(EFE)
El Gobierno rechazó el pedido de asilo del expresidente de Perú, Alan García, informó el presidente Tabaré Vázquez en conferencia de prensa. García se encontraba en la embajada de Uruguay en Lima desde el 17 de noviembre, bajo un amparo provisional que se le había otorgado mientras se estudiaba el caso.
La decisión tomada por el mandatario y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se basó en “consideraciones estrictamente jurídicas” y en el extenso informe enviado por el Gobierno peruano, de cerca de 1.000 páginas. Asimismo, Vázquez indicó a la prensa, tras hacer un repaso por los detalles del caso del exmandatario peruano investigado por corrupción, que el caso de García “no es persecución política” y agregó que “en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y especialmente el Poder Judicial”. El integrante del Partido Aprista Peruano está investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Tras conocer la resolución del gobierno uruguayo, García abandonó la residencia del embajador en Lima, aparentemente en un vehículo de alquiler, según imágenes difundidas por el Canal N de la televisión peruana. Según el abogado del exmandatario, Erasmo Reyna, García no solicitará asilo diplomático a otro país. El letrado indicó al Canal N, que se encuentra en su domicilio en el distrito de Miraflores. Sin embargo, Reyna afirmó que García mantiene su posición de declararse un perseguido político, el principal argumento esgrimido ante Uruguay para solicitar el fallido asilo. “Hemos argumentado siempre que la persecución se da de un sector del Ministerio Público (Fiscalía) que responde a un interés político”, apuntó.
DIPUTADOS CITAN A COSSE POR INDUSTRIA LÁCTEA
(MONTEVIDEO PORTAL)
Los diputados por el Partido Nacional Rodrigo Goñi y Amin Niffouri llamaron al Parlamento a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, para que explique qué medidas van a tomarse por la situación de la empresa PILI. Goñi señaló en declaraciones a radio Monte Carlo que la ministra tendrá que concurrir esta semana al Parlamento “para que dé respuestas de inmediato” a lo que “los productores y la industria están exigiendo”. “Ahora el gobierno parece resignarse a que no aparezca ningún inversor. El viernes pasado terminó el plazo y no aparecieron los inversores”, dijo en referencia a la empresa. “Los inversores estaban, y siguen estando, el tema es si aparecen o no aparecen las medidas que cualquier inversor, cualquier industrial, requiere para continuar con la industria láctea”, explicó Goñi.
“Básicamente acá tiene que haber una duplicación inmediata de la devolución de impuestos. Es una medida de corto plazo y de alto impacto. Para el tema tarifario no hay que seguir siendo tímidos, el tema tarifario es clave para la industria láctea”, apuntó. En este sentido, el diputado dijo que “la política comercial sigue siendo un desastre” y señaló que Uruguay necesita “recuperar la capacidad de relacionamiento comercial” que perdió “por priorizar y enfocarse” en algunos países en específico por “razones ideológicas, como Venezuela”.
Así, dijo que si el ministerio de Industria toma medidas seguramente aparecerán los inversores que requiere Pili para reabrir. Por este motivo, el diputado quiere “llamar a responsabilidad a la ministra” para que tome medidas antes de la asamblea que harán los productores lecheros a mediados de diciembre.
TRIBUNAL DEL FA CONTRA DE LEÓN
(EL OBSERVADOR)
El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio concluyó que el senador de la 711 Leonardo De León incurrió en “múltiples actos indebidos en perjuicio” de ALUR y “del interés y patrimonio públicos” de ALUR. En abril de este año, la Junta de Transparencia y Ética Pública ya había cuestionado la conducta de De León, destacando que fue incapaz de justificar “más de 130 gastos” realizados con las tarjetas corporativas, por un importe total “superior a los U$S 22.000”.
Ahora el tribunal partidario le critica que “la falta de rendiciones de cuentas y de presentación de facturas impiden dilucidar hasta qué punto es aplicable la explicación a sus gastos”, y destaca que de 267 gastos solo en 17 “el Cro. De León dio alguna precisión mencionando la presencia de otros participantes u otras circunstancias que podrían explicar el pago con tarjeta corporativa”, según dice el informe al que accedió El Observador.
Además, el tribunal “reprueba” su negativa a responder preguntas, “contradiciendo” su promesa realizada ante el organismo.
“El cro. De León rehusó comparecer. Esta actitud obliga al Tribunal a apreciar los hechos sin la información que podría haberse extraído de ese diálogo. El Tribunal considera reprobable esta actitud del Cro. De León, y además se siente obligado a señalar ciertos aspectos de sus manifestaciones. El Cro. De León desconoce la función estatutaria del Tribunal”, expresa el informe.
Para el tribunal hay 219 gastos realizados desde 2013 –cuando se hizo un instructivo de rendición de cuentas de gastos en ALUR– que son “irregulares” porque cuando se trató de alojamiento o alimentación, debieron haberse pagado con el dinero de los viáticos y no con la tarjeta corporativa, al tiempo que en todos los restantes no se rindió cuentas cuando la normativa obligaba a hacerlo.
El informe destaca que algunos gastos en restaurantes y estaciones de servicio pagos con la tarjeta corporativa se hicieron cuando el actual senador estaba de licencia. En tanto, el fallo señala que en 18 casos pagó alojamientos con la tarjeta corporativa, cuando al mismo tiempo había recibido viáticos. Además, no se entregaron comprobantes de esos gastos.
“El pago mediante una tarjeta corporativa de gastos que no correspondían o que estaban cubiertos por el viático constituye una infracción que en el caso de ALUR, dada la composición de su capital, supone una defraudación en perjuicio no solo de la empresa, sino también del patrimonio público”, manifestó el TCP.