(EL OBSERVADOR)
La población canina de Uruguay está estimada en 1,7 millones de perros y esa cifra no contempla a aquellos que no tienen dueño. La superpoblación es un problema reconocido por las autoridades, que por eso apostaron desde hace varios años por ofrecer castraciones gratuitas para evitar que los animales se sigan reproduciendo. Este trabajo está a cargo de la Comisión de Zoonosis, creada en la ley de presupuesto nacional de 2005, que no tiene recursos asignados y que se mantiene, básicamente, con lo que recauda por el pago de las patentes anuales. Por año, según las estimaciones de la comisión, se venden unas 100.000 patentes, a un valor actual de $615, sin embargo, unas 250.000 se entregan de forma gratuita a las poblaciones que no pueden pagar ese monto. En los 15 años que lleva operativa la comisión nunca se multó al dueño de un perro por no tener la patente al día, según reconocieron fuentes de la comisión consultadas por El Observador.
La normativa habilita a la comisión a aplicar una multa de 5 unidades reajustables, unos $ 6.000 al valor actual. Sin embargo, la vía administrativa suele ser extensa y requiere de la intervención del área jurídica de la comisión, lo que podría derivar en la Justicia, algo que en este tiempo nunca sucedió. Lo que suele hacer la comisión es notificar a los dueños, en rondas aleatorias a cargo de estudiantes avanzados de veterinaria, de que venció el plazo para pagar la patente del animal y que, para evitar la multa, deben adquirirla.
Este año, el plazo para comprar la patente venció el 30 de setiembre, después de una prórroga de un mes, ya que la fecha inicial era del 31 de agosto. La página de Facebook de la comisión informa constantemente sobre los vencimientos de la patente, así como de cuestiones de interés. Siempre que recuerda a los dueños que deben comprar la patente, lo hace advirtiendo que de esa manera evitarán la multa. El coordinador técnico de la Comisión de Zoonosis, Julio Sayes, explicó a El Observador que el organismo no tiene un “fin recaudador”, sino educativo y sanitario. El coordinador técnico de la comisión se mostró partidario de modificar la normativa que tiene que ver con la tenencia responsable de los animales, ya que la dependencia económica hace que “no pueda desplegar todo su accionar”.
OENEGÉ CRITICA A JUSTICIA ESPAÑOLA
(EFE)
La activista uruguaya Andrea Tuana, directora de la oenegé El Paso e integrante de la intersocial feminista, criticó el “salvaje” método utilizado por la Justicia española en el caso de una niña de siete años cuya madre deberá entregar la custodia al padre. Esto sucederá después de que una jueza de la localidad de Vielha (Lleida) ordenara a una mujer uruguaya entregar a su hija al padre biológico, después de que se la llevara a su país de origen y tras ser archivada una denuncia por malos tratos y abusos a la menor que presentó contra el progenitor.
Según explicó Tuana a Efe, la Justicia española rechazó todas las pericias del caso llevadas a cabo por su par uruguaya, así como también los informes de profesionales privados. La activista resaltó, además, que la Justicia de España está parada en el paradigma de una “seudoteoría que está prohibida de utilizarse”, que es el síndrome de alienación parental.
La niña y su madre viajaron a Uruguay en 2016, previo al archivo de la denuncia contra el padre. Al año siguiente, este inició una recogida de firmas en Lleida, donde reside, para recuperar a su hija, y denunció a su exmujer por llevarse a la menor. Ante este cruce de acusaciones, el caso acabó en un litigio internacional que resolvió que la mujer y su hija debían regresar a España, a donde llegaron en 2018.
Tras el archivo de las denuncias contra el padre, comenzó por la vía civil la disputa por la custodia de la menor, y el juzgado de Vielha falló el pasado 25 de setiembre que la guardia y custodia recaiga íntegramente en el hombre, aunque la patria potestad se mantiene para ambos progenitores. Por orden judicial, la entrega de la niña debía hacerse este viernes por medio del consulado uruguayo en Barcelona, donde la madre debía dejar a la menor para que el padre la recogiera. Sin embargo, pese a que la mujer cumplió con ello, el consulado se negó a entregarla por considerar que, en el marco del Derecho Internacional convencional y consuetudinario, el Estado uruguayo, y por ende su Misión Diplomática y Oficinas Consulares, está exento de la autoridad de la sentenciante, según subraya un comunicado de la Cancillería.
Por esto, la magistrada decidió que la entrega fuera el miércoles 9 de octubre en una oficina fuera del consulado.
