Si bien la actividad legislativa constituye un pilar fundamental de cualquier gobierno democrático, muchas veces las leyes que resultan aprobadas no guardan relación con las actividades que pretenden regular. Los legisladores que desde sus cómodos asientos terminan imponiendo obligaciones y recortando derechos a empresas, instituciones y personas físicas a lo largo de todo el territorio nacional desconocen con frecuencia los temas sobre los cuales legislan, lo que obligatoriamente genera un producto legislativo pobre, confuso y desconectado con nuestra realidad nacional.
A ello debe sumarse que, en la mayoría de los casos, las leyes se transforman en letra muerta, ya que no existe el presupuesto necesario para que la administración pública pueda ponerlas en funcionamiento. Convertidas en piezas de museo, esas normas quedan sin aplicación concreta, pero le permiten a los legisladores que impulsaron las mismas y quienes votaron algunos minutos en los medios de comunicación para explicar las “bondades” de una ley que finalmente se aplicará tarde, mal o nunca.
Esas leyes terminan transformándose en verdaderas “leyes zombies”, que esperan la oportunidad para ser aplicadas a quienes muchas veces realizan grandes esfuerzos para desarrollar sus actividades personales o laborales. A modo de ejemplo, la actividad empresarial (esa que el Pit Cnt ataca en forma constante calificándola de “explotadora”) enfrenta todos los días nuevos “palos en la rueda” que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo en todo el país, en un momento en el cual el desempleo alcanza niveles verdaderamente preocupantes.
Así las cosas, cualquier persona que tenga que contratar personal se transforma en un “enemigo de clase” que debe ser atacado sin piedad hasta que su medio de producción (un almacén, una empresa de reparto, una herrería) se transforme en una “propiedad colectiva” cuyo titular será el Estado.
Lamentablemente el problema no es nuevo y ni siquiera afecta únicamente a los uruguayos. En un informe publicado en el año 2018 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se deja en claro el efecto negativo que tiene la práctica de negociar “al peso”, es decir, por el mero hecho de sancionar leyes sin pensar en los efectos prácticos que una política tan nociva puede tener para los gobernados. Según la CEOE, “el entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto y disperso nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas”.
“Esta situación impacta sobre nuestra capacidad de crecimiento, pues erosiona la competitividad de las empresas, que se ven obligadas a destinar recursos y esfuerzos para cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada”. Las contundentes conclusiones de la gremial empresarial española pueden aplicarse al Uruguay casi a la perfección. Mientras tanto, nuestro Estado se maneja con una impunidad histórica que le permite exigir a los empleadores privados que contraten personas con discapacidad, mientras el mismo incumple con las leyes vigentes. Según un informe del diario “El Observador” hay 37 organismos del Estado que incumplen con la ley que los obliga a contratar personas con discapacidad, entre los cuales se incluyen la Administración de Servicios del Salud del Estado (ASSE), el Plan Ceibal, el Banco de Previsión Social, el Banco Central del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco de la República Oriental del Uruguay, OSE, el Banco de Seguros del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, UTE, entre otros.
Todo este doble accionar del Estado deja en claro que mientras se formulan grandes discursos donde la palabra “inclusivo” o el casi obligatorio “todes” se repiten como si se tratara de un mantra, en la práctica se violan los derechos de aquellos a los cuales se dice proteger. Otro ejemplo claro de esa dualidad de criterios se puede apreciar en la polémica Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, la cual teóricamente permite condenar a los empleadores públicos y privados, pero que en la práctica se aplica solamente a estos últimos. Basta con observar los camiones de varios organismos públicos que transitan diariamente en nuestro departamento transportando a sus trabajadores sin ninguna clase de protección, para comprender en esta materia el Estado se encarga de hacer las leyes, pero para que las cumplan otros. Queda claro que, tal como cantaba Alfredo Zitarrosa en su famosa canción, “la ley es tela de araña” y los jerarcas públicos jamás serán responsabilizados por tales omisiones.
La mencionada “inflación legislativa” contiene un perjuicio adicional, ya que además de sancionar leyes innecesarias, no adaptadas a nuestra realidad y técnicamente pobres (muchas de las cuales son declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia), las mismas no son cumplidas por la población, lo que trae aparejado un descrédito de la actividad legislativa, de los propios legisladores y del ordenamiento jurídico en general. Al fin y al cabo, hacer cumplir las leyes es tan importante como votar leyes bien redactadas y ajustadas a nuestro país.
Hace varios siglos, Don Quijote de la Mancha le recordaba a su fiel compañero Sancho Panza (quien por ese entonces y de manera ocasional se desempeñaba como Gobernador de la Ínsula Barataria) la importancia que contar con pocas leyes, pero que se hicieran cumplir: “No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella”.
Con el correr del tiempo, los uruguayos nos hemos acostumbrado a navegar en un mar lleno de obstáculos que adquieren las más diversas formas: habilitaciones, papel sellado, timbres, tasas, autorizaciones, tributos de la más diversa índole y finalidad, capacitaciones obligatorias, pago de honorarios por trámites que podrían hacerse a través de Internet, regulaciones pensadas para el primer mundo, pero aplicadas en un país que tiene instalaciones públicas y cuerpos inspectivos insuficientes, etcétera.
Cada día que pasa, los empresarios uruguayos pierden su capacidad de emprender, de crecer, de proyectarse, y de generar trabajo para transformarse en “sobrevivientes” que deambulan de mostrador en mostrador de las oficinas públicas mendigando para que les permitan desarrollar su actividad que es totalmente legal. Los costos ocultos que genera esta “inflación legislativa” son tan grandes como perjudiciales.
Ante esta situación, los legisladores uruguayos deberían recordar las palabras del historiador, cónsul, senador y gobernador del Imperio romano, Tácito, quien advirtió sobre la misma en una frase que, a pesar de que han transcurrido casi dos mil años, mantiene una preocupante vigencia en nuestro país: “Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”.
