Oportuno

El gobierno, el Frente Amplio, la oposición política que representa más de la mitad de la población, todos pendientes del “caso Cardama” –de las lanchas, de lo que podríamos tener que pagar o de lo que rescataríamo — mientras a lo largo de esta cabalgata se cometen abusos de poder y se violentan leyes, códigos, la propia Constitución y la democracia misma al desconocerse derechos básicos del ciudadano, en particular aquel que es sustento y razón de ser del sistema: el derecho del pueblo a saber de qué se trata.
Esto es, su derecho a saber “qué están haciendo” y a reclamarle a sus elegidos que cumplan con su obligación de dar cuenta diaria de cómo manejan los asuntos cuya administración se les ha encargado y para lo que se les delegan poderes y facultades; esto es, se les privilegia pero al tiempo se le marcan obligaciones: no se les delega el derecho a esconder o a “disfrazar ” aunque amontonen informes de bufetes y de “grados X”.

Decía Alberdi que la libertad de expresión no se delega y que el pueblo se la reserva para sí. Y es lógico, se trata del derecho a expresar libremente lo que se piensa y lo que se entienda y el derecho a acceder a toda la información pública y notoriamente pública y a buscar información y difundir información; no podría se de otra forma, si no, ¿de qué democracia estamos hablando?
El tema Cardama parecería que no es tan tan importante; no es mucho más serio que el caso María Dolores –ambos nos cuestan plata a los contribuyentes– pero el hecho es que fue el gobierno al mayor nivel y con hasta demasiada parafernalia el que lo lanzó al ruedo: el presidente y sus asesores más cercanos como laterales hicieron sonar las campanillas para dar cuenta de qué fue lo que hizo el anterior gobierno. El pueblo tiene derecho a saber. ¿No?

Y resulta que ahora, después de todo ese show, se nos pretende escatimar información para saber y comprobar cómo fueron las cosas; si el gobierno anterior actuó tontamente, si fue sorprendido en su buena fe en su afán de dotar al país de una serie de instrumentos para cuidar sus riquezas y su seguridad y garantizar sus fronteras o si fue incapaz para manejar el tema y si otra vez un “pícaro” español nos vendió espejitos, o si por otro lado alguien valiéndose de esa carátula sacó provecho personal. Queremos saberlo, queremos tener elementos y fundamentos para pedirles cuenta.
Queremos saber todo, también si, en cambio, solo se trató de un plan para desprestigiar al gobierno anterior y a figuras relevantes de la oposición y al mismo tiempo de una distracción para esquivar los reclamos por la falta de propuestas del gobierno que, según parece, no conforma ni a sus bases.
No resulta muy de recibo eso de amparar el secreto con lo de la investigación fiscal. Es tomarnos por muy desinformados; en los últimos años el origen de la gran mayoría de las filtraciones se ubica en las fiscalías: cada día se destapa más cómo han sido y son estas cosas de las filtraciones. Es más, se denuncia en estas horas que la propia presidencia viola lo prohibido por el Código al que recurrió para negarle información al Legislativo.

Con todo esto quizás no se dé tanto crédito a los relatos sobre “pilares de la convivencia”, respeto a las normas y protección de derechos, que se divulgan por ahí.
En lo que hace a los uruguayos, para empezar que no se nos tome por tontos –allá los que elijan serlo– y que no se nos retacee información.

