El gremio de funcionarios de UTE se encuentra en una campaña de difusión de su planteo de reestructura de las tarifas de electricidad, con énfasis en una rebaja para el consumo familiar en la primera franja de clientes.
Gabriel Soto, directivo de AUTE, destacó a EL TELEGRAFO que se hizo presente en Paysandú con motivo del cierre del año de la filial local y explicó que el gremio está llevando adelante esta reivindicación. Junto a los dirigentes Luis González y Michael Barrios expuso los alcances de la propuesta, que consideró como un borrador de trabajo a discutir encaminado hacia esa reestructura.
Señaló que es una necesidad el discutir cambios en la estructura tarifaria del ente, apuntando sobre todo a exonerar del IVA a la primera franja de consumo, es decir a los hogares de menores recursos y garantizarles el consumo básico imprescindible.
La propuesta de la Asociación de Funcionarios de la UTE (AUTE) supone una solución transitoria que implicaría una baja de 16% en la tarifa residencial, y también un cambio estructural con el objetivo de que los hogares dejen de “subsidiar a las empresas”.
Para los funcionarios de la empresa estatal, el debate relativo a las tarifas está plagado de voces oportunistas, con “grupos de poder intentando falsear la realidad”. Acusan al Ministerio de Economía y Finanzas de tener un “afán recaudador” que termina “cargando sobre los precios de la energía eléctrica domiciliaria”.
Los trabajadores admiten que más allá de las discusiones sobre el precio concreto que pagan los hogares, enfocan su debate en “por qué se debe pagar tanto”. Expresaron los gremialistas que los hogares están subsidiando indirectamente a las empresas, ya que, de acuerdo con los cálculos presentados, el peso de la tarifa eléctrica en relación a los ingresos es mayor para los hogares que para estas –de 4% contra 0,4%–. Es “un esfuerzo diez veces mayor para los trabajadores que para los patrones, y de 25 veces más cuando se consideran los hogares más pobres”, concluye el sindicato, en el entendido de que la factura eléctrica es, en el caso de los hogares de menores recursos, del orden del 10 % de los ingresos.
Además, observan que se paga mucho para garantizar que los medianos y grandes consumidores de energía eléctrica paguen poco, “y para que los generadores privados de energía se sigan enriqueciendo con el abusivo negocio del cambio de la matriz energética”.
Reconocieron que no es una situación nueva, y sostienen que la situación de desigualdad se remonta al menos a los últimos 20 años, y que, más allá de alguna tendencia a evolucionar, igual se mantiene un desequilibrio histórico enorme en perjuicio de los hogares.
Asimismo, advierten que los contratos firmados por UTE con las empresas de generación privada les aseguran a éstas ganancias extraordinarias por 20 años más, en tanto sostienen que existen condiciones para bajar la tarifa de los hogares.
En el corto plazo, las propuestas de AUTE suponen, por un lado, de manera transitoria, bajar el IVA a la potencia contratada y a la primera franja de consumo –de 200 kilowatts–, lo que podría desembocar en una baja de 16% para la tarifa residencial. El sindicato sostiene que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ya tiene sus propuestas detalladas, pero considera que nunca fueron siquiera tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo.
A largo plazo, los trabajadores proponen una rediscusión de fondo que implique la modificación del peso del pago del kilowatt –hoy, de la mitad para el gran consumidor, en comparación con el pago de los residenciales–. Los funcionarios han formulado la convocatoria a un movimiento de usuarios y exigen ámbitos.
El sindicato se está acercando a los usuarios mediante recorridas por los barrios y realizando visitas a localidades del Interior.
