprar 25.000 hectáreas. De hecho, el instituto va comprando unas 11.000 hectáreas en un año, cuando en todo el quinquenio pasado se compraron 10.000”.
El proyecto también establece la exoneración del IVA a la compra de materiales de construcción para el sistema cooperativo, que “es un viejo reclamo de las federaciones”.
De acuerdo al legislador, “para financiar este paquete de propuestas del gobierno, combina reasignaciones presupuestales —entre ellas una reducción del 50% en gastos de misiones oficiales y protocolo, además de la racionalización de vacantes en la administración central— con mayores ingresos asociados, principalmente, a ajustes en la tributación de vehículos eléctricos e híbridos y a nuevas estimaciones de recaudación”.
Entre otros aspectos, el diputado resaltó un artículo de la Rendición de Cuentas que establece que “no podrá establecerse en los llamados públicos a la función pública, ningún tipo de limitación, restricción o discriminación basada en la edad del postulante”, con excepciones debidamente fundamentadas.
“Es un reclamo de los trabajadores que veían limitado su ingreso a la función pública. Se puede acceder por capacidad, experiencia y formación, pero no por edad”, dijo.
Resumió que “el mensaje político es claro, porque prioriza el gasto social y la seguridad sin apartarse de la meta de resultado fiscal estructural. Eso va en línea con la búsqueda de consolidación fiscal que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, plantea desde el inicio de la administración”.
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