El presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (Aplpe), ingeniero agrónomo Roberto Ceriani, dijo a EL TELEGRAFO que los empleados de Conaprole “tienen agarrados del cogote a los productores y no respetan las normativas”. Esto ha generado desde hace varias semanas que la situación “sea compleja y comprometa a todo un sector.
Para el productor y dirigente local, “se están desarrollando estrategias gremiales en un sistema capitalista, propias de otros sistemas económicos, donde los trabajadores intervienen en forma expresa en el desarrollo de las empresas”.
En el caso de Conaprole, sostuvo que durante muchos años, “a veces para evitar conflictos, a veces para salir de dificultades ante la proximidad de exportaciones u otros negocios, se han buscado soluciones”. Pero enfatizó que “los empleados los tienen agarrados del cogote, a la empresa y a los productores, porque si ellos trancan, se tranca todo. Se les ha cedido demasiado terreno sin entender que los productores son los dueños de la empresa y se debe respetar el trabajo y la legislación y normativas del país”, precisó Ceriani.
En momentos en que los mercados cierran a la baja, aseguró que los productores necesitan “en forma urgente alguna suba del precio de la leche –estamos cobrando el mismo precio que hace cuatro años– y además el dólar subió de forma importante en los últimos dos meses, hemos quedado con el poder adquisitivo muy menguado, además de lo que venimos arrastrando con el endeudamiento”.
Si a esto se suma que la industria tiene costos extras “e incluso pérdidas de ventas, como ha sucedido a nivel interno, se traslada a que las expectativas de que el productor tenga un aumento de precio no existe”. Para Ceriani, “la empresa no está en condiciones de brindar las reivindicaciones de los empleados, quienes decidieron tomar medidas de fuerza, trabajando a reglamento, distorsionando el recibo de la leche y la elaboración de productos, por lo que está discontinuada la salida al mercado”.
Sobre cuál es la situación de los últimos días, expresó que “ha generado costos para la empresa, por lo que la cooperativa decidió no asistir a las negociaciones de los Consejos de Salarios hasta que no cesen este tipo de medidas”. Recordó que “se pretende que esto abarque próximamente a todas las industrias lácteas del país, lo que sería una agresión al sector lechero y con peligro de cortar la rama en la que todos estamos parados”.
Sostuvo que los productores necesitan “la industria y los trabajadores para que trabajen, pero los empleados también necesitan a los productores. Hoy la situación es muy complicada y ya hay productores que están visualizando dejar el rubro para seguir en otra cosa o buscar alternativas”. Para el productor remitente a Conaprole e integrante del grupo de los 29, “hay un hueco desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Ganadería, Agricultura y Pesca en el tema”. Reconoció que “si bien desde el MTSS se están moviendo y analizan los temas del sector, no se ve que tomen resoluciones e intercedan para que esto no ocurra”.
“Conaprole debería buscar la vanguardia en tomar medidas”, explicó. “Pero se han constatado situaciones de rispideces en algunas plantas, que no dejan entrar a empresas tercerizadas y generan un clima hostil desde el sindicato”.
Precisamente refiriéndose al sindicato, recordó que “la leche que Conaprole enviaría a Paysandú para que PILI la procesara a façon, una de las razones por la que no llegó es por la intransigencia de la Asociación de Obreros Empleados de Conaprole (AOEC), que fue otro golpe para el sector lechero”.
Mayor impacto
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, advirtió que, de extenderse el conflicto entre Conaprole y el sindicato, existe el riesgo de que caigan otras industrias del sector. La industria láctea atravesó en los últimos años problemas de competitividad con la pérdida de mercados y la bajada de cortina de las industrias Ecolat y de Schreiber Foods en 2015, que implicaron la pérdida de 600 empleos directos entre ambas. Además, la firma Indulacsa (Lactalis) cerró su planta industrial de Salto, para quedarse únicamente con Cardona.
En tanto, consideró que PILI atraviesa una coyuntura financiera y operativa compleja por la falta de materia prima y un elevado endeudamiento. Una situación similar enfrenta la firma Coleme. En tanto, las empresas Calcar y Claldy también debieron reperfilar sus pasivos con el BROU este año para poder mantenerse a flote en su actividad.
Benech manifestó que se está ante un desacuerdo entre empresarios y trabajadores que corresponde específicamente a una empresa, pero que dado el momento que vive la lechería en Uruguay con industrias que están en una situación “extremadamente vulnerables”, en caso de extenderse el conflicto a todo el sector lácteo, “puede no haber una salida”.
El secretario de Estado apostó a que haya diálogo y capacidad de articular y resolver los problemas. “Este conflicto no son buenas noticias, son de muchísima preocupación de nuestra parte. Es necesario hablar mucho y tratar de avanzar sin que se corte este diálogo, ya que no es buena la extensión a todo el sector de la industria láctea, debido a que hay algunas que están muy vulnerables. Ya en estos últimos años se nos han caído algunas y se nos puede caer alguna más”, subrayó.
