Policiales

Un video difundido esta semana en redes sociales captó a un hombre realizando una pintada en la zona de Ciudad Vieja de Montevideo y reavivó la polémica por los grafitis firmados como “Ruzok”, que desde hace años aparecen en muros, comercios, fachadas patrimoniales y edificios de distintos barrios de la capital. Durante el registro, realizado por un conductor que pasaba por el lugar, quien filma le pregunta al hombre: “¿por qué no te vas a rayar a tu casa?” Los registros más tempranos de las pintadas de Ruzok en redes sociales datan de 2023. Desde entonces, usuarios señalan que “ha tagueado él solo toda la ciudad. Toda. Grafiteó casas, monumentos, carteles, todo”.

El tagging, la expresión de los marginados

Las intervenciones de Ruzok no son murales artísticos ni mensajes de contenido político. Se trata de lo que en el mundo del grafiti se denomina tagging o bombing: simplemente su firma, la palabra “Ruzok”, repetida compulsivamente en cualquier superficie disponible. Sin dibujos elaborados, sin colores, sin mensaje visible. Este estilo surgió en la Nueva York de la década de 1970 y reflejaba la alienación de personas marginadas que sentían la necesidad de decir “acá estoy, soy parte de esta ciudad”. Con el tiempo se convirtió en una práctica de ocupación del espacio público.

Un experto en arte urbano explicó que el tagging responde a una lógica de conquista territorial: “Aquí estuve yo, este es mi lugar, este soy yo y aquí pongo mi firma”. Los grafiteros suelen ensayar sus firmas en cuadernos antes de plasmarlas en paredes y la elección del espacio no siempre es totalmente caprichosa. Sin embargo, cuando esa lógica se ejerce sobre fachadas patrimoniales, edificios nuevos o monumentos históricos, el conflicto con vecinos, comerciantes y autoridades es inevitable.

La reacción institucional

El Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo trabajan en conjunto para reunir información sobre las pintadas y presentar una denuncia ante Fiscalía. La directora de Cultura de la Intendencia, Débora Quiring, sostuvo que la ciudad debe “buscar un consenso” entre el arte callejero y la preservación del patrimonio urbano. “Hay, sin duda, una excelente política de arte callejero y, por otro lado, hay intervenciones, como es este caso en particular, que atentan contra fachadas patrimoniales del Centro y Ciudad Vieja, que no apuntan a la convivencia”, afirmó.

Pese al escrache en redes sociales y a los operativos en curso, Ruzok continuó grafiteando. Una de las personas afectadas relató: “Así amaneció. Recién terminado de pintar. Cerro Largo y Ciudadela, edificio nuevo”.

La reacción política y vecinal

El Grupo Centro, que nuclea a comerciantes del área, manifestó su preocupación a través de su representante Federico Celsi, quien dijo esperar que el caso permita avanzar en medidas concretas para frenar este tipo de daños. Desde la oposición, ediles de la Lista 22 del Partido Nacional enviaron una carta al intendente Mario Bergara reclamando intervención para ubicar a los responsables.

Desde el Partido Nacional se propuso además retomar el programa Borrón y Cuenta Nueva, una alianza entre el municipio y los vecinos en la que la Intendencia aporta la mano de obra y los residentes la pintura para recuperar fachadas afectadas, con el objetivo de extenderlo a toda la ciudad.

El episodio reavivó un debate que en Uruguay tiene años: dónde termina el arte urbano y dónde comienza el vandalismo, en particular cuando las pintadas afectan edificios de valor patrimonial o propiedades privadas. La Intendencia de Montevideo, por primera vez en mucho tiempo, parece dispuesta a trazar esa línea ante la Justicia.

Una historia que terminó en tragedia: el asesinato de Plef

El debate sobre los límites del grafiti en Montevideo tiene un antecedente que marcó a fuego a la comunidad de artistas urbanos. El 16 de febrero de 2019, Felipe Cabral, de 29 años, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza junto a una bicicleta y una mochila con pinceles y aerosoles, en el muro de una casa abandonada en Rambla República de México y Belastiqui, en Punta Gorda. Estaba retocando uno de sus grafitis cuando fue asesinado.

Cabral era conocido en el mundo del grafiti como Plef –un juego con las letras de su nombre de pila pronunciado al revés– y era reconocido por sus murales con contenido político, sus dibujos de cabezas de gato y su militancia en el Partido Comunista.

