La incorporación de las explotaciones forestales, estrechamente vinculadas a la producción de celulosa en el caso de Uruguay, ha sido un elemento revulsivo en nuestro país, que hasta más allá de la mitad del siglo pasado era denominado como “el país sin árboles”, porque tenía apenas una ínfima parte de su territorio con monte nativo, y apenas algunas plantaciones de especies como pino y eucalipto por emprendimientos privados como inversión a mediano y largo plazo.
A partir de la segunda mitad de la década de 1980, con la aprobación de la Ley de Desarrollo Forestal –solo se opuso el Frente Amplio en aquel entonces– crecieron explosivamente las superficies forestadas y hoy el propio gobierno de izquierda, en una postura completamente distinta, ha redoblado aquella apuesta que criticó y ha facilitado al extremo la radicación de la tercera planta de celulosa, como una tabla de salvación para nuestra deteriorada economía.
Enhorabuena el cambio de mentalidad y esta manifestación de cultura de gobierno, aunque naturalmente hay déficits todavía estructurales en este tipo de explotación que deben ser revertidos, más allá de que el uso de las zonas francas reduce sustancialmente la magnitud del reciclaje de recursos dentro de fronteras.
Desde hace años, aproximadamente el 70 por ciento del costo del producto forestal uruguayo está vinculado a la logística, con preeminencia absoluta del transporte, lo que es indicativo de la importancia que tiene la infraestructura de apoyo en estos emprendimientos. Tenemos además, como elemento demostrativo y agravante, que resulta más caro para los inversores el transporte de algunos cientos de kilómetros dentro de fronteras, desde los bosques en producción, que poner el producto a miles de kilómetros en los destinos de ultramar, como es el caso concreto de China.
Es sabido que en las cargas de gran volumen y bajo valor relativo, como la madera, el flete tiene una gran influencia en la ecuación final, pero da la pauta de cómo se debe trabajar criteriosamente, en forma coordinada y con inversión acorde, para potenciar emprendimientos que hasta hace un cuarto de siglo prácticamente no existían en el Uruguay.
Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde aquel 1988 en que se aprobó la Ley de Inversión Forestal, proyecto que contó con el apoyo de todos los partidos en el Parlamento, con excepción del Frente Amplio, que también se opuso luego a la instalación de la primera planta de celulosa de Botnia. Felizmente, casi treinta años después, en el marco de los cambios de actitud que implica la cultura de gobierno, no solo tiene otra postura sino que ha promovido la instalación de una tercera planta de celulosa por una inversión de más de 5.000 millones de dólares.
Los empresarios del sector dan cuenta que más allá de las coyunturas internacionales de precios, unos dos tercios de los costos del producto forestal se vinculan con la logística; y de éstos, el 70 por ciento corresponde a transporte y caminería, en tanto el 30 por ciento restante corresponde a cosecha.
Asimismo, si se consideran todas las actividades relacionadas con aspectos logísticos (cosecha, transporte, carga, descarga, playas de acopio, etcétera) para que la madera se transforme en celulosa, el costo alcanza el 50 por ciento del total.
Naturalmente, a ello debe agregarse lo necesario para llevar el producto a destino. En el caso uruguayo, hay factores que incrementan los costos, entre ellos la realidad vial del país, conjugada con la dispersión de los emplazamientos de los montes y el hecho de que la mayoría de los caminos no cuentan con tratamiento adecuado para las grandes cargas y por ende hay dificultades adicionales en duración y en mantenimiento.
En el caso de esta tercera planta, se trata de una inversión que implica un espaldarazo de gran importancia en una coyuntura económica complicada para el país –igual va tardar cierto tiempo su concreción– por cuanto en su construcción conlleva la generación de miles de puestos de trabajo en infraestructura de apoyo, para luego promover a la vez una dinámica de abastecimiento de materia prima y exportación que también resulta beneficiosa, aún con su problemática de aristas positivas y negativas, de acuerdo a la experiencia que surge de las otras dos plantas ya instaladas.
A los problemas de infraestructura que ya rodean a las dos plantas actuales, deberemos agregarle el adicional que implica una tercera, sobre todo en el campo de la logística, que es el nudo gordiano de toda producción que involucre materia prima de gran volumen y bajo valor relativo, donde los medios de transporte de menor costo –el ferrocarril y la vía fluvial– deberían tener una participación decisiva, que no es el caso en nuestro país, lamentablemente, aunque se incluye como apoyo en este último proyecto la incorporación del ferrocarril.
El costo del transporte está sujeto al modo en que se maneje la distancia, la carga neta y la velocidad promedio. Sumado a otros factores, estos costos de transporte terminan por ejemplo representando un 35 por ciento más que los de Finlandia, donde se ha incrementado la capacidad de carga por viaje.
A ello se agrega que el costo del combustible es por lejos el más alto de la región, incluyendo a Brasil, país vecino que también capta fuertes inversiones forestales y en muchos casos la distancia promedio de los montes a las fábricas es de unos 50 kilómetros, es decir cinco veces menos que en Uruguay.
Un elemento que obra en contra es que los camiones hasta ahora no han podido hacer los denominados “viajes redondos”, es decir que pueda retornar con carga hacia las zonas de emisión. Esto infla los costos y hace diferencia con otros países donde esta posibilidad se da por el ida y vuelta de mercaderías, al no tener el factor del centralismo y el efecto embudo de Montevideo sobre el resto.
En torno a esta problemática, es de compartir que el mayor desafío que tiene hoy el sector forestal es mejorar la competitividad, por ejemplo ante inconvenientes de nivel logístico y principalmente terrestre, donde pesa mucho la falta de trenes para transportar la madera.
Pero a la vez,en lo que refiere a los beneficios para el país, gran parte de lo que se produce en forestación se lleva como materia prima o producto semiprocesado hacia terceros países, donde sí se le aplican procesos industriales y se le da valor agregado, lo que significa puestos de trabajo, tecnología y precios finales.
En Uruguay toda esta riqueza sigue saliendo con un proceso mínimo, en el mejor de los casos, cuando se necesitan imperiosamente cadenas de valor, y nos encontramos con que el valor agregado para procesamiento de la madera en nuestro país es el gran debe del sector forestal en el Uruguay. Hasta ahora, mal que pese, no hay en danza proyectos significativos que permitan revertir este panorama, tanto en esta como en otras producciones primarias.
