Con el propósito de comparecer bajo el lema “Por la salud de la Caja” en las elecciones de la Caja de Profesionales Universitarios que se llevará a cabo el 14 de junio, se creó el bloque Coordinadora Interprofesional, integrada por profesionales con amplia trayectoria gremial que integran Federación Médica del Interior (FEMI), Federación Odontológica del Interior (FODI), Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Asociación Odontológica del Uruguay (AOU), médicos integrantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) nucleados en la agrupación Gremialismo Auténtico o independientes y abogados de Montevideo y del Interior del país, entre quienes se cuenta el presidente del Colegio de Abogados de Salto, doctor Joaquín Silva.
Indicaron que el conglomerado de profesionales se formó por la preocupación común de los graves problemas que afronta la Caja de Profesionales Universitarios, cuyos números dejan en claro la necesidad de ordenar su gestión con un criterio eficiente y transparente, basado en la racionalidad de las decisiones y de su ejecución.
Mencionaron entre otros aspectos la deuda por morosidad del orden de los 700 millones de dólares, déficits operativos crecientes: 61 millones de pesos en 2014 y 262 millones de pesos en 2015, con un superávit en los resultados consolidados correspondientes a 2014 de $1.023.003.663 y en 2015 de 1.310.336.986. También los recortes de los beneficios como adicional de la tasa de reemplazo, compensación de gastos de salud, complemento de gastos de salud y compensación especial de fin de año.
“Somos plenamente conscientes de que la caja tiene un problema severo de gestión por el actual directorio y que la solución no debería pasar por el aumento de los fictos que deben aportar sus afiliados, como tampoco por recortar beneficios a los pasivos, ni a mediano ni a largo plazo”, expresó el doctor Gonzalo Deleón Lagurara, representante de FEMI y quien encabeza la lista 6.
Desde el SAQ, el doctor Gerardo López Secchi indicó que tanto él como su colegas integran esta propuesta, porque “cuando nos jubilemos, no queremos que nos bajen del 60 al 50% la tasa de reemplazo, ni perder el complemento de salud ($1.668 para cuota mutual que se mantuvo como derecho adquirido luego de que todos los jubilados entraran en el Fonasa), ni perder el adicional del complemento de salud ($735 para medicamentos), ni perder los incentivos de fin de año (aguinaldos)”.
“No queremos una Caja que ajuste sus balances con recortes de beneficios cuando en 2015 tuvo un superávit de $1.310.000.000 y que tiene una deuda para cobrar con los morosos de U$S 700 millones en cambio de mejorar la gestión recortan beneficios y despiden a un gerente que ganaba $100.000 y toma a otro por $539.000”, expresó López Secchi.
Entre otros puntos, proponen estudio de modificaciones a realizar a la ley 17.738 que permitan una viabilidad sostenida en el mediano y largo plazo contemplando los intereses de los afiliados tanto pasivos como activos. Incrementar los controles de manera de generar más ingresos (declaraciones de no ejercicio, timbres profesionales, etcétera), impulsar una gestión austera, moderna y eficiente que permita superar la delicada situación que vive actualmente la Caja, rechazar la absorción de la caja por el BPS, impulsar una gestión transparente de los distintos órganos de la Caja y de sus cargos gerenciales, difundiendo los distintos aspectos de su gestión para que los socios sepan cómo se utiliza el dinero de sus aportes.
Asimismo, revisar a la baja las remuneraciones de los directores y gerentes de la Caja para adecuarlos con la realidad de dicha institución y del país en general, además de apoyar la reforma del Fondo de Solidaridad y la derogación del adicional, que deberán ser desvinculados de la gestión de la Caja como agente de retención ya que contribuye a aumentar la morosidad y genera gastos administrativos. Paralelamente, establecer un plan de recuperación de adeudos que permita a la Caja bajar la morosidad y al afiliado, restablecer su vínculo con la institución regularizando su situación. Mejorar las condiciones de los convenios con los profesionales que tengan voluntad de pago, pero al mismo tiempo se deberá ejecutar a los deudores contumaces, entre otros puntos.