Por el asesinato fueron detenidos un hombre de 77 años y su hijo, quienes vivían en la casa lindera a la vivienda abandonada donde Plef fue ultimado. Las pericias confirmaron que la bala salió desde esa casa, donde se encontraron varias armas sin declarar, aunque no el arma homicida. El principal sospechoso falleció en mayo de 2019 a causa de una enfermedad terminal, sin que se pudiera comprobar que fuera el autor material del homicidio.

La respuesta política del Frente Amplio fue de solidaridad con la familia y reclamo de justicia. El senador comunista Óscar Andrade estuvo presente en la manifestación frente a la Fiscalía al cumplirse el primer aniversario del crimen, en tanto el entonces edil frenteamplista Mariano Ariana calificó el homicidio de “muerte absurda e increíble” y señaló: “que por estar pintando un muro se presuma algo y le peguen un tiro y maten a una persona…”

Seis años después del crimen, nadie fue procesado por homicidio ni por encubrimiento. La fiscal Morales nunca archivó el expediente, pero el caso permanece en la sombra de la impunidad. El asesinato de Plef sigue siendo una herida abierta para la comunidad artística uruguaya y un recordatorio de que el debate sobre el grafiti en la ciudad puede tener consecuencias que van mucho más allá de una pintada en una pared.

Aproximadamente a las 14 de ayer, en la entrada a Paysandú por ruta 3, un auto Chevrolet Corsa matrícula IAD 6685 conducido por un hombre con una acompañante terminó en la banquina luego de una maniobra, a la que, según el conductor, se vio obligado cuando la camioneta Volkswagen de matrícula JYP1226 conducida por una mujer, apareció en la continuación de Avenida San Martín.
La señora dobló hacia la izquierda y el conductor del Chevrolet, para evitar embestirla, realizó una maniobra en la que atravesó toda la ruta y terminó con su vehículo en la banquina. Afortunadamente no venía nadie en ese momento y entre los involucrados en el hecho no hubo ningún lesionado.

Personal de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) llevó adelante una investigación que permitió desarticular maniobras vinculadas a la venta de drogas en la ciudad.
Con órdenes expedidas por la Justicia, el pasado 20 de mayo se efectuaron allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en barrio Dos Soles y en la zona de calle Dr. Felippone. Los procedimientos contaron además con el apoyo operativo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT).
Como resultado de las actuaciones fue detenido Harry Andrés Pérez, de 42 años, poseedor de antecedentes penales y quien además se encontraba requerido por la Justicia. Durante las inspecciones realizadas en las fincas intervenidas, los policías incautaron una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.
Asimismo, en una de las viviendas allanadas se ubicó una motocicleta que presentaba requisitoria vigente por hurto, además de otro birrodado desarmado en varias partes que también figuraba requerido, procediéndose a su incautación.
Finalizadas las actuaciones judiciales, la sede Penal de Octavo Turno dispuso la condena de Harry Andrés Pérez como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndole una pena de dos años y dos meses de penitenciaría.

La convocatoria está orientada a personas con vocación de servicio, disposición para el trabajo en equipo y compromiso institucional. Según se informó, quienes ingresen lo harán con la retribución correspondiente al grado y deberán aprobar un curso específico de formación. La no aprobación de esa instancia será causal de desvinculación.
Entre los requisitos establecidos se exige tener entre 18 y 29 años, una altura mínima de 1,60 metros, ciclo completo de Enseñanza Primaria y reunir las condiciones generales para el ingreso a la función pública.
También se establece que los postulantes no deberán tener calidad de funcionario público, becario, pasante o contrato de función pública al momento de suscribir el vínculo legal, salvo excepciones habilitadas por normativa.
Los interesados deberán completar el formulario oficial y enviarlo por correo electrónico a reclutadorafau@fau.mil.uy. Por consultas, la Fuerza Aérea habilitó el teléfono 22224400 interno 1428.

Un siniestro de tránsito ocurrió minutos antes de las 19.30 de la víspera en la intersección de Ituzaingó y Dr. Felippone, cuando una camioneta terminó volcando tras impactar contra otro vehículo que se encontraba estacionado.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la camioneta Fiat Strada matrícula IAH 4996, conducida por un hombre, circulaba por Dr. Felippone hacia el sur. Al girar hacia el Este, por causas que se investigan, impactó contra una Chevrolet Montana, patente IAG 6701, que se encontraba correctamente estacionada junto a la acera sur. Como consecuencia del fuerte choque, la Fiat Strada volcó sobre la calzada. La propietaria de la otra camioneta, en tanto, que se encontraba en su trabajo en una dependencia de INAU, fue advertida de lo ocurrido.

