(EL PAÍS)
Trece años después de ser izada la bandera nacional en Haití para cumplir con el mandato de Naciones Unidas, ayer fue arriada por última vez en la base que el Ejército tiene en Morne Casse. En tres vuelos programados por el organismo, los 250 efectivos que permanecen en la misión comenzarán a regresar al país en los primeros días de mayo. El ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez indicó a El País que el personal comenzará a regresar desde el lunes 1° de mayo en vuelos programados por Naciones Unidas para ese día, el miércoles 3 y el viernes 5. Mientras, el equipamiento pesado (camiones, vehículos blindados, jeeps y equipos generadores de luz, entre otros) será alistado para el viaje, trasladado desde Morne Casse y llevado a Puerto Príncipe donde será embarcado para Montevideo en un transporte también provisto por la ONU.
“Trabajamos con dedicación. Por la misión pasaron más de 12.000 personas de las tres fuerzas. Hemos perdido la vida de compatriotas en accidentes, por el terremoto y ahora depende de Haití su destino”, sostuvo el ministro. Según Menéndez, es positivo que la situación interna de Haití haya permitido que un gobierno electo sea sucedido por otro. “Pero no podemos verlo a imagen y semejanza de nuestras democracias, de nuestra institucionalidad. Ahora son ellos quienes marcarán su camino, tienen un destino por delante. Nosotros hemos cumplido con el servicio para Naciones Unidas. El sentimiento desde el ministerio y el gobierno es de conformidad”, precisó.
Por su parte, la oposición considera “grave” que una parte del contingente permanezca sin autorización legal. “”En diciembre, cuando se votó la última prórroga (ley 19.482), se dijo que era la última. Quizás a la bancada del gobierno no le convenga volver a dar la discusión en el Parlamento”, dijo a El País el diputado nacionalista Jorge Gandini. Aquí es donde se presenta la polémica porque esa ley en su artículo 1° autoriza la permanencia del contingente hasta el 15 de abril de 2017. Pero a su vez un segundo inciso de ese artículo señala: “Asimismo, con el fin de hacer efectivo el procedimiento de repliegue correspondiente y para la repatriación de los recursos materiales allí emplazados, se autoriza la permanencia del personal requerido a tales efectos, por el período adicional considerado mínimamente necesario”.
INDIGENTES DUEÑOS DE 1.000
EMPRESAS TRUCHAS
(EL PAÍS)
Unas mil empresas unipersonales truchas armadas desde 2010 hasta marzo de este año para defraudar a la DGI, tenían como titulares a tres indigentes en situación de calle que oficiaban como testaferros, según consta en un expediente del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno.
Durante un allanamiento a un estudio contable realizado por la DGI a fines del año pasado, la testaferro María de los Ángeles (nombre ficticio) declaró: “Vengo desde 2010. Vine porque me trajo un amigo en común con el dueño del estudio. Yo integro el grupo de las sociedades. Se me paga para figurar, después de ahí no sé más nada”. Enseguida agregó: “Son dos personas las cabezas de cada sociedad, a veces estoy como integrante físico. A mí me remunera cuando yo integro en la sociedad con equis cuota, que era de $ 600 que para mí era un beneficio en aquel momento (2010). Ahora es de $ 1.000 cada vez que firmo los papeles”.
El expediente, al que tuvo acceso El País, revela que ambos estudios vendían a contribuyentes facturas de empresas en formación. En dichas facturas se documentaban prestaciones de servicios o circulaciones de bienes inventadas por montos “a medida” del consumidor contribuyente –en algunos casos las cifras facturadas responden a millones de pesos– y, de esta manera, se disminuía ilícitamente la base del cálculo de los impuestos. Ambos estudios colocaban como domicilios de las empresas en formación lugares inexistentes o que correspondían a predios abandonados o que no guardaban relación alguna con la actividad empresarial (por ejemplo, un cuartel, un liceo o una escuela). Es decir, los dos estudios no creaban sociedades de las cuales se desentendían, sino que brindaban ellos los testaferros, los domicilios de los mismos y las certificaciones falsas para que los compradores estuviesen en condiciones de evadir, señala un documento de la DGI presentado ante la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard.
Por el caso ya fueron remitidas a la cárcel dos propietarios de estudios jurídicos por un delito continuado de defraudación tributaria y otras dos personas fueron procesadas sin prisión en calidad de coautores del mismo delito.
AMPLÍAN DENUNCIA POR NEGOCIOS
CON VENEZUELA
(EL PAÍS – EL OBSERVADOR)
El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que ampliará la denuncia presentada ante el juzgado de Crimen Organizado por eventuales irregularidades en los negocios entre Ancap y la petrolera venezolana Pdvsa. Los partidos Nacional e Independiente analizan hacer otro tanto para conocer la autenticidad de correos electrónicos supuestamente intercambiados entre quien fuera jefe de la Inteligencia venezolana, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, y la presidenta de la petrolera caribeña, Edmée Betancourt.
El portal argentino Apertura 24 publicó esta semana un artículo que contiene un supuesto correo electrónico de Rodríguez a Betancourt en el que aquel informa de una conversación mantenida por él y el entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic, en la que el actual vicepresidente le comunicó que una operación para cancelar anticipadamente una deuda de Ancap con Pdvsa no se podría hacer con el banco venezolano Bandes porque pidió “una comisión exorbitante” y que había presiones para volver a trabajar con Exor.
Exor es una firma paraguaya contratada para- intermediar en la operación y que había diseñado la ingeniería financiera necesaria para hacerlo, pero que luego fue desplazada por el Bandes a pedido del gobierno venezolano, lo que generó una demanda de Exor contra Ancap por U$S 20 millones. Ancap había generado una deuda con Pdvsa de U$S 700 millones por compras de petróleo en el marco de un acuerdo por el que pagaba el 75% del valor de cada embarque en 90 días y el 25% restante a 15 años. Según uno de los mails en cuestión, Sendic dijo a Rodríguez que políticamente él no podía “ir ahora a decir qué se hacía con Exor u otro”, porque eso le traería consecuencias y no iba a hipotecar su futuro político en una operación que tiene que mandar el dinero a Bahamas con intermediarios y que al final no sabía “a quién le iba a quedar una p… comisión, pero que a él no era”. Bordaberry dijo al diario El Observador que tiene pronto un escrito para presentar ante la Justicia de Crimen Organizado para que se investigue la veracidad de los correos electrónicos.