La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) o Junta Anticorrupción, fue creada por ley el 23 de diciembre de 1998, bajo el nombre de Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. Con las sucesivas legislaciones se ubicó el organismo bajo la superintendencia del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, al tiempo que una iniciativa posterior le otorgó independencia técnica, hasta que por una nueva ley en 2008 pasó a la actual denominación.
Y la Junta Anticorrupción permaneció allí, a un costado del quehacer político durante años, sin mayor visibilidad. Con la asunción de su actual titular, Ricardo Gil Iribarne, la Jutep comenzó a ganarse un lugar y dejó en claro sus potestades, a pesar de carecer de una estructura. Si bien Uruguay se encuentra mejor posicionado en materia de corrupción en comparación con otros países de la región, el tema preocupa a sus ciudadanos y se ha transformado en un asunto central. Ahora como nunca antes se habla del nepotismo y la ubicación de familiares en cargos de confianza, cuando es un ejercicio que atravesó a prácticamente todas las administraciones y la mayoría giraba el cuello para otro lado. Pero ahora, como no ocurrió antes, cualquier situación que bordea la corrupción –como el uso de las tarjetas corporativas– puede bajar a un vicepresidente de la República y provocar que su fuerza política se desmarque, como si fuera la peste.
Paralelamente, la Jutep debe ocuparse de las declaraciones juradas de 55.000 funcionarios, que nadie mira porque permanecen guardadas en los estantes. Sin embargo, de un total de 17 funcionarios que dependen de la Junta, hay seis para esta tarea específica y lo hacen sin un peso más de presupuesto, luego de la última Rendición de Cuentas. No cuentan con técnicos especializados ni contadores y el asesor letrado trabaja por un pase en comisión. Los datos correspondientes a las declaraciones juradas se conocen primero en los diarios de tirada nacional antes que en una web propia, que no existe. Así trabaja el “anticuerpo” del Estado que debería lograr otros recursos para continuar con su labor y ser los ojos ciudadanos puestos en el comportamiento de sus servidores públicos.
Sin embargo, las presiones mediáticas y el poder de las redes sociales, sirvieron para cimentar un reclamo contra el histórico acomodo, cuya mecha terminó por encender el exvicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, quien había designado a su nuera como secretaria. La difusión del contrato de la joven de 18 años que iba a ganar $57.000 por mes, resultó en un tiro por elevación para todo el espectro político que ahora pretende dotar de transparencia algunos llamados y gestiones. Ni el escandaloso manipuleo de las ambulancias de Artigas, ni los millonarios contratos del Maciel, ni un sinfín de denuncias de grueso calibre, lograron mover un pelo del presidente Vázquez, hasta que las redes sociales hicieron su trabajo cuando se hizo pública la situación de la nuera del vicepresidente de ASSE. Una tendencia que ya se veía venir tras la caída del exvicepresidente Raúl Sendic, no por los 800 millones de dólares que dejo en pérdidas de Ancap, sino por un colchón y algunas compras más que hizo con la tarjeta corporativa que le había entregado el ente petrolero.
Ahora, el designado presidente de ASSE, Marcos Carámbula, anunció que tendrá un diálogo “fluido y constante” con la Jutep y pidió “asesoramiento” a su presidente, Ricardo Gil Iribarne. Algo que, ciertamente no hizo antes cuando era intendente de Canelones. Lo mismo le pasa al presidente Tabaré Vázquez, quien aguarda la opinión de la Jutep para cesar a su consuegro, integrante del cuerpo de guardaespaldas presidencial. Aunque Enrique Estévez integró ese mismo lugar durante la primera presidencia de Vázquez, el mandatario espera por una resolución. Y también ahora, a los referentes políticos consultados, como el presidente de la Mesa Nacional del Frente Amplio, Javier Miranda, les parece bien que el mandatario confíe en una respuesta de la Jutep. Se puede inferir que ASSE, hoy, es un hierro caliente y las evidencias que arrojó la Investigadora delatan un sinnúmero de irregularidades que se encuentran en el Juzgado de Crimen Organizado y, en algunos casos, tratarán de aclararse con auditorías. Sin embargo, la ética es un valor en sí mismo que se trae consigo, o no se trae y para eso no hay que consultar si es adecuado o inadecuado el nombramiento de un familiar o clientelismo.
Nadie controlaba el uso de las tarjetas corporativas, hasta que a alguien se le ocurrió poner el dedo en la llaga y se descubrieron usos personales y no institucionales. O sea, el sistema está débil y desprolijo, pero a muy pocos le importaba, hasta que la Jutep divulgó un comunicado que “exhorta” a los jerarcas a “corregir de inmediato” las situaciones de contrataciones de familiares. Además, se comprometió a seguir los casos detectados y otros nuevos, con “los pedidos de informes que entienda pertinentes y hará llegar a los responsables las recomendaciones que deriven del análisis de cada situación”. La Junta Anticorrupción anunció también, que informará a la población sobre los casos que no se corrijan y los fundamentos para esa decisión. Es decir que se conocerán nuevos detalles de las contrataciones del intendente de Artigas, Pablo Caram, o el de Maldonado, Enrique Antía, así como en otras intendencias que advierten la presencia de familiares de los jerarcas.
De acuerdo al documento emitido por la Jutep, “la información pública difundida indica que existen situaciones que violan las prohibiciones existentes y otras que sin estar expresamente prohibidas ‘exteriorizan la apariencia de violar las normas’ y generan fuerte malestar en la ciudadanía en tanto el ejercicio de la función pública aparece influenciado por el interés personal o privado”. Es decir, el viejo principio romano de ser honrado y parecerlo. Para esto, la Jutep quiere “ir más allá: hay conductas que sin estar explícitamente prohibidas agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben exigir la conducta de quienes ocupan cargos públicos” y, a manera de conclusión de su informe, pone por escrito el pensamiento de una mayoría que ahora observa a sus jerarquías preocupadas y ocupadas en transparentar las gestiones o sus propias imágenes, cuando eso debería ser un hecho implícito en cualquier servidor público. Pero la Jutep tuvo que asustarlos y correrlos por la izquierda para que reaccionaran, de lo contrario, todo seguiría como siempre.
El susto que les dio la Jutep y la necesidad de transparentar