Al lugar concurrieron inspectores de Movilidad Urbana y efectivos de la Brigada de Tránsito, quienes trabajaron en el ordenamiento de la circulación y en las actuaciones correspondientes. Por su parte, el hombre presentó un politraumatismo leve con un golpe en una mano, no siendo necesario su traslado de urgencia.

La oenegé Amigos de los Animales denunció nuevamente un caso de crueldad extrema, luego de recibir información sobre el descuartizamiento de una perra que apareció en el fondo de una vivienda. El presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, se comunicó con la referente de la protectora, Laura de León, y confirmó que estará mañana sábado en Paysandú para evaluar el caso.

De León señaló a EL TELEGRAFO que una persona se comunicó vía telefónica y relató que desde hace unos meses se mudó a una vivienda, donde los anteriores ocupantes dejaron abandonados dos perros —un macho y una hembra— de un año aproximadamente.

“La hembra apareció descuartizada. Cuando me pasó la foto por WhatsApp, le pedí que inmediatamente enviase el cadáver a la veterinaria. Me respondió que lo tiró a la volqueta porque llamó a la Policía, que asistió al lugar y le indicaron que si no tenía dónde enterrar el cadáver, lo pusiera en una bolsa y lo tirara a la volqueta. Es así que no tenía el cuerpo para su análisis”, detalló.

En la fotografía aportada por la denunciante, “claramente se observa que el animal es piel y huesos, por lo tanto no fue descuartizado para otros fines. Lo raro es que no apareció ningún órgano y en el patio tampoco hay rastros de sangre. Es decir, lo sacaron de la vivienda, lo mataron en otro lugar y lo tiraron nuevamente en el patio”.

La mujer denunciante aseguró que “la única explicación que encuentra es la represalia de unos vecinos a quienes les cortó el pase de agua. Es así que me entregó el otro animal porque iba a terminar de igual forma y también tiene la piel pegada a los huesos”.

De León reconoció que “al parecer la Policía no está capacitada para advertir a las personas que ante un caso de crueldad extrema deben preservar el cuerpo para una autopsia. No tienen idea porque no los instruyen”.

Explicó que “por esa razón no tenemos a quien denunciar ante el INBA porque si bien hay una sospecha sobre los vecinos, tampoco hay pruebas y, ahora sin cuerpo, la Policía no se tomará el trabajo de continuar con las averiguaciones”.

Ante estas situaciones, la autopsia revela otros datos vinculados a la ejecución del animal. “Porque tampoco sabemos si lo mataron antes de hacer esa crueldad o pasó como la perra Yuli, que la decapitaron viva. Estimo que este caso es igual porque no se explica de otra forma que no sea una venganza. Es decir, fue intencional y para dejar un mensaje. Así que nuevamente desde la oenegé visibilizamos el caso para que no quede en la nada. Y si esto no genera consecuencias, es que —como sociedad— lo permitimos”, enfatizó.

CRUELDAD EXTREMA Y ABANDONO

Desde el caso de Yuli no se recibieron otras denuncias similares, sin embargo, la referente de la oenegé aseguró que todos los días se registran casos de maltrato y abandono animal.

“En la noche del miércoles levantamos otro perro que se encontraba muy flaco y atado en una casa en construcción. Tiene dueños y se ve que lo llevaron para que cuidara el terreno. Después encontramos otros dos perros muertos en el fondo de una casa. Mientras el maltrato no sea delito, continuará así”, recalcó.

En cuanto a los abandonos en la vía pública, rutas o caminos vecinales, contabilizó que “en promedio” ingresan cinco perros por día, principalmente cachorros. “A esto se suman las cajas con gatos que dejan en nuestra sede. Ya no hay más lugar y no hay respiro, ni domingo, ni feriado”, consignó.

Las adopciones no alcanzan, si bien organizan jornadas los fines de semana. “El domingo pasado logramos entregar 9 animales, entre perros y gatos, pero ese día también ingresaron otros 9. Además, se incrementan los gastos en la veterinaria porque se enferma uno y otros se contagian”, concluyó.

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La Justicia condenó al hombre que el pasado 4 de mayo agredió violentamente a José “Pepe” Matosas, de 78 años, en la esquina de su comercio, hecho que generó gran conmoción en la ciudad debido a la brutalidad del ataque y principalmente porque la víctima es un comerciante que se destaca por su don de solidaridad.

De acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado Letrado en lo Penal de 8º Turno, E.A.S.S., de 24 años, fue imputado y condenado por un delito de lesiones graves. Como pena deberá cumplir 20 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba. Tal como informara oportunamente EL TELEGRAFO, el episodio ocurrió en la panadería de Matosas, cuando el ahora condenado le pidió mercadería y al negarse el comerciante, reaccionó de forma violenta y lo atacó físicamente. Matosas fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico, mientras que el agresor se dio a la fuga en moto junto a una mujer. Mediante el análisis de registros fílmicos, declaraciones de testigos y diversas averiguaciones, los investigadores lograron identificar al responsable en corto tiempo.

 

A seis meses del accidente fatal que terminó con la vida de Jonathan Álvarez Gelves, su familia decidió romper el silencio y difundió una extensa carta pública donde denuncia un caso de encubrimiento, cambio de chofer y mentiras posteriores al siniestro ocurrido el 21 de noviembre de 2025 en la zona Este de la ciudad.

Jonathan, de 28 años, falleció tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en motocicleta desempeñándose como repartidor de medicamentos de Comepa. El hecho ocurrió en la zona de Enrique Chaplin y Florida, donde el joven fue embestido por un camión Volkswagen Worker con zorra. De acuerdo a la información publicada por EL TELEGRAFO en ese momento, tras la colisión cayó y fue arrollado por una de las ruedas del acoplado, muriendo en el lugar.

En un documento titulado “Seis meses de silencio. Hoy hablamos”, la familia expresó el profundo dolor atravesado desde entonces y aseguró que además de afrontar el duelo debieron investigar por sus propios medios lo sucedido. “Jonathan era una gran persona. Un gran hijo, un gran hermano y el padre de una niña de tres años por la cual se desvivía para darle lo mejor”, expresa el comunicado.

La familia sostuvo que durante estos meses atravesaron “noches sin dormir, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, trabajos perdidos y días en los que levantarse de la cama cuesta”, mientras una niña continúa preguntando por su padre.

Sin embargo, aseguran que el dolor no terminó allí. Según denunciaron, “quien se declaró responsable del accidente no era quien manejaba realmente el camión”. De acuerdo al relato difundido públicamente, uno de los propietarios de una empresa sanducera se presentó inicialmente como responsable del hecho, aunque —afirman— el vehículo era conducido por un empleado que tenía la libreta profesional suspendida al momento del accidente.

“Durante los primeros días empezamos a escuchar rumores y versiones distintas a las declaradas oficialmente”, indicaron. A raíz de ello, señalaron que debieron hablar con decenas de personas, recopilar testimonios, revisar cámaras de seguridad y reconstruir minuto a minuto lo ocurrido aquella mañana.

“Tuvimos que convertirnos, sin quererlo, en investigadores del accidente que causó el fallecimiento de Jonathan”, manifestaron.

En otro de los pasajes más fuertes del escrito, la familia afirmó que cuatro meses después del siniestro, y luego de presentar pruebas, los involucrados reconocieron “parte de la verdad”. Según denunciaron, admitieron haber mentido “para que el seguro les cubriera el accidente”.

“Nadie se acercó a pedir disculpas. Nadie vino a decirnos la verdad. Nadie tuvo la humanidad de reconocer que habían mentido”, expresaron.

Asimismo, relataron un episodio ocurrido apenas tres horas después de la muerte del joven. Según indicaron, familiares concurrieron a una dependencia policial para retirar pertenencias y allí se encontraron con la persona que se había declarado responsable. “Con el dolor enorme de acabar de perder a su hijo, el padre de Jonathan le preguntó si la culpa había sido suya o de Jonathan. Esa persona, sabiendo que ni siquiera había estado manejando el camión, inventó un relato y encima le echó la culpa a Jonathan”, sostiene la carta.

La familia también denunció que el verdadero conductor “se fue del lugar del accidente”, no asistió a la víctima y ni siquiera llamó a una ambulancia. “En vez de quedarse y dar la cara, llamó al patrón y huyó”, señalaron.

Otro aspecto cuestionado en el documento refiere a que los camiones involucrados continuaron trabajando normalmente ese mismo día. “Siguieron trabajando como si nada hubiera pasado”, afirmaron. A lo largo del comunicado, los familiares remarcan que no solo les mintieron a ellos, sino también “a la memoria de Jonathan, a su hija Josefina, a sus amigos y compañeros de trabajo”. “Eligieron cuidar su empresa y su bolsillo antes que darle a una familia lo mínimo que merecía: la verdad”, expresa otro de los fragmentos.

En el cierre del mensaje, explicaron que decidieron hablar públicamente porque “la memoria de Jonathan merece la verdad” y para que su hija, cuando crezca, “sepa que su familia no se quedó callada”. “El accidente pudo haber sido un accidente. Todo lo que vino después, no. Eso fue frialdad. Eso fue cálculo. Eso fue inhumanidad”, concluye el escrito firmado por la familia de Jonathan Álvarez Gelves.

