Entre sueños de pobrismo y hacer que crezca la riqueza

Hace tres años, más precisamente en marzo de 2015, a través de un comunicado, la Federación Rural transmitió al Poder Ejecutivo un planteo cuyo eje central apuntaba a que se generaran condiciones para mejorar su competitividad, comprometida en el agro –como en otros sectores del quehacer nacional– por altos costos internos y la caída en los precios internacionales de las materias primas.
En este caso, la Federación Rural exhortó a las autoridades de Ancap y UTE a que revieran el precio de las tarifas, porque seguían deteriorando la competitividad del sector.
El comunicado advertía que “ante la persistente baja del petróleo, y en plena época de cosecha y siembra, se exhorta a quienes tienen la responsabilidad de fijar los precios del gasoil, a rebajar nuevamente el precio del mismo, pero en cifras que reflejen la realidad del mercado internacional”.
Agregaba que “en un año en que los precios de los productos agropecuarios han sufrido un fuerte deterioro, una rebaja en el precio del gasoil significativa, ayudaría mucho a recuperar algo de competitividad y mantener la actividad del sector”.
“Asimismo, se exhorta a que se rebajen las tarifas de UTE, transfiriendo a la población aunque sea parte del ahorro que ha habido en la generación de energía en el último ejercicio”, finalizaba el comunicado.
Cualquier similitud con los reclamos y la situación actual no es mera coincidencia –parafraseando la clásica advertencia– sino que confirma que no ha habido voluntad política del gobierno para adoptar medidas de fondo, y que se ha apostado por seguir presionando para ver qué pasa.
Decíamos en un editorial a propósito de la problemática que “la inquietud de los productores rurales no es nueva, sino que data desde hace ya bastante tiempo, porque los altos costos de la energía, entre otros insumos, agregado a la carga tributaria y el encarecimiento del país en dólares, lentamente han ido erosionando la competitividad, que más o menos se disimulaba por los elevados precios de los commodities”.
“Y los combustibles son clave en el esquema de costos. La semana pasada Ancap observaba el comportamiento de los precios del crudo Brent en los últimos tres meses y también las oscilaciones del tipo de cambio, aspectos fundamentales que componen la paramétrica con la cual el ente fija el precio de los combustibles. En enero de este año, Ancap definió una rebaja en el precio de los combustibles de poco más de un peso en las naftas y algo más para el gasoil, pero prácticamente en forma unánime los operadores consideran que la rebaja es ridícula y que sin mayores sobresaltos el ente podría haber por lo menos duplicado el porcentaje de rebaja”.
Decíamos entonces que “Ancap tiene sus números en rojo y mantener los precios significa recomponer sus finanzas y llegar a un ajuste que mucho necesita, aprovechando la coyuntura de baja en los precios del crudo. En cuanto a la energía eléctrica, según las propias autoridades de UTE, la generación a partir de fuentes renovables permitió a UTE abastecer el 95% de la demanda en 2014, gracias a los extraordinarios aportes hídricos en las cuencas, y a la instalación de los primeros parques eólicos de gran porte en el país, según se establece en la memoria anual de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME). Ello determinó que UTE terminara el año con un ahorro de unos 280 millones de dólares respecto al costo proyectado para abastecer la demanda, y el informe de ADME destaca que el año pasado fue aún mejor que el 2013 en cuanto a los aportes a las represas hidroeléctricas”.
Estos mismos conceptos, con alguna variante puntual en cifras –pero con factores agravantes a medida que transcurre el tiempo y han ido desapareciendo cientos de pequeños productores rurales, con agroindustrias en serios problemas– son aplicables hoy y han sido señalados con énfasis en diversas oportunidades.
El tema ha vuelto con fuerza al tapete sobre todo a partir de las reivindicaciones de los miles de productores autoconvocados reunidos en la asamblea de Durazno y que tuvo un repique hace pocas horas con una reunión en Paysandú.
Al igual que el 8 de enero, los autoconvocados, bajo la denominación “Un Solo Uruguay”, reunieron a productores y comerciantes en el Teatro de Verano “Eduardo Franco” en el balneario municipal, con presencia entre el público de representantes de varios sectores, incluyendo colonos, productores ganaderos, agricultores, lecheros, granjeros, transportistas, comerciantes y jubilados.
“Nos cobran más, mientras en el gobierno sigue el despilfarro”, dijo con evidente malestar uno de los oradores, los que insistieron en la necesidad de reducir el tamaño del Estado, que los legisladores rindan cuentas, bajar el gasto en publicidad estatal, una ley para no gastar más de lo que se tiene, bajar el costo de los combustibles, salir del atraso cambiario, bajar 15% la tarifa eléctrica, trabajar sobre el reperfilamiento de la deuda en el campo, y que los políticos presenten propuestas claras y concretas.
Y esto nos trae a lo que también expresábamos en nuestro editorial hace tres años, cuando señalábamos que “haya sequía o haya inundaciones, suba o baje el petróleo, la constante es que siempre hay argumentos para que la energía siga siendo cara en el Uruguay, constituyéndose en la más cara de la región, en cualquier circunstancia. Y este es el punto, porque los productores y la población, los clientes cautivos de los entes monopólicos, siempre están en las verdes y nunca les tocan las maduras”.
“Ocurre que las empresas estatales son fuentes de recaudación para sostener el funcionamiento del Estado, el que impone costos fijos en burocracia y otras demandas de funcionamiento de las dependencias estatales que no pueden disimularse con el argumento manido de la austeridad, que se menciona recurrentemente –lo usó incluso la Administración Mujica– pero que nunca se da en los hechos, porque sigue aumentando el gasto estatal y quien lo sostiene es el sector productivo, el capital y el trabajo asociados, que son los que crean riqueza, mientras el Estado es el (mal) administrador de estos recursos, de los que devuelve solo una pequeña parte a la sociedad y retiene la mayor parte en su propio beneficio”, agregábamos.
Bueno, esta es la esencia de una problemática que sigue estirándose por comodidad y falta de voluntad política desde el gobierno, que responde con “parches” a medida, como el fondo de garantía para el sector lechero y otros contenidos sectoriales aprobados partir de los planteos de los autoconvocados. Son positivos para los destinatarios porque los pueden ayudar a sobrevivir por un tiempo, pero solo para escabullir el bulto al problema de fondo, que es que el Estado nos sigue desangrando a todos con su costo desmedido y parásito, corroyendo la economía de las empresas que crean la riqueza y las fuentes de trabajo.
Porque sin riqueza generada a partir del campo, la única igualdad que se conseguirá será la extrema pobreza compartida, cumpliendo el sueño del pobrismo como un mérito que todavía siguen proclamando algunos sectores de izquierda desde el propio gobierno.