Territorio en disputa

Cuando se habla de recursos naturales, y en particular del agua, mirar hacia el río Uruguay es casi una costumbre para quienes habitamos el litoral. Sin embargo, debajo de nuestros pies, a cientos de metros de profundidad, corre otra llanura líquida que no hace ruido, no molesta y carece de la espectacularidad de los atardeceres costeros: es el Acuífero Guaraní. Abastece diariamente a millones de personas de cuatro países —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— que utilizan sus aguas para actividades domésticas, agrícolas, industriales y turísticas, además de ser una reserva de agua dulce fundamental para el buen funcionamiento de ecosistemas como los humedales y los ríos.
Durante generaciones creímos en la abundancia infinita de agua, una ilusión alimentada por las enseñanzas escolares y los discursos que pintaban nuestro principal acuífero casi como un océano subterráneo inagotable e inmune a los avatares del mundo exterior.
No obstante, la retórica de la inagotabilidad hoy se agrieta bajo el peso de una presión extractiva sin precedentes y una paradoja institucional no siempre fácil de aceptar: nunca supimos tanto a nivel científico sobre este acuífero y, al mismo tiempo, nunca estuvimos tan expuestos a perder su control soberano.
La reciente reunión regional realizada en el Aula Magna del Cenur Litoral Norte en Salto dejó en claro esa contradicción con gran nitidez. En dicha instancia se presentaron los resultados del Proyecto “Implementación del Programa de Acción Estratégica del Sistema Acuífero Guaraní (SAG)”, en el marco de un esfuerzo transfronterizo que involucró a cancillerías y agencias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con apoyo técnico de la Unesco, el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la gestión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Desde el punto de vista técnico y diplomático, la reunión fue un éxito. Se avanzó en la unificación de datos, se habló de metodologías coordinadas para medir la recarga y la descarga del acuífero, del establecimiento de una red de monitoreo que permitirá a los cuatro países compartir información en tiempo real a través de una plataforma digital común.
En este marco, las voces oficiales destacaron la relevancia de este gigante subterráneo para el desarrollo socioeconómico regional, el turismo termal y la investigación académica, respaldada por herramientas científicas recientes como el Vademécum de las Aguas Termales.
Este conjunto de herramientas puede interpretarse como un termómetro muy preciso para medir el agua del subsuelo; el problema es que el termómetro no cura la fiebre.
En este sentido, cabe señalar que mientras el ámbito técnico y científico celebraba la armonización de las bases de datos y la coordinación interinstitucional, por fuera de la foto oficial quedaron las advertencias de representantes de movimientos socioambientales de la cuenca, que cuestionaron la gobernanza real del acuífero.
Al respecto, alertaron que desde la estructura estatal se sigue facilitando la instalación de nuevos proyectos industriales de gran escala que amenazan las zonas de recarga y la calidad del agua. Se trata de una queja que en ocasiones suele tratarse con condescendencia, pero que encierra también una verdad incómoda: nos lleva a preguntarnos de qué sirve tener la mejor red de monitoreo digital si los datos generados no tienen valor vinculante para frenar prácticas nocivas provenientes del avance del agronegocio, las plantaciones forestales de rápido crecimiento o los nuevos y sedientos proyectos energéticos que demandan millones de litros de agua dulce por día.
La crítica de las comunidades locales apunta al corazón de un concepto que los organismos multilaterales suelen incluir: la gobernanza participativa.
En nuestra legislación, Uruguay es un ejemplo mundial gracias a su reforma constitucional de 2004, que estableció que la gestión de los recursos hídricos debe priorizar la vida y contar con la participación de la sociedad civil en todas las etapas de su planificación.
Sin embargo, las comunidades locales reclaman que su participación no quede reducida a instancias meramente informativas o talleres de consulta donde suelen presentarse decisiones que ya fueron tomadas.
Los acuíferos poseen un valor geopolítico especialmente importante por su incidencia en la actividad económica. En nuestra región, el Acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua dulce y mucho se ha hablado de los intereses de corporaciones internacionales e incluso de países que necesitarán asegurar el suministro de recursos hídricos. Esos intereses podrían interpretarse como amenazas para nuestra soberanía del agua y suelen generar preocupación en diversos sectores. Sin embargo, deberíamos preocuparnos también por otros problemas más silenciosos —y quizás irreversibles— como los cambios en sus ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, pero además debemos ser conscientes que el 96% del acuífero no está bajo suelo uruguayo, sino de nuestros vecinos. Así que por mucho que pretendamos cuidarlo, nuestro 3,8% del recurso natural no nos deja mucho margen de maniobra.
Tiempo atrás, el analista Albert Vidal señaló en un artículo publicado en Global Affairs (Universidad de Navarra, España) que “una reserva como el Sistema Acuífero Guaraní es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema”. Si bien este especialista considera poco probable la contaminación intencional del acuífero, advirtió sobre el peligro de contaminaciones accidentales por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura —en Brasil hay mucha agroindustria y cultivo de soja en la zona del acuífero—, el ingreso de pesticidas, residuos y agrotóxicos por las grietas de recarga del acuífero, y más recientemente, la incorporación del fracking. Incluyó también como amenazas la deforestación en zonas de recarga y la posibilidad de extracción acelerada por encima del nivel de recarga en la explotación del acuífero.
En este sentido va el reclamo de las comunidades locales, que no están pidiendo conocer el funcionamiento de la hidrogeología sino exigiendo el derecho a decidir qué se hace con el agua de sus territorios.
En definitiva, la distancia entre la pulcritud de los informes científicos internacionales y la violencia silenciosa del despojo territorial no es un detalle menor en el presente y, menos aún, si se mira con una perspectiva de futuro.
En varias regiones de nuestro territorio, la expansión de la agricultura intensiva de secano y el monocultivo forestal ha alterado la dinámica de los suelos, y los pequeños productores raramente tienen recursos financieros para nuevas y más profundas perforaciones en busca de agua segura, generando nuevas brechas y desigualdades.
De alguna manera, estamos permitiendo que el subsuelo se privatice de hecho mediante la capacidad técnica de extraerlo a grandes profundidades.
El agua subterránea es, cada vez más, un recurso natural estratégico no solo para el abastecimiento de la población, especialmente la rural, sino que tiene el valor de su almacenamiento natural, que garantiza contar con ella ante eventos complejos como sequías o interrupciones en el suministro por problemas de contaminación o turbiedad de los ríos. Los acuíferos representan, cada vez más, un “territorio” en disputa que requiere acciones concretas para su sustentabilidad.