Que una ley sea aprobada solo con los votos de los legisladores del partido de gobierno no es un hecho inaudito en nuestro país a partir del advenimiento al poder de la izquierda, la que con una mayoría regimentada no solo ha aprobado normativas a su exclusivo entender y voluntad, sino que también ha bloqueado sistemáticamente la formación de comisiones investigadoras parlamentarias, que paradójicamente promovía con tanta vehemencia cuando estaba en la oposición.
En suma, se ha desestimado una y otra vez el parecer de los representantes de prácticamente la mitad del país, lo que, por supuesto, no constituye una ilegalidad sino que se basa en la institucionalidad vigente, solo que al no aceptar aportes de ningún tipo se entra en prácticas de gobierno excluyentes y que distan de hacerse eco de las grandes mayorías de opinión, que por lo general convergen hacia el centro del espectro político.
Una perla actual de este largo collar lo constituye un proyecto de ley promovido por los legisladores del Frente Amplio que obliga a que todas las compras estatales de cemento deberán ser de producción nacional, la mitad de las cuales deberán adquirirse en Ancap.
Más allá del cariz estatista de la norma en cuanto a la imposición de las compras, hay elementos clave a tener en cuenta para desentrañar el origen de esta urticaria proteccionista para la producción nacional, porque el único beneficiario de la norma es Ancap, solo que a contramano de los intereses del país y sobre todo de los sufridos contribuyentes, de todos aquellos que pagamos de nuestro bolsillo impuestos y cargas de todo tipo para sostener el sobreprecio de las ineficientes empresas estatales.
No puede ignorarse, cuando se plantea una iniciativa de estas características, que el cemento de Ancap es un negocio ruinoso para el país, y que viene arrojando pérdidas desde hace muchos años, por una gestión deficiente que es puesta al desnudo por el simple hecho de que otros productores nacionales de cemento tienen costos muy inferiores a los de Ancap para producir y están en condiciones de vender el producto a menos del costo del organismo, ganando dinero.
Es tan así, que el sector cementos de Ancap ha tenido en el primer semestre de este año un resultado operativo negativo de 108 millones de dólares, y por cierto que este sector –que no es monopólico, como el de los combustibles– se ha caracterizado por ser uno de los grandes agujeros negros del ente, al acumular desde 2005 sistemáticamente cuantiosas pérdidas. Paralelamente, Cementos Artigas, una empresa privada que compite con la estatal, no solo no ha perdido dinero en todos estos años, sino que ha dado ganancias, cobrando el cemento a similar valor.
Con estos antecedentes, la Cámara de Representantes tiene previsto aprobar esta semana, con los votos únicamente del Frente Amplio, la ley que obliga a que todas las compras estatales de cemento deberán ser de producción nacional, la mitad de las cuales de Ancap, (cualquiera sea su precio).
Los “argumentos” de la bancada oficialista son la defensa de la producción nacional, y en los fundamentos de la norma se expresa que “la medida dispuesta en el presente proyecto podrá tener por efecto además, un incremento de la productividad de la industria nacional del portland, así como una mejora en la gestión de los recursos para su producción, a efectos de atender la demanda que este proyecto viene a asegurar. En tal sentido, resulta de interés, creemos, el aumento de la productividad que concretamente esta medida generará en Ancap, así como el estímulo que ello significará con respecto a la reestructura de la gestión de la misma, dentro del plazo que sus autoridades determinen”.
Con relación al articulado, el artículo 1º del proyecto dispone que toda adquisición de cemento portland realizada por el Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales, cualquiera sea su modalidad o forma de financiación, deberá ser de productos de fabricación nacional, y que, a su vez, “al menos” el cincuenta por ciento de dicha adquisición deberá ser a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), salvo cuando ésta no pueda atender el suministro, en la forma que establecerá la reglamentación.
Una vez más, desde el oficialismo se pretende tomar por tontos a todos los uruguayos, con argumentos rebuscados y frases hechas que soslayan la realidad para dorar la píldora que nos va a atragantar: con esta ley Ancap tiene asegurada la venta a un muy importante cliente, lo que le da la posibilidad de enjugar sus déficits aumentando arbitrariamente el valor de su cemento. No es nada nuevo en el Estado ni en Ancap, que sin ir más lejos hace lo mismo con ALUR, a la cual le compra todo el alcohol carburante que pueda producir a valores varias veces más altos que lo que se consigue en el mercado internacional. Esta es la única razón por la cual ALUR no da pérdidas, en tanto los uruguayos pagamos los combustibles más caros de la región y de los más caros del mundo, entre otras cosas para subsidiar a ALUR. Claro, es sólo es posible cuando se tiene un mercado cautivo, como con los combustibles donde Ancap tiene el monopolio, o con leyes como esta donde el Estado está obligado a comprarle al precio que sea.
Por supuesto, al igual que ocurre con los combustibles, las obras licitadas por el Estado saldrán más caras, un aspecto que poco y nada le importa al partido de gobierno que tanto le gusta jugar al empresario y sostener indefinidamente empresas deficitarias –siempre que sean afines a la causa social, claro–. Pero ocurre que los que sostienen el Estado somos todos los uruguayos; no son los gobernantes –que tienen sus jugosos sueldos asegurados–, ni el ministro de Economía, ni la ministra de Industria, ni el presidente de la República, todos los que con estas leyes se aseguran varios miles de votos y quedan como los salvadores de fuentes de trabajo. Por lo tanto, todos los demás pagaremos la aún mayor ineficiencia en las obras que emprenda el Estado, que va a hacer menos con más plata, para perjuicio de todos.
¿Qué reestructura de gestión se alienta cuando sabe que se le asegura la compra del cemento al precio de “producción”, que es el más caro de plaza? ¿Qué “productividad” se va a aumentar, si cualquiera sea la naturaleza y el costo del proceso, la colocación es segura? La respuesta es obvia: ninguna. Es sólo una burla más a la ciudadanía, a la que se le ríen en la cara cada vez que va comprar un litro de nafta para la moto un 30% más cara de lo que cuesta “del otro lado del charco”, o tiene que trabajar en su comercio o levantar una cosecha con los combustibles más caros de la región. Y todavía, ser competitivos, porque no hay ley que obligue al mercado a comprarle su producción al precio que le quede bien.