Las recientes declaraciones públicas del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, han dejado en claro los errores (y horrores) que se desprenden de las normas contenidas en el Código de Proceso Penal (CPP) y de su aplicación diaria.
Entre otros conceptos negativos que recoge el diario “El País” las críticas de Pacheco “se centraron en la aplicación abrumadoramente mayoritaria del proceso abreviado para resolver el 95% de los casos. Se trata de los acuerdos entre fiscales y acusados. Es decir, que casi la totalidad de las penas impuestas son fruto de una negociación”, asegurando “que eso significó la disminución de las penas, porque las condenas pactadas son inferiores a las que deberían corresponder o de lo contrario la defensa decidiría ir a juicio oral”. Desde el punto de vista de la Fiscalía, Pacheco dejó en claro que “La reducción de las penas no es responsabilidad de los fiscales. Es culpa del modelo. El fiscal debe ‘huir’ del juicio, y recurrir inexorablemente al proceso abreviado, fundamentalmente porque el juicio oral es extremadamente complejo e impráctico”. A las críticas antes mencionadas, el Fiscal del Crimen Organizado sostuvo que el CPP “no resultó ser un modelo transparente” porque la resolución del 95% de los casos como procesos abreviados implica que al acuerdo se llega de forma reservada entre la Fiscalía y la defensa, donde no hay actuación del juez, salvo en la audiencia únicamente para dictar la sentencia (…) y “no resultó ser un modelo protector de la víctima” ya que en casi todas las resoluciones no es tenida en cuenta su participación, sin perjuicio de que se revictimiza a la víctima y expone a los testigos ya que se los obliga a comparecer a una audiencia pública y enfrentarse a los imputados de delitos “de mayor impacto social como homicidios, rapiñas, copamientos o delitos sexuales”. A modo de resumen, Pacheco destacó que “la reforma no ha sido exitosa” y que “nos encontramos ante un modelo procesal penal de muy baja calidad”.
Pocas horas después de que se dieran a conocer las declaraciones de Pacheco, el Fiscal de Corte Jorge Díaz realizó, en su cuenta de Facebook, una crítica a las declaraciones de su subordinado, aunque sin nombrar a Pacheco. Entre otros conceptos defendió que “el sistema procesal es, a diferencia del anterior, trasparente” para terminar afirmando que “hacer comparaciones en base a un solo parámetro es, por lo menos, metodológicamente incorrecto” e “injusto con un equipo de fiscales que, con esfuerzo y dedicación se ha puesto la reforma al hombro”. Al parecer Díaz se olvidó que en el año 2016 manifestó expresamente lo siguiente: “Nunca voy a polemizar con un fiscal, entiendo que no me corresponde”. Los intentos del Fiscal de Corte Jorge Díaz por tratar de “tapar el Sol con un dedo” no logran su objetivo. La realidad demuestra que El CPP no sólo ha sido criticado duramente desde su origen tanto por el mundo académico como por distintos protagonistas del mundo del Derecho (abogados, fiscales y jueces) sino que además sus resultados vulneran los derechos de los ciudadanos y fomentan la impunidad de los delincuentes, alentando su rápido y exitoso regreso a la vida delictiva.
Por su parte, la semana pasada el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak ha señalado la necesidad de modificar el CPP, destacando que “parecería que ha habido un impacto a la baja muy importante en la respuesta punitiva del Estado” y un incremento de la actividad delictiva que “tampoco era algo que estuviera dentro de las previsiones”. Para Chediak, se produjeron “algunos acuerdos sorprendentemente benignos” que “realmente no cumplen con una de las funciones de la pena que es la prevención”, los que constituyen “señales inapropiadas para la población y para quienes cometen delitos” a través de las cuales “estamos dando una imagen de benignidad en la acción punitiva del Estado que no es positiva”. El propio Chediak fue muy claro en su momento al señalar que si hay deficiencias en el nuevo CPP, la responsabilidad es de los fiscales, no de los jueces, expresando en forma tan gráfica como efectiva que “no lo digamos con mucho gre-gre para decir Gregorio, el responsable básico de la investigación y de supervisar la actividad de la Policía es el Fiscal”
El tipo de acuerdo con los delincuentes que ha impuesto el CPP (presentado como una panacea por los defensores de ese código) ha transformado a la Fiscalía y a todo el proceso judicial en materia penal en una especie de “remate judicial” en el cual poco importan los derechos de las víctimas e incluso el orden jurídico. Al igual que sucede en las calles, los verdaderos dueños del actual proceso penal son los delincuentes, que han encontrado una forma rápida y segura de poder entrar por una puerta y salir por la otra de los juzgados, transformando el acceso a los mismos en una auténtica “puerta giratoria”. Un ejemplo de ello es que gracias al nuevo CPP los ladrones pueden quedar libres si devuelven el dinero que robaron sin perjuicio de que se le impuso el “terrible castigo” de pedirle disculpas a sus víctimas. Claro que para llegar a “tremendo suplicio”, primero la Policía deberá investigar hasta identificarlo y lograr detenerlo –con todos los recursos que ello insume–, o lo deberá hacer un ciudadano in fraganti a su propio riesgo. Esos acuerdos con los delincuentes se traducen también, por ejemplo, en descuentos en las penas y la aplicación de modalidades como prisión domiciliaria y libertad vigilada. En la misma lógica que aplica para los cajeros automáticos (como no puedo evitar que los exploten, los cierro), el Gobierno prefiere atacar el hacinamiento carcelario dejando libre a delincuentes (como hizo el socialista José Díaz cuando fue Ministro del Interior) o evitando que ingresen a las cárceles si piden disculpas o devuelven el dinero o el objeto robado. Si las autoridades nacionales aplicaran este mismo concepto a los hospitales públicos, la solución para mejorar la atención y el uso de instalaciones sanitarias sería que los pacientes fallecieran para evitar su sobrepoblación.
El tiempo transcurrido ha dejado en claro que el Fiscal de Corte Jorge Díaz está cosechando lo que sembró: una reforma que fue anunciada “con bombos y platillos” y que fue copiada de otros modelos penales sin tener en cuenta las realidades y limitaciones de nuestro país, siempre sometido a restricciones no sólo de carácter presupuestario sino también de ejecución de políticas que parecen perfectas en los manuales de procedimiento por los cuales muchos “asesores independientes” cobran jugosos honorarios pero cuya inconsistencia y falta de sentido común quedan en evidencia diariamente.
Lo cierto y concreto es que existe en nuestro país un CPP cuya aplicación es altamente deficiente y criticada por todos los protagonistas (fiscales, jueces, policías, abogados, etcétera). Ante esta situación, deberíamos preguntar qué tienen para decir no solamente esos colectivos, sino también los parlamentarios de todos los partidos políticos que votaron este código y que ahora se hacen los distraídos y salen de la escena pública “chiflando bajito” para que nadie recuerde que fueron ellos quienes aprobaron una norma que claramente debe ser reformada con urgencia para que proteja a los ciudadanos honestos y no a los delincuentes. Al fin y al cabo, “Doña María” y “Don José” no tuvieron la posibilidad de asistir a la Universidad ni pudieron estudiar la legislación penal, pero son quienes sufren todos los días y en todo el país esta “puerta giratoria” que debe detenerse cuanto antes para seguridad y tranquilidad de todos.
