La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, opinó que el acuerdo que Argentina hizo con el Fondo Monetario Internacional es brutal, porque “deja al país endeudado por no sé cuántos años”. En su análisis, “el endeudamiento va más allá del 70% del PBI”, por lo tanto auguró una realidad “muy compleja”.
Ayer se supo que el presidente Mauricio Macri eliminará diez ministerios y a los vicejefes de los gabinetes para recortar gastos. La vicepresidenta uruguaya señaló que “no le deseo a los argentinos este escenario, más allá que Macri no es un santo”.
Ahora que empezó la campaña electoral, es oportuno que preguntemos: ¿Cómo estamos nosotros para opinar así de nuestros vecinos?
Empecemos por decir que, al menos hasta marzo, la deuda bruta totalizaba unos U$S 40.300 millones y eso significa aproximadamente el 67% del Producto Bruto Interno (PBI). Hace un año era de U$S 33490 millones, o el 60% del PBI. Los datos, que son oficiales porque corresponden al informe enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento que estudia la última Rendición de Cuentas del actual período de gobierno, preocupa a tirios y troyanos.
Es que Economía pretende aumentar el tope de la deuda para cada ejercicio, es decir de 2018 a 2020. Para 2019, por ejemplo, pide un incremento a U$S 185 millones. En realidad, el porcentaje de deuda bruta en el país corresponde a las tres cuartas partes del producto.
Claro que, aunque hay mayores reservas acumuladas, algunos factores no son de libre disponibilidad del gobierno, o aquello que dijo el subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, cuando se refirió a “mucha plata en el banco”, que significa la espalda financiera que mide la deuda neta. Es así que la deuda neta es de U$S 19.900 millones o el 33% del PBI. Si se contemplan únicamente las reservas de libre disponibilidad, la deuda neta sube a U$S 25.200 millones, o el 42% del PBI.
A este escenario se debe sumar el déficit fiscal alto, en torno al 3,9% del PBI, y que remarca las dificultades existentes sobre la gestión del gasto público. Más allá de las expectativas planteadas por el Ministro de Economía, Danilo Astori, es muy claro que las metas oficiales no se cumplirán en el plazo previsto y si el déficit fiscal no baja, entonces la deuda pública continuará en ascenso hasta generar mayores problemas.
Con un escenario regional complicado, Uruguay ve las barbas de su vecino arder, mientras tiene una capacidad de infraestructura ociosa cercana al 40%, con una clara afectación del segmento que da mayor trabajo al país, o sea las pequeñas y medianas empresas.
Porque acá no es tan difícil de entender que cuando reducen su capacidad instalada, también incide en los puestos laborales y “jugar al achique”, trae las consecuencias que hoy medimos en desempleo e informalismo. La desaceleración en la producción y la pérdida de competitividad son las causas que traen estas consecuencias, porque, si lo comparamos con los cercanos, mientras Uruguay incrementa su capacidad ociosa, Brasil recupera 1% y Argentina, lo hace en un 3%.
En este contexto se larga la campaña electoral, con dos ministros –Ernesto Murro y Carolina Cosse– desesperados por empezar a viajar por el país, si bien al primero de ellos lo detienen los Consejos de Salarios, que están bastante enredados a esta altura del año, cuando los plazos se achican.
Y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, tiene mucha memoria, por eso se queda quieto. Todavía no larga su aprobación definitiva, bajo el argumento del exceso de trabajo al frente de la comuna capitalina. Sin embargo, aún se recuerda su frustrada candidatura, hace algunos años, al cargo que hoy ocupa y la imposición de Ana Olivera, además de la falta de apoyo de sectores mayoritarios como el MPP. Que, dicho sea de paso, lucha por poner a un representante en la fórmula presidencial.
Pero como dijo el intendente montevideano, “pudren y aburren las conspiraciones” que, sin dudas volverán, y no solo al oficialismo. En las próximas semanas, comenzarán a desfilar las renuncias para presentarse en listas de convencionales, legislativo o intendencias.
Si se cumple el requerimiento del presidente Tabaré Vázquez en el primer Consejo de Ministros de este año, entonces deberán dar el paso al costado porque el mandatario no quiere secretarios de Estado en carrera electoral, mientras cobran un sueldo por ejercer un trabajo. Por el momento, Astori duda porque no tiene apoyo pero puede hacer campaña al senado. Y el presidente del Banco Central, Mario Bergara, evalúa en base a sus aspiraciones personales que pasan por candidatearse en la interna frenteamplista. Como sea, ninguno “calza” –parafraseando al exsenador José Mujica– en el Interior porque son poco conocidos y a Paysandú comienzan a llegar por razones de campaña y no otras de mayor peso, como el desempleo, la informalidad o la problemática de algunas industrias.
Todo eso sin dejar de mencionar el factor Raúl Sendic, cuyo caso trajo derivaciones insospechadas que culminaron con su renuncia a la vicepresidencia de la República, con la promesa de volver a la campaña. Y como en ese momento no hubo declaraciones de su fuerza política en torno a la conducta ética del líder de la Lista 711, ahora se apuran para que se resuelva en un plenario la inhabilitación de una posible candidatura común, aunque Sendic manifestó su interés de volver al Parlamento. Por eso, no está fácil. Ni tienen liderazgos definidos en su interna, ni un escenario regional y nacional acorde, con un presidente que –últimamente– aparece poco y un modelo que se agota.
¿Y por casa?