UNA LABOR IMPORTANTE

Consultado por EL TELEGRAFO, el abogado de la familia, Dr. Javier Riffaud, confirmó que desde un principio existían versiones contrapuestas sobre quién conducía el vehículo involucrado en el accidente.

“Cuando ellos me contactaron para trabajar en el caso ya estaban los rumores sobre la mesa de que la persona que dijo que manejaba no era efectivamente quien lo hizo”, señaló. Indicó que a partir de allí comenzaron a trabajar “en destapar toda la situación” y aseguró que lograron acreditar esa hipótesis. “Se pudo demostrar que efectivamente la persona que manejaba no era la que dijo ser el conductor”, afirmó.

Riffaud explicó además que presentaron un escrito ante Fiscalía y destacó el trabajo realizado por el fiscal actuante en la investigación. “Hubo una labor importante de avanzar, investigar y hacer eco de los derechos que tienen los familiares de las víctimas”, expresó.

Asimismo, indicó que la familia aportó medios de prueba que posteriormente fueron investigados. “Pudimos concluir que la persona que decía que manejaba no era quien efectivamente lo hacía”, reiteró. El abogado sostuvo que toda esta situación agravó el sufrimiento de los allegados a Jonathan. “La familia no pudo hacer el duelo en esos primeros momentos porque tuvieron la cabeza puesta en toda esta situación, lo que terminó profundizando todavía más el dolor”, lamentó.

Agregó que la investigación penal continúa abierta y que actualmente se trabaja sobre las responsabilidades y la causalidad del accidente.

Un aparatoso siniestro de tránsito ocurrido minutos antes de las 19 en la intersección de Dr. Verocay y Leandro Gómez dejó como saldo tres personas lesionadas y un automóvil volcado.
De acuerdo a la información recabada por EL TELEGRAFO, el automóvil Suzuki Celerio matrícula IAH 1402, conducido por un hombre, circulaba por Dr. Verocay al norte. Al llegar al citado cruce colisionó con el auto Fiat Mobi, patente IAG 9475, que se desplazaba por Leandro Gómez al Este con un hombre al volante y una mujer como acompañante.

Según datos extraoficiales, el Fiat circulaba a alta velocidad y habría ingresado a la intersección sin respetar la preferencia. Tras el fuerte impacto, éste volcó y quedó con las ruedas hacia arriba y el motor orientado hacia el sur, causando gran alarma entre vecinos y transeúntes.

El conductor del Suzuki fue asistido por personal médico y diagnosticado con politraumatismos, siendo trasladado al Hospital. En tanto, el conductor del Fiat presentó traumatismos en los brazos y recibió el alta en el lugar, mientras que la acompañante sufrió erosiones. En la escena trabajaron efectivos de Seccional Primera, personal de ARP y unidades de emergencia de SIET y UCEM.

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El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y permitió detener a J.L.P.A., de 37 años, sindicado como responsable de las maniobras investigadas.

Durante la inspección de la finca, los efectivos encontraron 68,95 gramos de cocaína ya pronta para su distribución, además de tres balanzas de precisión y varios envoltorios de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. También fueron incautados tres teléfonos celulares y 3.510 pesos uruguayos en efectivo, dinero que se presume provenía de la actividad ilícita.

El hecho fue advertido mediante una alerta del sistema Dimoe. Al concurrir al lugar, los efectivos fueron informados de que el hombre se había arrancado la tobillera y la había arrojado violentamente contra el suelo, provocando daños totales.

Concluidas las actuaciones judiciales, la Justicia dispuso la condena de Nicolás Manuel Fleitas Cúccaro como responsable de dos delitos de hurto —uno especialmente agravado y otro en grado de tentativa— además de un delito de retiro de dispositivo electrónico, todos en régimen de reiteración real. Como resultado, deberá cumplir 12 meses de prisión efectiva y pagar una multa de 20 Unidades Reajustables.

Según declararon testigos presentes, el ahora condenado –de iniciales A.A.O.G., de 60 años– mantuvo una discusión con un familiar, quien ingresó nuevamente a la casa manifestando que había sido apuñalado en el abdomen. Finalmente, culminadas las instancias judiciales, la Justicia Penal imputó y condenó a A.A.O.G. como autor penalmente responsable de un delito de lesiones graves agravadas, imponiéndole una pena de 20 meses de prisión, a cumplirse bajo régimen de libertad a prueba y sujeto a determinadas obligaciones.