Las costas de nuestro país, tanto atlánticas como fluviales, están sufriendo una serie de efectos que son consecuencia del cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar, la erosión de las costas y las inundaciones, entre otros.
Aunque Uruguay tiene muy baja contribución de gases de efecto invernadero, cada vez son más evidentes estos y otros fenómenos que afectan en forma frecuente –y más contundente– nuestras vidas. Nos hemos vuelto precipitaciones que en los últimos treinta años han ido adquiriendo mayores valores y particularmente sensibles a los eventos extremos, como sequías, inundaciones, olas de frío y de calor, vientos fuertes, tornados, granizadas, heladas, lluvias fuertes y tormentas severas.
Como fenómeno global, el cambio climático seguramente aumentará sus efectos en los próximos años ya que a pesar de las declaraciones y acuerdos internacionales los países centrales, que son los que mayormente emiten gases de efecto invernadero, están muy lejos de las metas deseables o ni siquiera consideran alcanzarlas. Estamos ante un fenómeno que llegó para quedarse y el cual es necesario enfrentar con prevención pero también respuestas concretas para las poblaciones afectadas.
Creado en 2009, el Sistema Nacional de Cambio Climático y más recientemente el Gabinete Ambiental y la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, han venido promoviendo una política de bajas emisiones de carbono a partir de procesos productivos y servicios sostenibles, incorporando conocimiento e innovación. A su vez, a nivel público existen ámbitos de coordinación entre las instituciones para la gestión de riesgo de desastres en Uruguay, como el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y, en las comunidades, las instituciones locales han ido creando sistema de respuesta ante la ocurrencia de eventos.
No obstante, aún estamos en etapa de inicio de desarrollo de infraestructuras locales y acciones de planificación hacia el futuro en cuestiones clave para las comunidades.
En este sentido hay algunas novedades alentadoras. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático ha comenzado a desarrollar instancia de interacción con los ciudadanos a los efectos de recoger insumos para el Plan Nacional de Adaptación de zonas costeras, para el cual también se cuenta con aportes técnicos de la Universidad de Cantabria. En este sentido a principios de este mes se realizó una actividad en Piriápolis con el objetivo de identificar las principales vulnerabilidades respecto del cambio climático, en lo relacionado a marejadas de tormenta y aumento del nivel del mar.
La definición de medidas de prevención y mitigación para la costa es fundamental si tenemos en cuenta que las principales ciudades del país se ubican sobre costas fluviales y oceánicas y por otra parte, los problemas provocados por los efectos del cambio climático tienen impacto directo en sectores clave de nuestra economía como el agropecuario y turístico, ambos fuertemente relacionados con el clima.
En lo que respecto a nuestra región litoraleña, una de las afectaciones más claras del cambio climático son las inundaciones. En este sentido, el gobierno recibió un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República que analiza los riesgos de la aplicación de medidas estructurales para controlar los desbordes del río Uruguay. La iniciativa se utilizará como insumo para mitigar las inundaciones y presenta respuestas a la comunidad que tras crecidas importantes del río reclaman, por ejemplo en Salto, realizar ciertas obras de infraestructura que ayuden a disminuir el riesgo en la ciudad.
El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto, Gabriel Rodríguez, explicó que en 2018 se firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería a los efectos de solicitar una opinión técnica objetiva en lo que respecta a posibles acciones a desarrollar en la costa del río Uruguay en el área.
Por otra parte, durante los próximos cuatro años se ejecutará un proyecto binacional aprobado por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, con fondos no retornables y participación de las intendencias de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro para elaborar y trabajar junto a Argentina en la adaptación de las ciudades y ecosistemas vulnerables del río Uruguay que incluye trabajo con las comunidades y la mejora en la comunicación de los sistemas de alerta temprana. Se trata de un proyecto por 14 millones de dólares que tendrá acciones en estos cuatro departamentos antes mencionados, entre ellas la transformación de zonas inundables en espacios públicos cuyos usos sean compatibles con las inundaciones.
La definición clara de las áreas inundables y su integración a los planes de ordenamiento territorial así como el desarrollo de políticas de realojo en zonas seguras y con los servicios básicos es algo en lo que el gobierno nacional y las intendencias están trabajando y en Paysandú está recorriendo y se ha materializado recientemente en la inauguración de viviendas para familias anteriormente residentes en áreas inundables, siendo necesaria también la resignificación de éstas para evitar su futura ocupación.
Es de esperar que en el marco del Plan Nacional de Cambio Climático y los proyectos regionales que puedan instrumentarse en un futuro próximo pueda ser incorporado en forma efectiva el tema de las alertas tempranas y la cooperación en situaciones de inundación profundizando, por ejemplo, el intercambio de información entre las redes telemétricas de Brasil y Uruguay.
La instrumentación de soluciones de adaptación y resiliencia ante el cambio climático es una cuestión compleja que supone inversiones de recursos y, en el caso de las ciudades conlleva procesos de ordenamiento territorial y consolidación urbana así como otros vinculados a la cambios sociales y culturales de la relocalización de grupos humanos en nuevas soluciones habitacionales. La gestión del territorio en escenario de variabilidad climática es una cuestión impostergable que requiere de iniciativa, estrategia y respaldo político importante así como de acciones vinculadas directamente a políticas públicas de largo plazo y asignación de recursos no sujetos a otras “variabilidades” no climáticas. Si no somos capaces de consolidar esos requerimientos será difícil fortalecer eficazmente la resiliencia de las ciudades costeras ante eventos extremos que es altamente que continúen y se incrementen en los próximos años.