Las explicaciones fuera de lugar sobre la inseguridad ciudadana

A inicios de la década de 2000 comenzaron a conocerse algunos nombres vinculados a grupos de delincuentes organizados que, hasta el día de hoy, siguen siendo notorios en las crónicas policiales.

Eran conocidos rapiñeros que pasaron a liderar bandas criminales bajo la mirada de las sucesivas autoridades. Comenzaron reclutando entre 20 y 30 personas, hasta conformar verdaderas estructuras que incluso atraen a vecinos de los barrios más conflictivos mediante la compra de su complicidad y la imposición del miedo sobre una amplia zona de influencia.
El mes pasado se cumplieron diez años de la muerte del exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, quien un lustro antes había acuñado el concepto de “feudalización” de la criminalidad para alertar sobre el recrudecimiento de un fenómeno que se gestaba bajo una organización nunca antes vista en el país. Inspiradas en las maras de El Salvador o en el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, estas organizaciones comenzaron a extender sus tentáculos y a comprar voluntades de todo tipo. Solo era cuestión de tiempo para que la realidad lo confirmara.

En el medio, siempre estuvo el discurso político, que tironeó de la realidad para explicarla según su conveniencia. Y, por entonces, con el surgimiento de las redes sociales, la cancha se embarró aún más.
A veces conviene hacer un poco de historia, porque da la impresión de que las discusiones sobre la inseguridad ciudadana comenzaron durante uno o dos períodos de gobierno. En realidad, el fenómeno empezó a crecer mucho antes y se consolidó con el tiempo, alimentado por la marginalidad y la exclusión.

A medida que crecían los asentamientos —particularmente en Montevideo y el área metropolitana— también aumentaba el delito, al amparo de discursos que intentaban explicar el fenómeno, aunque con respuestas limitadas. Mientras las autoridades suponían que el problema permanecería acotado a determinados territorios, ocurría exactamente lo contrario: se expandía hacia otras zonas, creaba nuevas redes y perfeccionaba su capacidad de inteligencia.

Incluso ampliaba los giros del “negocio”. A las transacciones de drogas se sumaban la venta y el alquiler de armas, el sicariato y los asesinatos para dirimir disputas y defender cada territorio.

Hasta el día de hoy persiste el discurso de desarmar a la población y controlar a las armerías, cuando resulta evidente que, desde hace más de dos décadas, los negocios clandestinos funcionan con una fluidez mucho mayor de la que realmente se conoce.
Mientras la delincuencia mejora su poder de fuego, perfecciona su inteligencia y desarrolla nuevas formas de manejar las finanzas para el lavado de activos y el pago de insumos, la legislación limita los montos para los pagos en efectivo de la población en general.

Hace veinte años había poco más de 7.000 personas privadas de libertad en el país. Hoy, el sistema penitenciario uruguayo alberga cerca de 18.000 presos y otras 10.000 personas cumplen medidas sustitutivas. Sin embargo, una mayor prisionización no se traduce necesariamente en una mayor sensación de seguridad ciudadana.
La última estadística contabilizó 195 homicidios durante el primer semestre de 2026. Se trata de un aumento del 6,6 % respecto al mismo período del año pasado y, al menos, un tercio de esos asesinatos está directamente vinculado al tráfico y microtráfico de drogas.
Mientras descendieron los delitos contra la propiedad, como hurtos y rapiñas, aumentaron los crímenes relacionados con las armas de fuego y los ajustes de cuentas. El resultado amerita otra lectura, porque hechos de alto impacto, como el quíntuple homicidio y los ataques atribuidos a clanes familiares, han ocupado los titulares durante semanas.
Luego de un periplo de explicaciones confusas, el viernes comenzó el patrullaje policial con vehículos militares blindados, cedidos por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en los territorios, rastrear las cadenas de venganza que asolan algunos barrios de la capital y frenar el avance de las bandas criminales.
Durante todo este tiempo se han desperdiciado energías en un debate —a esta altura, estéril— entre el endurecimiento de la represión y la atención de los problemas sociales de fondo.
Como sea, las distintas autoridades han reiterado que la Policía, por sí sola, no puede resolver las carencias de los barrios vulnerables donde operan estas organizaciones. Lo cierto es que el poder de los clanes familiares en las zonas urbanas sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad pública del país.
Y Uruguay no constituye un caso aislado. El narcotráfico en América Latina ha demostrado su capacidad para debilitar las instituciones y generar violencia extrema. Mientras los países reforman sus legislaciones y reabren viejos debates sobre un mismo fenómeno, la producción récord de cocaína, la complicidad financiera global y la creciente capacidad de los cárteles para atravesar fronteras continúan expandiendo su influencia.
Mientras persista la distracción, miles de millones de dólares seguirán infiltrándose en los mercados formales y transformando el posicionamiento de los países dentro del mapa del crimen organizado.
Uruguay es un ejemplo de esa transformación. Pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro de acopio. Dejó de ser una ruta secundaria para funcionar como una base logística y de almacenamiento de cargamentos que luego parten con destino a Europa.
Hacia adentro, la historia es conocida. Mientras se mantenga un elevado consumo de pasta base, cocaína y otras drogas sintéticas por habitante, el crimen organizado seguirá demostrando su poder y opacando la capacidad de respuesta de las instituciones.
Eso es, precisamente, lo que quedó expuesto en las últimas semanas: un gobierno obligado a aclarar y explicar cada una de sus acciones frente a una vocinglería permanente, incluso dentro de su propia fuerza política.
Las debilidades históricas en los controles logísticos y portuarios, agravadas por la insuficiencia de escáneres, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema. A su vez, las discusiones sobre la falta de recursos para incorporar mejor tecnología contribuyen a sostener esa imagen de fragilidad.
Finalmente, el uso político de un problema que afecta a la mayoría de los uruguayos termina reduciendo el debate a un conflicto partidario, cuando debería abordarse como una auténtica política de Estado, sostenida en el tiempo y capaz de trascender a los gobiernos y a las próximas generaciones.