(EL PAIS)
Las delegaciones avanzan en las negociaciones, pero desde el Poder Ejecutivo explicaron que se ha retrasado “un poco” –según la expresión utilizada por una de las fuentes– la firma del memorándum de entendimiento para la inversión. Si bien el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo el mes pasado que a principios de julio estaría estampada la firma para confirmar la instalación de la segunda planta de celulosa, las autoridades del gobierno ahora estiman que el acuerdo será sellado antes del 31 de julio.
“La empresa pretende tener determinados seguros lógicos, pero también el gobierno uruguayo tiene la responsabilidad de tener seguros para poder avanzar en el emprendimiento”, dijo el presidente Vázquez el lunes en el Consejo de Ministros. El mandatario aclaró que por más beneficiosa que sea la inversión para el país, no se puede hacer de cualquier forma. “No es que se puede hacer de cualquier manera un emprendimiento tan importante. Si nos habíamos planteado el plazo de un año, estar en un año y dos días no hace la diferencia”, agregó.
El País consultó a jerarcas e integrantes de ambas delegaciones que participan en la negociación. Los informantes solicitaron no hacer declaraciones públicas ya que hay un contrato de confidencialidad firmado. Pero explicaron que una de las principales diferencias está en la exigencia de garantía de parte de UPM al gobierno de Vázquez. Otra de las trancas está en la forma en que el Estado uruguayo financiará la reforma del sistema ferroviario. Si bien hay muchas empresas interesadas en hacer las nuevas obras, los inversores exigen una garantía soberana para efectuar la inversión.
Sin embargo, el Ministerio de Economía no quiere recurrir a ese sistema para evitar un posible impacto en las cuentas fiscales, en tanto el Ejecutivo decidió utilizar excedentes del fondo de estabilización energética para financiar parte de las inversiones necesarias. Aún falta confirmar el punto concreto de instalación de la planta, que si bien la empresa y el gobierno ya lo tienen definido, aún no se ha informado.
AFAP CRITICAN SALIDA PARA CINCUENTONES
(EL PAIS)
La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) consideró que la alternativa encontrada por el gobierno para los denominados cincuentones no es la más adecuada dado que el Banco de Previsión Social (BPS) no tiene los recursos ni la experiencia para instrumentar un fideicomiso.
Es que el Poder Ejecutivo creará un fideicomiso que dependerá del BPS para administrar los fondos de los cincuentones que opten pasar de las AFAP al régimen de reparto del ente previsional. El presidente de la Asociación Nacional de AFAP, Sebastián Peaguda, dijo al semanario Crónicas que “hacer un fideicomiso para administrar el dinero y que eso se rentabilice y luego se paguen las jubilaciones de ahí, se llama crear una AFAP”.
Al ser consultado por El País sobre el tema, el ejecutivo sostuvo que el BPS requerirá de “toda una creación paralela, parecida en el fondo al espíritu de la AFAP que es un inversor institucional con trayectoria” en la materia. Peaguda aseguró que “la figura del fideicomiso no es muy diferente a estar asociado a una AFAP”. Agregó que la lógica de crear un fideicomiso es la misma que la que poseen las administradoras previsionales y que su actividad es regulada por el Banco Central del Uruguay (BCU).
INTENDENTES IRRITADOS POR LOTEO DE PREDIOS
(EL PAIS)
Un intercambio de correos electrónicos entre técnicos del Congreso de Intendentes refleja la preocupación de las intendencias de todos los sectores políticos sobre un proyecto de ley del gobierno referido a directrices nacionales de ordenamiento territorial. Los jefes comunales consideran que esa iniciativa, que ya fue sancionada en la Cámara de Diputados, lesiona la autonomía municipal al considerar que las autorizaciones de fraccionamientos de terrenos o de áreas suburbanas son potestad de las intendencias.
También entienden que las comunas diseñaron y aprobaron planes locales que establecen qué áreas serán destinadas a industrias, residenciales y comerciales y advierten que la retroactividad del proyecto gubernamental puede derogar normas departamentales sobre el uso del territorio. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo a El País que los jefes comunales tienen “rotundas discrepancias” con el texto de directrices nacionales de ordenamiento territorial.
“Aparentemente en el Senado se votará tal como viene de la Cámara de Diputados. Si eso es así, va a haber reacciones de los gobiernos departamentales. Entablaremos acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley”, advirtió Moreira. El 26 de junio de este año, en una sesión del Congreso de Intendentes realizada en Nueva Helvecia, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (Frente Amplio) señaló que coincidía sobre que se debía advertir al gobierno que los jefes comunales estaban en desacuerdo con el proyecto de ley de directrices de ordenamiento territorial. “Creo que no es conveniente plantear que vamos por la inconstitucionalidad. Acá hay algo más serio, o por lo menos desde el punto de vista conceptual tiene que ver con jurisdicción y soberanía departamental”, señaló Orsi. Además agregó: “Estoy dispuesto como parte del equipo que trabajó en esto a decir que seguimos preocupados y no estamos de acuerdo en cómo viene la mano”.
El intendente de San José, José Luis Falero, señaló que si el Senado aprobara el proyecto de ley, los intendentes debían tomar la iniciativa de ya pensar en la inconstitucionalidad de esa ley. Falero recordó una gestión realizada por el presidente del Congreso de Intendentes, Daniel Martínez, frente al gobierno con la intención de que se detuviera el tratamiento del tema en el Senado. Sin embargo, la gestión no dio resultados.
El Congreso de Intendentes transmitió su preocupación a la ministra de Ordenamiento Territorial, Eneida de León, sobre el contenido y sobre la forma de tratamiento del proyecto de Directrices de Ordenamiento Territorial y la de Ordenamiento Costero, en trámite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes respectivamente.
Gobierno busca cerrar la negociación con UPM antes de fin de mes; trancan exigencia de garantía y sistema ferroviario
