Por un lugar en la agenda

Repetidamente escuchamos a líderes políticos jactarse de que el desarrollo de la forestación y la posterior industria de la pulpa de celulosa, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación del país, ha sido fruto de una política de Estado que se ha sostenido desde la década de 1980, superando los cambios de gobierno y los ciclos económicos, tanto adversos como favorables, que ha vivido el país. Sin embargo, en todo este tiempo, hay un aspecto que sigue siendo el talón de Aquiles de ese desarrollo y que, tras 40 años, continúa sin una solución duradera y sostenible, especialmente para las demás producciones y para las personas que conviven con este rubro. Hablamos, por supuesto, del deterioro que sufren los caminos rurales debido a la extracción de la producción forestal.
Este problema ha sido debatido largamente y ha sido objeto de decisiones por parte de los intendentes, quienes han buscado soluciones mediante una compensación por parte de las empresas, aunque sin éxito. Ahora, nuevamente, este tema ha sido puesto sobre la mesa por quien acaba de asumir la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes, Carlos Enciso, quien planteó la idea de crear un fondo, un fideicomiso que permita no solo atender esta problemática, sino además dar un salto de calidad en la caminería productiva del interior del país, siguiendo el modelo del fondo que se creó para el área metropolitana con el fin de dar respuesta a una serie de obras que los departamentos de Canelones y Montevideo requerían.
Enciso se refirió a este tema en una extensa entrevista en el programa En Perspectiva, en la que planteó que hoy existe una nueva dicotomía en el país, que ya no responde únicamente a Montevideo frente al interior, sino al Área Metropolitana versus el interior profundo. Los límites y las fronteras de estas zonas son difíciles de definir, porque no se trata simplemente de sumar Montevideo y Canelones. Hay zonas de Canelones que no son estrictamente metropolitanas, así como hay zonas de San José, de Maldonado e, incluso, de alguna otra capital departamental que sí lo son, en algún sentido. Pero no nos pongamos filosóficos, por ahora.
“Yo veía en la bancada de intendentes blancos y, en algunas conversaciones también, vamos a decirlo, con intendentes del interior del Frente Amplio, sobre todo de Río Negro y Lavalleja, no digo malestar, pero sí preocupación, por recursos extrapresupuestales que se le están dando fundamentalmente al área metropolitana en función de la movilidad”.
En concreto, alude a las obras comprendidas en el proyecto cuyo eje de discusión giró en torno a la construcción —o no— de un túnel en 18 de Julio, aunque en realidad es bastante más complejo que eso, ya que comprende la conectividad entre Montevideo y la Costa de Oro de Canelones. “Lo vemos bien como una obra que es necesaria, tal vez, pero no se olviden de que también hay otras prioridades y otras necesidades para equilibrar las asimetrías que existen respecto al desarrollo de infraestructura y de servicios en el interior, y que, si hay 800 millones de dólares en préstamos soberanos del Estado a través de la CAF y del BID, no decimos ese importe, pero hay obras de infraestructura y un montón de temas que podríamos atacar si tuviéramos esa posibilidad”, expresó.
El planteo de Enciso es, a la postre: “Compensemos, equilibremos, seamos justos y demos al interior profundo, por ejemplo, la caminería rural, para no quedar solamente en lo testimonial, criticando algo sin dar alternativas. Y dijimos: bueno, inyecten para un fideicomiso nuevo parte de algunos de estos recursos”. Ni siquiera plantea que ese monto, destinado a atender una red de caminería rural de una extensión muy superior, deba ser el mismo que el previsto para mejorar la conectividad de los habitantes en torno a un eje de unos 50 kilómetros, compuesto por dos rutas y tres avenidas. “Mucho menos. Nosotros calculamos que, para un impacto específico, porque lo que pedimos lo atamos a que se ejecute en caminería rural, puede andar entre 200 y 250 millones, directamente como espejo de esto”, señaló.
Cuando menos, es una propuesta atendible. Enciso propone sumar a este fideicomiso, por ejemplo, al menos una parte de las multas aplicadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “Los tonelajes y la intensidad del tráfico de madera, que pasan por nuestros departamentos, lo hacen mayoritariamente por ejes departamentales. A veces, para esquivar balanzas o para reducir el recorrido, la madera no va solamente por rutas nacionales hacia las plantas del litoral o del centro del país”.
Es acertada la afirmación de que, cuando se realizaron fuertes inversiones en rutas —numerosas rutas, aunque basta mencionar como ejemplo la duplicación de la Ruta 5 hasta Durazno— destinadas a la circulación de la madera hacia las plantas de celulosa, y en el Ferrocarril Central para el traslado de la celulosa y los insumos de la industria, “siempre queda relegado el resorte departamental, y no debe ser así”.
Para Enciso, esta programación tiene que ir “atada a un direccionamiento principal de por dónde tienen que pasar los ejes principales de esas cargas y, a su vez, hacer esas carreteras o esas rutas departamentales con un estándar que soporte camiones de 50 toneladas que pasan cada 10, 15 o 20 minutos durante todo el día”. Claro que, si después, nuevamente, para evadir los controles, los camiones circulan por otros caminos, el resultado será escaso. Pero esa es harina de otro costal, como se suele decir.
En principio, consideramos que la creación de un fondo que, aunque no equipare la inversión destinada al área metropolitana, permita hacer frente a la mejora de los principales caminos de la ruralidad no solo sería un acto de justicia, sino también el comienzo de una reparación histórica frente al abandono derivado de decisiones que, una vez más, se toman desde los despachos del Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo.