El juez especializado en Crimen Organizado, Pablo Benítez, tiene en sus manos un informe pericial que cuestiona los créditos otorgados por el directorio del Banco República a la empresa Fripur. La pesquera no podía recibir nuevos préstamos y, de acuerdo al documento, pagaba tasas de interés menores a las que correspondía y desviaba los fondos. A pesar del planteo del Banco Central, el BROU calificaba a la empresa como un deudor inferior y concedía dinero sin completar las garantías. Estos aspectos investiga el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que habilitará nuevas declaraciones y pericias.
Pero los créditos fueron otorgados por un directorio que, si bien en ese momento era presidido por Fernando Calloia, estaba integrado también por la oposición, que actuaba bajo la asistencia de la Comisión de Crédito.
Uno de los dueños de Fripur, Alberto Fernández, era muy cercano al expresidente José Mujica. De hecho, fue quien financió la banda presidencial que utilizó al asumir el cargo el 1º de marzo de 2010 y, a su vez, Fripur fue una de las diez empresas a las que Mujica solicitó una donación de 15.000 dólares para la fiesta del cambio de mando.
Fernández es, además, el empresario que concurrió “gentilmente” a la comisión investigadora del Parlamento, luego de la quiebra y posterior cierre de Fripur con 960 personas desempleadas para declarar sobre el financiamiento de los partidos políticos. Una de sus frases más recordadas confirmaba que era “frenteamplista de corazón” y que “daría mi sangre y mi corazón por el Frente Amplio”.
En 2004, la empresa debía al BROU unos 300.000 dólares y 11 años más tarde, al momento de la quiebra en 2015, sumaban 38 millones de dólares que, con intereses, escalaban a 43 millones. Cuando el Estado intentó cobrar algo de la deuda a Fernández, nunca pudo conectar directamente a la empresa Fripur con otros negocios, como la energía eólica, porque el grupo económico reorientó sus inversiones y así terminó vendiéndole a UTE energía producida en sus parques de molinos de viento.
Además de una deuda con el Santander en torno a 5 millones de dólares, la estancia “La Magdalena” –donde se instalaron los parques eólicos– era cliente del banco país, donde estaba con clasificación 3 o perteneciente al grupo de “deudores con capacidad de pago comprometida”. En este caso, la deuda bajó de 5 millones de dólares a 3,6 millones en 2015 y los ministerios de Ganadería y Economía, declararon al emprendimiento como proyecto promovido, con beneficios fiscales extra y exoneraciones tributarias.
A este combo de empresas se suma Polybag, de bolsas plásticas, calificada con problemas potenciales (2B) y con capacidad comprometida (clasificación 3). Pero también fue promovida por ambos ministerios.
Fernández, por su parte, argumentó en aquella oportunidad que la deuda de Fripur se incrementó por dificultades en el mercado, por tanto, destinó la mayor parte del dinero recibido en el pago de salarios y otros beneficios al personal. De acuerdo a este panorama, es sorprendente –o tal vez, ya no tanto– lo que dice el fiscal Pacheco al asegurar que nunca se tomaron declaraciones a jerarcas del BROU ni de la empresa. Por lo tanto, a estas conclusiones llegaron los técnicos encargados del peritaje.
Entonces ahora se presenta la investigación en grandes titulares, después de haberle dado una mano –por años–, sin mayores exigencias, a las empresas “compañeras” con el dinero de todos.
Pero cuando no hay retorno, lo que corresponde es analizar responsabilidades. Y aquí cabe una aclaración: el directorio del Ente autónomo está conformado no solo por delegados del oficialismo, sino también de la oposición. Entonces en casos como este, la sensación de desamparo es mucho mayor. Significa, claramente, que todos aprobaron y nadie dijo nada, posiblemente para no cometer el error “políticamente incorrecto” de que por culpa de su voto contrario, centenares de personas se quedaran sin su empleo. Cuando la realidad atravesaba por otro costado, porque la empresa cerró igual y casi mil personas quedaron desempleadas.
Esa es la consecuencia de que las empresas del Estado estén en manos de políticos. Y el problema surge cuando los políticos, que no son necesariamente buenos empresarios, priorizan lo políticamente correcto por sobre el interés general, o sea, cuidar los dineros públicos.
No es nada nuevo, siempre ha sido así, en mayor o menor medida. Pero vamos tres períodos de gobierno en manos de la fuerza política que supuestamente vino para cambiar esos “malos hábitos”, reconstruir a la sociedad y llegar al hombre nuevo. ¿O no fue eso lo que pregonaron en sus campañas electorales?
Se sabe que cualquier entidad bancaria corre riesgos con la morosidad de sus clientes, pero en el banco país ese factor aumenta porque el mundo de las finanzas es bastante más complejo que el de los políticos. Mal que nos pese.
Fernández, quien además es cónsul honorario de la República de Malta en Montevideo, de acuerdo a la web del Ministerio de Relaciones Exteriores, era –al menos en el año 2013– junto a su hermano la fortuna número uno de Uruguay, según un informe de la banca suiza sobre los más ricos del mundo.
Nadie del gobierno, al menos hasta ahora, recuerda su caso ni lo toman como un ejemplo del otorgamiento de créditos discrecionales, con dineros públicos. Solo se remiten al pasado y a lo que se hacía “antes”.
El problema es ahora, cuando no se conoce el paradero del empresario, nadie puede conectar sus inversiones entre sí y se desconoce lo ocurrido con unas 960 personas que, en su mayoría eran mujeres y trabajaban en Fripur. Por eso el desamparo. Es que en estos últimos tiempos es mucho más clara la sensación que nadie es responsable de nada. Nadie estuvo, nadie sabe y todos se pasan la pelota de las culpas.
