Al defender en el Parlamento el proyecto que propone traspasar a manos del organismo tierras estatales sin uso, la presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, sostuvo que inaugurará una colonia en un campo de Salto que había pertenecido al Ministerio del Interior, en el que trabajarán 18 familias con una inversión importante en infraestructura, manejo de suelo, conservación de cuencas y viviendas de Mevir.
Se trata de una colonia en un campo de más de 200 hectáreas que era del Ministerio del Interior, ubicado en la zona de Garibaldi, en el departamento de Salto. Allí trabajarán 18 familias en unidades de producción familiar.
Agregó que casi 10.000 hectáreas de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, de la Administración Nacional de Educación Pública y de otras instituciones pasaron al ámbito del INC para poder desarrollar políticas de tierra. Además de esas tierras, en otras provenientes de UTE y del Ministerio de Salud Pública también se lograron políticas de vivienda, de acceso a la electrificación y de caminería.
Señaló que “es muy bienvenida, porque posibilita que el INC pueda acceder a nuevas tierras para continuar con las políticas dirigidas a la producción familiar y a los asalariados rurales”, al analizar el proyecto que refiere a bienes inmuebles vacíos o sin uso de propiedad del Estado.
El texto legal promueve reasignar esas tierras al INC, con el objeto principal de evitar y revertir los procesos que conjugan el vacío y la degradación de inmuebles que se encuentren desocupados por un plazo no menor a dos años continuos. Gómez reseñó que el INC modificó la promoción de acceso de las familias al medio rural y que desde 2005 incorporó 130.000 hectáreas, en las que viven más de 5.000 familias y se desarrollan 3.500 unidades económicas.
“La definición política que lleva Colonización desde 2005 es mantener las tierras en propiedad del Estado, mantener su patrimonio y entregarlas en arrendamiento con vínculos con los colonos más estables. En la medida en que cumplen, pasan generaciones de familias”, indicó.
“El impacto que tenemos en el medio rural y, particularmente, en la producción familiar es relevante”, subrayó Gómez, quien acotó que para avanzar en el proceso de la compra se efectuaron inversiones importantes por todo lo que conlleva la estructura agraria y la propiedad de la tierra.
IMPORTANTE INVERSIÓN
Recordó, además, que hubo una importante inversión en la compra de tierras al Banco de Seguros del Estado y, en particular, al Ministerio de Salud Pública, al Banco Hipotecario y al Ministerio de Economía y Finanzas. Añadió que casi 14.000 hectáreas pertenecían al Banco Central y dieron oportunidades a muchas familias.
“Creemos que este proyecto de ley es muy oportuno porque fortalece las políticas públicas de acceso y de producción familiar para los asalariados rurales”, aseguró Gómez, quien valoró que la lógica es mirar el territorio y preguntarse cuál sería el mejor uso de los bienes en poder del Estado en ese lugar. “Compartimos esa lógica y estamos totalmente de acuerdo con llevar adelante las políticas públicas con esa línea, nos parece que implica el mejor uso de los recursos públicos”, asumió.
