Soluciones, pero sin bomba de tiempo

Tras la postura inamovible del presidente Tabaré Vázquez en cuanto a no modificar el proyecto surgido en el Frente Amplio para contemplar la situación de una franja aportantes cincuentones que se considera perjudicada en el haber que percibirán debido a un resquicio legal no previsto en la reforma constitucional que aprobó la incorporación de las AFAP al sistema previsional junto al BPS, los legisladores que responden al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunciaron que no votarán la iniciativa.
“El gobierno mandó un proyecto al Legislativo que lo estudió con los números que teníamos en su momento y ese es el proyecto de gobierno. Nosotros no vamos a mandar ninguna modificación”, dijo Vázquez en rueda de prensa antes del Consejo de Ministros abierto que se desarrolló en la localidad de Pirarajá, en Lavalleja.
Los cincuentones son aquellas personas que tenían menos de 40 años en abril de 1996 y fueron obligados, por ley, a pasarse al régimen mixto de seguridad social, sin que se le reconocieran totalmente los aportes realizados previamente. Por lo tanto, en las condiciones actuales se jubilarían cobrando montos menores que los que les corresponderían.
En las últimas horas se supo que Asamblea Uruguay, sector que lidera Astori, resolvió votar negativamente el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para solucionar la situación de ese grupo de afiliados. Los legisladores dijeron luego de “reconocer el legítimo derecho de los cincuentones en defensa de sus intereses”, que no votarán la iniciativa y buscarán “junto a otros compañeros alternativas que mejoren el impacto social, especialmente desde la perspectiva de la equidad”.
En una reunión previa con legisladores del Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista), Astori había dejado en claro que tal como está planteado el proyecto de ley de cincuentones era “una carga muy pesada” desde el punto de vista fiscal. Incluso se maneja que puede poner en riesgo el grado inversor logrado por Uruguay, debido al alto impacto de este costo en las finanzas públicas.
Es que según los cálculos del Ministerio de Economía, aprobar la ley tiene un costo de U$S 3.700 millones –a lo largo de varios años– y no de 2.500 como sostenía el Banco de Previsión Social (BPS) en una primera instancia, lo que representa un impacto sensiblemente mayor que el que maneja el organismo previsional.
Debe tenerse presente que desde un inicio Astori puso reparos al proyecto de ley que fue impulsado en el Poder Ejecutivo por el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, y que cuenta con el respaldo del presidente Vázquez.
En realidad, el eje central de la “solución” para el grupo de cincuentones afectados, responde más a una concepción político-ideológica que a un análisis concienzudo y viable de la salida a este atolladero legal, porque desde un principio el Partido Comunista, el propio Murro y otros sectores radicales, se han opuesto a la existencia de las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP), porque entienden que el único organismo previsional debe estar en manos del Estado, el BPS, y manejar todo el esquema con un sentido solidario intergeneracional, es decir que los que están trabajando paguen las pasividades de los que ya han cesado en su vida activa y así sucesivamente. Y a estos sectores los costos los tienen sin reparos, porque el objetivo mayor el liquidar las AFAP, aún a costa de fundir el país, si es necesario.
Pero sobre todo, la idea de los impulsores en el corto plazo es echar mano al ahorro que tienen los cincuentones ya depositados en las AFAP, y trasladarlos masivamente al BPS, para llegado el momento de jubilarlos contar con estos fondos para pagar las prestaciones, por lo menos al principio.
Y ese es el punto, que lo que se pretende manotear a las AFAP no alcanza para financiar el costo de la erogación que durante determinado período insumirá el pago de las prestaciones, en tanto el resto deberá salir de Rentas Generales, es decir del aporte de cada uno de los uruguayos a través de su trabajo, del pago de impuestos, de cargas sociales, y eventualmente, requiriendo un incremento de dos o tres puntos del IVA llegado el momento de afrontar estos compromisos. Pero como es sabido, la piola tiene un límite, y después, se corta.
Por lo tanto, aún teniendo en cuenta que debe buscarse reparar un perjuicio que es notorio para las personas que quedaron atrapadas en este período de transición, lo que no debe hacerse es pegarse un tiro en el pie, es decir comprometer a todo el sistema por razones ideológicas, con un golpe por elevación contra las AFAP, porque estas son más la solución que el problema.
Hay alternativas razonables que deben evaluarse antes de dar este paso de disponer alegremente de miles de millones de dólares, sobre todo cuando el sistema previsional uruguayo tiene una relación activo-pasivo que dista de acercarse siquiera a la ideal para que el sistema sea autofinanciable.
En el menú de opciones de modificaciones se maneja la posibilidad de que las personas puedan optar por cambiarse de las AFAP al BPS al momento de jubilarse o modificar los aportes previos a 1996 –fecha de la reforma– tomando como si el sistema mixto hubiera existido desde el comienzo de la vida laboral de cada individuo.
Es decir, que el propio interesado, llegado el momento, opte por el sistema que más le conviene, en lugar de hacer una transferencia masiva de todos los que se encuentran en esta disyuntiva, porque las situaciones no son todas iguales, y de acuerdo a estudios calificados son solo una parte de los cincuentones los realmente perjudicados por este vacío legal de la reforma.
De esta manera, en lugar de arrasar con las AFAP, como pretende hacerlo en primera línea el Partido Comunista y otros sectores de la izquierda radical, se debería actuar ponderando la justicia y la prudencia en el gasto, sin comprometer el futuro del país, porque con semejantes montos a pagar por los uruguayos en un futuro cercano, lo que se hace es activar una bomba de tiempo que explotará más temprano que tarde, desatando una crisis de imprevisibles consecuencias, cuando llegue la hora de tener que pagar la fiesta.