Desde fines de 2015, cuando se alcanzó el más significativo acuerdo mundial para abordar el cambio climático, distintos países han venido adecuando legislaciones y estrategias, así como orientando esfuerzos para la adaptación a las variaciones del clima.
Uruguay forma parte del grupo de más de 200 países que participaron en el Acuerdo de París, que nuestra nación ratificó en octubre de 2016. Dicho acuerdo, realizado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, busca mantener el aumento de la temperatura promedio por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para limitar ese incremento a 1,5°C con respecto a los niveles de la época preindustrial, así como aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.
Si la pregunta es por qué el tema importa, la respuesta es que aunque contribuimos realmente muy poco a la emisión de gases de efecto invernadero, sufrimos el impacto del cambio climático en forma cotidiana en nuestras vidas.
Si la pregunta es qué está haciendo Uruguay en esta materia, la respuesta es que se está trabajando en ello y posiblemente seamos uno de los primeros países en formular y presentar su contribución luego de la entrada en vigor del Acuerdo de París.
Dicho acuerdo exige que todos los países parte establezcan metas y acciones nacionalmente determinadas para enfrentar al desafío del cambio climático, de acuerdo con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y con la mayor ambición posible; para ello cada país debe presentar cada cinco años un documento denominado Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN) por medio del que informa a la comunidad internacional de lo que realizará en mitigación y adaptación.
A su vez, durante el año pasado Uruguay elaboró su Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), adoptada en abril de este año por el Gabinete Nacional Ambiental y realizada en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (SNRCC), a través de un amplio proceso participativo interinstitucional e interdisciplinario, que contó con la intervención de casi 300 actores representantes de casi 100 instituciones de distintos ámbitos y sectores de la sociedad uruguaya.
Para decirlo claramente: somos altamente vulnerables al cambio climático. En los últimos años nuestro país ha sufrido los efectos del cambio climático, con expresiones claras en fenómenos bastante más extremos de lo habitual, como turbonadas, granizadas, lluvias intensas e inundaciones que generan problemas a las personas y las actividades productivas, económicas y sociales.
A nivel público existen ámbitos de coordinación entre las instituciones para la gestión de riesgo de desastres en Uruguay, como el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) creado en 2009 con la finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de fenómenos adversos que deriven, o puedan derivar, en situaciones de emergencia o desastres.
Además, instituciones públicas como las intendencias, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad, entre otros, han desarrollado protocolos de actuación ante situaciones de riesgo climático, con especial atención en alertas naranja y roja, aunque no siempre son eficaces y pueden ser mejorados.
La sociedad civil, a través de sus diferentes organizaciones, ha tenido distintas oportunidades de participar en espacios de discusión y apoyo durante eventos climáticos ocurridos.
Ahora, los ciudadanos tienen también la posibilidad de incidir directamente participando en una consulta pública para discutir la primera contribución determinada a nivel nacional de cambio climático, sobre las políticas a llevar adelante entre 2020 y 2025, que involucran aspectos de vivienda, salud, riesgo de desastre, ciudades, infraestructura, biodiversidad, ecosistemas, costas, recursos hídricos, agropecuarios, energía, turismo y servicios climáticos.
Hasta el 24 de setiembre de 2017 se desarrollará la consulta pública y una vez finalizada esta etapa, el documento será retomado por el grupo de trabajo para su revisión y se elevará a consideración final del grupo de coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y del Gabinete Nacional Ambiental para su posterior aprobación definitiva por el Poder Ejecutivo, previo a su envío a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Descarbonización de la economía, energías renovables, disposición final de residuos con captura de metano, cuidado del bosque nativo, protección de suelos, ampliación de la forestación y mejora de procesos ganaderos constituyen parte de la estrategia para la mitigación de gases de efecto invernadero.
El documento sometido a consulta ciudadana también establece metas globales de reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero específicamente en el caso la producción de carne, y metas específicas de mantenimiento de stocks de carbono en el bosque nativo, cultivos forestales, bosque de abrigo y sombra y sistemas silvopastoriles y del carbono orgánico del suelo en pastizales, turberas y suelos agrícolas.
Otro aspecto fundamental es aumentar el conocimiento sobre el cambio climático en el país, fortalecer la educación y comunicación de los temas a toda la ciudadanía, puesto que es algo que llegó para quedarse y tiene impactos de distinta magnitud en nuestra vida diaria en cuestiones tan disímiles como los destrozos de un tornado o el precio del pan por citar dos ejemplos. En particular, es necesario seguir trabajando para incorporar el enfoque de la gestión de riesgo en las dinámicas cotidianas, brindar a la población la posibilidad de tomar decisiones informadas y mejorar los aspectos comunicacionales de la gestión del riesgo de forma de anticiparse y tomar decisiones informadas que permitan sentirnos y estar más seguros. Ocuparse del asunto no solo a nivel gubernamental sino ciudadano es parte de una buena estrategia de mitigación y resiliencia.