Sin aclarar

La oleada de robos a cajeros automáticos en Montevideo, zona metropolitana y ahora, también, en Paysandú confirman las estadísticas que se presentan por fuera de los datos oficiales. Y si a esto se suma la baja aclaración de los delitos, el panorama resulta llamativo y complejo.
O son delincuentes bastante más profesionales de lo que se cree, o no se tiene el alcance de aclaración en comparación con otras fuerzas. Es que las nuevas modalidades delictivas se instalan acorde a las tecnologías que se instrumentan para el uso de dinero en efectivo y los cajeros, así como los blindados o remeseros son protagonistas en esta historia que en general no se relata en su total dimensión.
Las autoridades del Ministerio del Interior insisten en el descenso de hurtos y rapiñas, si bien se reconoce un incremento en los homicidios y su tendencia al alza desde 2012. Sin embargo, cuando celebran la baja de algunos delitos, tampoco se conoce el índice de esclarecimiento de otros que resultan desequilibrantes en esa masa de números.
Algunos robos “de película” demuestran la impunidad con la que se desempeñan en un ámbito que parecen conocer de perillas, como el atraco al casino de Montevideo Shopping, en horas de la mañana, vestidos de mujer y en el momento justo en que se procede a contar el dinero. Se fugaron con 6 millones de pesos y armas de guerra, en dos vehículos que horas después aparecieron incendiados. O la organización demostrada –y reconocida por el ministro Eduardo Bonomi— por la banda que se llevó 7 millones de pesos de una remesa que transportaba una empresa de seguridad. Hasta el momento, no hay detenidos ni pistas por estos dos casos.
De hecho, el bajo nivel de aclaración lo puede comprobar cualquiera que lea las cifras publicadas en la web www.minterior.gub.uy, donde señala que hay 49,8% de homicidios no aclarados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017. Hasta podemos discurrir en las cuestiones de género, si solo mencionamos que el 81% son hombres asesinados y el 19% son mujeres. O que el mayor índice de homicidios se registra entre los 18 y 28 años. O que la mayoría de los asesinatos consumados corresponden a personas sin antecedentes penales (63%) y el 37% contaba con antecedentes, como para hacer boca con el argumento del cobro de cuentas entre bandas delincuentes. También se puede mencionar que la mayoría de los delitos de rapiña ocurrieron en fincas particulares con moradores (37%) y a comercios (37%), lo que define la modalidad del “trabajo” delincuencial.
El informe es tan completo que demuestra hasta las tendencias a largo plazo, donde resume la variación porcentual de los homicidios consumados por año. Allí establece que entre 1990 y 2017 (27 años) aumentó 37,4%, pero entre 2011 y 2017 (6 años) se incrementó 42,2%. Es decir, que las cifras oficiales son más claras que los discursos del oficialismo.
Porque los números descarnados aseguran que aumentaron los casos de homicidios, aunque no lo hicieron las denuncias y que tampoco descendieron las rapiñas, sino que bajaron las denuncias. Lo cierto es que el país del FBI vernáculo, padece 8,1 homicidios cada 100.000 habitantes y es la cifra más alta dese 1989, a partir de la sistematización de datos. Entonces, queda claro que los delitos violentos no bajan como consecuencia de 7 años de gestión de Bonomi al frente de Interior, sino que se acrecientan. Los diagnósticos, que comienzan a ubicarse por fuera de la atención ciudadana, ya no tienen cabida porque el año 2018 empezó de igual manera que finalizó el 2017, es decir, con un homicidio por día. Paysandú pasó de 3 homicidios en 2015, a 7 en 2016 y 7 en 2017, en una tabla que encabeza Montevideo con 161, le sigue Canelones con 26, Maldonado con 16 y Rivera con 14.
Mientras el ministro se encuentra de licencia, se comprueban los datos del observatorio de criminalidad vinculado al Partido Colorado, Fundapro, que han sido reconocidos por el secretario de Estado. Allí resaltan cifras similares a las oficiales, donde se confirma que en la primera quincena de este mes hubo 11 homicidios criminales y dos justificados. En los últimos quince días, se constataron 20 homicidios y uno justificado, es decir, en legítima defensa o bajo un acto de servicio.
Más allá de los programas específicos que se lanzaron desde el ministerio, es posible deducir que la mejora “real” es, al menos, un argumento endeble ante la consolidación de los delitos violentos, siempre de acuerdo con los datos oficiales. Además, es clave la lectura política que adeudan las autoridades oficiales al momento de explicar que el 63% de las personas asesinadas no tenía antecedentes, por lo que “algo habrán hecho” no entra siquiera en el pensamiento. A menos que se tenga una mirada injusta con las víctimas y la persistente impunidad de las últimas semanas para los delincuentes.
Asimismo, es importante resaltar las cifras de personas muertas como consecuencia de las heridas recibidas y que en ocasiones no se muestran en la prensa, en tanto configuran un hecho criminal aunque posterior a la agresión, pero quedan fuera de las estadísticas.
Aunque las comparaciones resulten odiosas, en la ciudad de Nueva York viven 8,5 millones de personas, de acuerdo al último censo efectuado en 2016, por tanto es la ciudad más poblada del estado y la segunda con mayor concentración urbana después de Ciudad de México. Según los datos brindados a comienzos de enero, se registraron 290 asesinatos en 2017, con un descenso en los arrestos y estas cifras son las más bajas desde 1951, cuando comenzaron a llevarse los registros sistemáticos. El alcalde Bill de Blasio asegura que se debe a un mayor enfoque en las redadas, con un perfil comunitario.
En Uruguay, según datos de abril 2017, el ministerio del Interior tiene 31.000 personas en su plantilla, de las cuales 3.800 pertenecen al Instituto Nacional de Rehabilitación y 21.000 policías cumplen funciones en la vía pública. En Nueva York, se superó la cifra de 53.000 funcionarios entre 1990 y 2000 y resultó el mayor aumento en una década para una ciudad con más de 250.000 habitantes, sin embargo, los efectivos salieron a las calles con sistemas computarizados, es decir, una tecnología que supera con creces al perfil de delincuentes que deben enfrentar. Porque, si lo traemos a nuestra realidad, en ocasiones sucede a la inversa.