A través del aporte de los trabajadores, las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales) cuentan con un monto de 14.735 millones de dólares –equivalente al 22% del PBI– que se volcarán al pago de las prestaciones de los afiliados al término de su vida activa, con una rentabilidad histórica del 10,47% en dólares. Este volumen multiplica los propios aportes por el margen de rentabilidad e inversiones que tienen los organismos referidos a través de sus inversiones, con una serie de ventajas que incluyen la posibilidad de generar inversiones en aras de reciclar riqueza en la economía.
Así lo indicaron a EL TELEGRA-FO Diego Moles, gerente regional de República AFAP, Jimena Pardo, vicepresidenta, y Marcos Lima, encargado regional, quienes a su vez señalaron que la AFAP que dirigen es la que tiene la mayor participación tanto en número de afiliados como en depósitos dentro del sistema de las administradoras de fondos previsionales.
Subrayaron las grandes ventajas que a su juicio tiene el sistema para los trabajadores, al asegurarles recibir sus propios ahorros en el futuro, teniendo en cuenta que los fondos no solo se devuelven en la prestación, sino que además en ningún caso se pierden, porque se pueden recuperar por el afiliado aún sin tener los 30 años de trabajo y en caso de deceso, pasan a sucesión.
En 20 años de existencia –subrayaron–, las AFAP han volcado 2.746 millones de dólares para financiar emprendimientos en diversas áreas, así como financiar parte del déficit fiscal del gobierno nacional a través de instrumentos financieros, en todos los casos con las garantías correspondientes a efectos de dar respaldo a los depósitos de los trabajadores, de forma de asegurar la disponibilidad y la rentabilidad correspondiente para el momento en que deben devolverse a través de las pasividades por la cuenta individual.
Trajeron asimismo a colación que la Ley 16.713 previó la existencia de una AFAP de capitales estatales, la que es precisamente la República AFAP, como condición previa a que se integraran las administradoras propiedad del sector privado, que en su conjunto reúnen aproximadamente la mitad de los afiliados del sector, en tanto la República AFAP capta la otra mitad.
Observaron que debido a que su creación se concretó hace 20 años, no se ha llegado todavía al mínimo de 30 años de trabajo de los afiliados que prevé la normativa vigente, pero se han otorgado ya 6.173 jubilaciones comunes, 6.613 por incapacidad total, 4.082 por subsidio transitorio por incapacidad parcial y 5.348 pensiones de sobrevivencia. A ello se agregan 629 jubilaciones por AFAP al cumplir el afiliado la edad de 65 años y se han pagado 1.036 sucesorios pagos, lo que configura en este período una devolución a los beneficiarios de casi 10 millones de dólares.
Los directivos se encuentran en gira por todo el país, con el objetivo de aportar temas de actualidad y atender consultas, así como apoyar la tarea de los representantes departamentales, habida cuenta de que República AFAP es la única que tiene una sucursal en cada capital departamental.
LA SITUACIÓN DE “CINCUENTONES”
En referencia a los cuestionamientos del grupo denominado “cincuentones”, que aseguran que sus pasividades serían superiores si hubieran permanecido en el sistema previsional del BPS, aclararon que “primero, no son todos los cincuentones afectados los comprendidos en esta situación, y de esas 200.000 personas de entre 51 y 59 años, 170.000 están igual o mejor con el sistema mixto que con el régimen anterior. Solamente, son 30.000 de ellas, que se están comparando con un régimen anterior, que es el régimen de transición que a ellos no les corresponde por la edad que tienen, que percibirían una jubilación un poco mayor en ese régimen”.
Recordaron que en 1996 se reformó, por problemas financieros, el sistema previsional y se ajustaron las condiciones para acogerse a los beneficios jubilatorios, uno de los cuales es el régimen de transición para aquellas personas mayores de 40 años en abril de 1996, que es distinto al régimen mixto que correspondía a todos los menores de 40 años a esa fecha.
“La única diferencia entre lo que hoy aplica el BPS en el régimen mixto y el régimen de transición, que es el anterior, es el tope de jubilación, que es un poco mayor en el régimen anterior. Estos 30.000 se verían beneficiados de la ley que piden, que les implica desafiliarse de las AFAP y volver al régimen anterior, porque se trata de las personas de más altas remuneraciones que alcanzarían ese tope”, precisaron.
Subrayaron que si se aprueba esta reforma, República AFAP no se vería afectada, pues el sistema tiene más de 1,36 millones de afiliados, con 40.000 nuevos al año pasado, por lo que no cambiaría la operativa. Señalaron que, asimismo, de aprobarse la reforma, el costo no será pagado por las AFAP, sino que saldría del Estado uruguayo. Acotaron que para atender estos 30.000 afiliados, que son los de mayores remuneraciones, “el costo de esa reforma es de unos 2.600 millones de dólares, al pagarles una jubilación algo mayor, adicionales a los ahorros que estas personas tienen en las AFAP, que pasarían al BPS”.
“Estos ahorros que tienen en las AFAP que pasarían al BPS alcanzaría para pagarles diez años de ese costo incremental, pero por lo que dice el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Uruguay un hombre a los 60 vive unos 19 años más, y una mujer 24 años más, y después dejan pensión. Por lo tanto, esta es una reforma que no tiene financiación para toda la vida, sino que es para un menor período. En esta franja etaria además tenemos personas de 59 pero también de 51, y cuando ellas lleguen a jubilarse ante la eventualidad de un cambio jurídico que lo habilite, ese fondo ya casi no va a existir. Por lo tanto, decimos que para atender a estas personas hay que poner 2.600 millones de dólares de las arcas públicas, desviándolos de otros compromisos”, puntualizaron.
