Hay cifras que deberían provocar una conmoción nacional. Sin embargo, en Uruguay pasan casi desapercibidas, perdidas entre declaraciones políticas, inauguraciones, promesas y discusiones de ocasión.
Según los datos correspondientes a 2025, el Tribunal de Cuentas observó gastos por 1.750 millones de dólares.
Sí, leyó bien. Mil setecientos cincuenta millones de dólares.
Y aquí es donde conviene recordar algo fundamental: el Tribunal de Cuentas no determina si un gasto es simpático o antipático, de izquierda o de derecha, popular o impopular. Su función es mucho más sencilla: verificar si ese gasto se ajusta o no a la normativa vigente.
Por eso la cifra resulta tan alarmante.
Porque detrás de cada observación aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede ser que quienes administran dinero ajeno no sean capaces de cumplir las mismas reglas que les exigen a los ciudadanos?
Y es imposible no hacer memoria.
En 2002, cuando Uruguay atravesaba la peor crisis económica de su historia reciente, el gobierno de Jorge Batlle logró obtener un préstamo puente de 1.500 millones de dólares que permitió evitar el default y mantener al país de pie cuando parecía tambalearse al borde del abismo.
Aquellos 1.500 millones fueron considerados entonces una cifra gigantesca. Una cifra capaz de definir el destino económico de toda una nación.
Hoy descubrimos que los gastos observados por el Tribunal de Cuentas en un solo año alcanzan los 1.750 millones de dólares.
Es decir, una cifra superior a aquel salvavidas histórico que permitió rescatar al Uruguay en uno de sus momentos más dramáticos.
Y entonces surge la pregunta que nadie parece querer responder.
Si los organismos públicos, nacionales y departamentales, administraran los recursos con el mismo cuidado con que cualquier familia administra el presupuesto de su hogar, ¿cuántos impuestos podrían aliviarse?
¿Cuántos préstamos dejarían de ser necesarios?
¿Cuántas obras podrían financiarse sin seguir metiendo la mano en el bolsillo de quienes trabajan y producen?
Lo más preocupante es que las observaciones parecen haberse transformado en una costumbre.
Se observa. Se toma nota. Se sigue adelante.
Y nadie se inmuta demasiado. Como si la legalidad fuera una recomendación. Como si los recursos públicos fueran infinitos. Como si el dinero de los contribuyentes apareciera por generación espontánea.
Pero no aparece.
Sale del comerciante que paga impuestos. Del jubilado que hace cuentas para llegar a fin de mes. Del trabajador que ve cómo cada peso cuesta ganarlo.
Por eso el problema no son solamente los 1.750 millones observados.
El verdadero problema es la naturalidad con que aceptamos que semejante cifra deje de escandalizarnos.
Porque cuando una sociedad deja de sorprenderse por el uso irregular de los recursos públicos, el despilfarro deja de ser una excepción.
Y pasa a convertirse en un sistema. Y como ocurre siempre, la cuenta final nunca la pagan quienes gastan.
La termina pagando el ciudadano.
Este quedó con un puñal más profundo porque la comparación entre los 1.500 millones que evitaron el default en 2002 y los 1.750 millones observados en 2025, genera un contraste muy potente y fácil de entender para cualquier lector.
David Doti
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