Entre ocupaciones, desocupaciones y reocupaciones de centros de enseñanza, esta vez son los estudiantes de los centros de formación docente los que están llevando adelante la protesta contra las autoridades de la enseñanza, más precisamente contra el intento de reforma de la educación y por la dotación de más recursos.
Esta “resistencia”, alineada precisamente con la oposición política que desarrolla el Frente Amplio contra esta iniciativa, ha llevado en las últimas horas a la ocupación del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los centros del Instituto de Formación Docente (IFD) y del Consejo de Formación Docente en todo el país, en tanto la Administración Nacional de Educación Pública pidió al Ministerio del Interior que interviniera en esos locales de enseñanza.
Los estudiantes ocuparon diversos centros educativos en el marco del reclamo contra la reforma que se propone por parte del Consejo de Formación en Educación y las autoridades de la educación a nivel nacional.
Felizmente, en el marco de esta protesta “pacífica” (pero no inocua, desde que quienes ocuparon los locales impidieron por la fuerza que otros estudiantes, de acuerdo o no con su postura, pudieran concurrir a clases) no se registraron hechos de violencia, a los que se pudo haber llegado ante las acciones policiales para cumplir con el desalojo, en el marco de lo previsto por la normativa legal vigente en el país.
Pero antes, para confirmar lo expuesto en el sentido de que conjugan en esta problemática factores político-ideológicos, la Cámara de Diputados había votado un cuarto intermedio de una hora y media en su plenario, a pedido de la bancada del Frente Amplio, que formuló la solicitud para poder acompañar el desalojo de dos centros de estudio, el IPA y la sede de Magisterio.
Fue así que senadores y diputados del Frente Amplio se hicieron presentes en centros ocupados por los estudiantes, y en este contexto la diputada comunista Ana Olivera dijo en rueda de prensa que desde la bancada ven con “preocupación” la desocupación y que por eso pidieron la votación del cuarto intermedio.
Dijo que vienen siguiendo “la batalla por el presupuesto de la educación” y que cree que “es lógico que los estudiantes organizados peleen por más presupuesto”.
A su vez las autoridades de la ANEP expresaron este miércoles en conferencia de prensa que la medida de los estudiantes es “ilegal” y “no favorece al diálogo constructivo en base a los principios democráticos basados en un régimen republicano”. De lo que se trata naturalmente es de una instancia más de una batalla en el área de la educación, disfrazada en gran medida por la instancia presupuestal en la Rendición de Cuentas, pero sustancialmente se enmarca en la postura de oponerse a todo lo que se intente hacer para reformar nuestra devastada enseñanza, para lo que no hay receta mágica, aún en el supuesto de que se le pudiera dar todos los recursos que se piden.
El punto es que los gremios docentes no aceptan que se trabaje en base a evaluación de resultados, sino que fundamentalmente se centran en reclamos por mayores salarios y la oposición sistemática a cualquier medida que permita que se evalúen resultados. Solo se pide mayor presupuesto pero soslayando si ello se traduce en un mejor desempeño regular de las actividades docentes.
Como es sabido, desde hace mucho tiempo la izquierda se ha apoderado de la enseñanza, desde donde ha montado un centro de poder y adoctrinamiento, pero también para evitar que se toque nada y a la vez oponerse por las dudas a todo lo que se haga por el gobierno de turno a efectos de cambiar este estado de cosas. Sólo piden más recursos –que obviamente siempre se necesitan– pero sin admitir que a la vez se requiere poner en marcha visiones diferentes en cuanto a cursos, carreras, capacitación, régimen docente, etcétera, para una actualización que ponga a los egresados a tono con lo que demanda el mundo moderno en toda las áreas, formando incluso para el trabajo en áreas en desarrollo, que no es el de formar capital humano para que sea “explotado” por el capitalismo, como reafirman los ideólogos de esta apuesta opositora.
Porque además hay que tener en cuenta que existen lobbies y corporativismos en la enseñanza que pretenden –durante los gobiernos de izquierda lo han logrado con su aquiescencia y/u omisión– tener la gobernanza en lugar de los organismos previstos en la Constitución y el ordenamiento legal, a partir de los lineamientos del gobierno de turno surgido del voto popular en cada elección, y que por lo tanto son representantes legítimos de la ciudadanía y del interés general y no de los corporativismos que tienen sus intereses creados en el sector.
Este es el punto clave, entonces, el llevar adelante pautas que respondan a los intereses del país, que no necesariamente coinciden con los de los actores directos, que naturalmente pretenden llevar agua hacia su molino y se erigen en defensores de prácticas que desnudan precisamente sus reales objetivos, que están muy distantes del relato que se pretende imponer.
Una muestra clara de lo que hay detrás de bambalinas surge de las investigaciones que se han llevado adelante a nivel parlamentario sobre licencias sindicales abusivas en el ámbito de los profesores de Secundaria, al punto que la Dirección General de Educación Secundaria resolvió denunciar a cinco sindicalistas de Fenapes por la utilización de formularios 70.10 (solicitud de licencia) para faltar y a uno de ellos aplicar una sanción por 180 días.
La resolución es similar a la que adoptó en su momento la Comisión Investigadora creada en el Parlamento Nacional, que elevó todos los antecedentes a Fiscalía. El presidente de la Comisión Investigadora que funcionó durante un año, el diputado Alfonso Lereté, dijo que con esta decisión queda claro que toda la indagatoria desarrollada en el Parlamento fue correcta.
“El Frente Amplio no investigó, nos dijo que habíamos montado un circo político y que todo era humo. Cómo le explican a los uruguayos ahora que quisieron tapar esta situación y que en su momento abandonaron la Investigadora”, dijo Lereté.
La denuncia incluye al docente José Olivera. En cuanto a la persona sancionada por 180 días, se trata del profesor de Historia y dirigente sindical Marcel Slamovitz, docente que se desempeña en San José y que fuera investigado por el modo en que empleaba el mecanismo de las horas libres para uso de actividad sindical, indica Montevideo Portal.
A su vez los diputados oficialistas de la comisión que investiga faltas de 2017 de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) acusaron a los exjerarcas del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente y Javier Landoni, de tener “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”.
El eje central, más allá de la eventual adulteración de documentos –un detalle “menor” para la izquierda cómplice–, es que los dirigentes sindicales se dedicaban a su actividades gremiales durante horas de clases que se les pagaba como tales, en una cantidad muy superior a la legalmente prevista, por lo que se incurra o no en delito, de acuerdo a la interpretación legal, por lo menos se ha incurrido en falta de ética y prácticas abusivas por encima del relato de “defensa” de la educación –las clases perdidas por los estudiantes les importan poco y nada–, por lo que la “defensa” era en su beneficio propio, más allá de los estudiantes y la suerte del país.
Y eso hay que tenerlo en cuenta, para evaluar donde se está parado, en medio de la fanfarria de los reclamos teñidos de eslóganes y significado ideológico, que pretenden hacernos pasar gato por liebre.