(TELENOCHE-EL OBSERVADOR)
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, reiteró que la violencia reina en el Penal de Libertad, al redactar un informe especial donde relata la muerte del recluso Carlos Alberto Núñez Santos por el disparo de un guardia, el pasado 9 de octubre. “El Penal de Libertad es inviable como centro de rehabilitación, fue construido a principios del siglo XX con ideas del siglo XIX. Es absolutamente inlevantable”. “Sigue siendo un barco a la deriva cargado de violencia que el país tiene que resolver de una vez”, explicó.
En la misma línea, señaló que “tiene que ser una causa nacional cerrar esta cárcel y buscar una alternativa”.
“Recomendé que se cree un grupo de trabajo con un concurso de ideas, porque yo las pensé todas y no se me ocurre ninguna”. “”Si no que desaparezca”, agregó.
“La bomba ya explotó y estalla todos los días. Todos los días hay violencia porque no hay tratamientos y programas socioeducativos necesarios”, matizó. A su vez, remarcó que los internos “no tienen cosas para hacer” y “no salen a la visita por miedo a una agresión”. “Hay una condena al ocio, hay una pérdida de perspectiva, hay una nada de actividades”. La investigación de Petit determinó que la guardia del penal mató de un escopetazo a un recluso mientras sofocaba una reyerta, sin embargo, este resultado no coincide con la versión que había dado el Ministerio del Interior sobre el hecho.
El Ministerio del Interior, que aún mantiene abierta una investigación sobre el episodio, informó en un comunicado que la muerte del preso había sido a raíz de un ajuste de cuentas y mediante un “corte” carcelario, es decir una especie de arma blanca. Petit informó a la comisión de seguimiento del sistema carcelario del Parlamento que el miércoles 28 de noviembre acompañó a la familia del fallecido a la Fiscalía donde fue denunciado el hecho. Ahora, se abrió una investigación. “Fue un mal procedimiento (policial), un procedimiento irregular”, dijo Petit a los legisladores.
URUGUAY TOMARÁ POSICIÓN ANTE DEMOCRACIA PERUANA
(EFE)
La decisión que tome el Gobierno de Uruguay sobre el asilo diplomático que le ha solicitado el expresidente peruano Alan García fijará también una posición internacional sobre la democracia en Perú, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos. En una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Zeballos advirtió que si Uruguay concede el asilo a García estaría validando los argumentos del exmandatario, quien se declara un perseguido político frente a una investigación de la Fiscalía por corrupción durante su segundo mandato. “Pareciera que hemos llegado a un escenario determinante en el que Uruguay va a dar un certificado de democracia a Perú. Nosotros, desde la perspectiva local, no perdemos la objetividad bajo ninguna circunstancia. Somos respetuosos del orden constitucional”, apuntó Zeballos.
“Creo que es una circunstancia bastante delicada y complicada en la que el ciudadano Alan García ha puesto a las autoridades uruguayas”, añadió. El ministro reiteró que en Perú, al contrario de lo que afirma García, existe el estado de derecho, sin interferencia de poderes y con libertades absolutas. Apuntó que hay funcionarios del Estado peruano, como la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que también afrontan imputaciones de la Fiscalía.
OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN REGISTRO
(PRESIDENCIA)
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, explicó que eso corresponde a la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales.
“Rige el decreto que reglamenta la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se aprobó en diciembre del año pasado”, anunció Espinosa. Explicó que “a partir de esta norma, la Secretaría Antilavado creó un registro de sujetos obligados, es decir, que hay determinadas profesiones que deberán inscribirse”. Puntualizó que “el trámite es muy sencillo, se realiza a través del Portal del Estado Uruguayo, y las instrucciones están disponibles en la web de la dependencia”. Agregó que se estableció un plazo de 90 días a partir del 20 de noviembre para inscribirse en el registro, evitar multas y lograr una mejor supervisión. También manifestó que “hay profesiones como escribanos, usuarios de zonas francas y rematadores que no deberán inscribirse, porque la dependencia estatal realizó acuerdos con los registros respectivos y los datos se tomarán de allí. Las asociaciones civiles, fundaciones y sociedades sin fines de lucro tampoco deberán inscribirse, porque hay un censo que desarrolla el Ministerio de Educación y Cultura, en el que están obligados a actualizar sus datos”.
ADUANEROS DETENIDOS POR CONTRABANDO
(EL OBSERVADOR)
Un operativo conjunto de la División de Investigaciones y Narcotráfico de la Prefectura Nacional Naval, la Prefectura de Colonia, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera y la Fiscalía, detuvo a 15 personas, entre ellas cuatro aduaneros y un funcionario de Prefectura, acusados de integrar una organización dedicada al contrabando de cigarrillos. Las 15 personas declararon ayer ante la fiscal de Colonia, Alicia Abreu.
Según informó la Dirección Nacional de Aduanas, la organización compraba los cigarrillos en los freeshops de los barcos de una empresa que une Colonia y Buenos Aires. A fin de comprar una mayor cantidad, los indagados le solicitaban a otros pasajeros que le transportaran promociones de cuatro cartones de diez cajillas cada uno. De esta forma evitaban incumplir la normativa, que establece que se puede vender una promoción de cuatro cartones por turista una vez al mes. Una vez en tierra, la mercadería era reunida y trasladada a Montevideo, donde era vendida.
VELOX DEBERÁ PAGAR A AHORRISTAS
(SUBRAYADO)
Luego de 14 años de juicios, la Suprema Corte resolvió que los bancos Montevideo y La Caja Obrera deberán resarcir a los ahorristas que perdieron su dinero tras el “corralito” del año 2002. Según informó el semanario Búsqueda, esta resolución corresponde a un juicio iniciado por el Banco Central del Uruguay.
La sentencia emitida el 1º de noviembre condena al Grupo Velox, dirigido por los hermanos Jorge y Dante Peirano, así como a los ex gerentes Mario San Cristóbal, Juan Domingo Ratti entre otras ex autoridades del grupo y la sociedad Trade and Commerce Bank. En una primera instancia judicial se estimó que la deuda era de unos 340.000 millones de dólares, que resultó desestimado por un Tribunal de Apelaciones.
A partir del fallo, se definirá el monto de la deuda y la cantidad de ahorristas incluidos en la sentencia. Uno de los grupos, representado por la contadora Alicia Barbani, comprende a unas 1.470 personas, pero esta denuncia aún está pendiente de resolución en la justicia internacional. El Grupo Velox también tenía el Banco Alemán en Paraguay, que tuvo el mismo final que las instituciones uruguayas, aunque ellos sí recuperaron su dinero.