Paysandú necesita una zona franca

En un mundo cada día más globalizado y competitivo, los países buscan nuevas formas de colocar sus productos en los mercados internacionales, recurriendo para ello a diversos mecanismos, uno de los cuales es la producción de bienes y la prestación de servicios en áreas específicas denominadas zonas francas. Según la ley vigente en nuestro país en esta materia, las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, delimitadas y cercadas perimetralmente de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo y tienen por objeto la realización, en las mismas, de actividades industriales, comerciales o de servicios, con los beneficios previstos por las normas aplicables a este régimen.
De acuerdo con la información disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “el régimen de Zonas Francas en el Uruguay ofrece inmensos beneficios fiscales y a su vez otorga a los empresarios un camino eficiente para instalar y administrar sus emprendimientos, evitando largas esperas, elevados costos iniciales y procedimientos burocráticos innecesarios.
Este contexto, sumado a la estabilidad política y social del país, la cual se sustenta en los conceptos de soberanía popular, separación de poderes, multipartidismo y elecciones libres, periódicas y transparentes, hacen del Uruguay la mejor opción para la instalación de empresas con visión de futuro al amparo del Régimen Franco”. En una entrevista brindada el mes pasado en el departamento de Florida, el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dio un contundente y claro respaldo a este tipo al destacar que “las zonas francas ha sido un régimen especial que le dio muy buenos resultados al país, en materia de inversiones, de llegada de nuevos emprendimientos, de cambios en la estructura productiva, de modernización de la estructura productiva, así que creo que el balance de los resultados de las Zonas Francas ha sido muy bueno para el país”.
Tal como lo menciona el MEF en su página web, “los usuarios de las zonas francas están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en los que por ley se requiera exoneración específica, respecto de las actividades que se desarrollan en la misma.
Están exonerados, entre otros, de los siguientes tributos: Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), Impuesto al Patrimonio (IP), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especifico Interno (Imesi) e Impuesto al Control de las Sociedades Anónimas (Icosa). Adicionalmente, se debe mencionar que por disposición legal los monopolios de los servicios del dominio industrial y comercial del Estado (Antel, UTE, etcétera) no rigen en las zonas francas.
El Instituto Uruguay XXI, por su parte, ha dejado en claro que “las zonas francas de Uruguay tienen un importante rol en la diversificación de las exportaciones, así como también en la captación de inversiones y la generación de empleo calificado. Las exportaciones totales de bienes de Uruguay en 2018 fueron U$S 9.036 millones, de los cuales aproximadamente el 28% fue enviado al exterior desde alguna de las 11 zonas francas de Uruguay.
Por otro lado, las exportaciones de bienes desde Uruguay a las zonas francas explicaron el 13% de las colocaciones totales de 2018, correspondientes a U$S 949 millones. Las grandes inversiones que se han realizado en estos espacios, favorecidas por el marco normativo vigente, han sido el motor de su desarrollo. En base a datos del Área de Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión total acumulada superó los U$S 5.745 millones entre 2005 y 2014, mientras que en 2017 la inversión total en zonas francas fue de U$S 224,64 millones. La contribución de las zonas francas al PBI es creciente y en 2017 fue de aproximadamente 4,8%”.
Sin lugar a dudas la realidad respalda las afirmaciones del Ministro Astori. En efecto, el Censo de Zonas Francas publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de octubre de 2018 destaca que el número de trabajadores que cumple funciones en las mismas pasó de 9.742 trabajadores en el año 2009 a 14.096 en el año 2016.
Otro de los aspectos llamativos de las zonas francas es la edad de quienes trabajan en las mismas ya que, según el informe mencionado se distribuye de la siguiente forma: 36,21% tienen entre 15 y 29 años; 51,59% tienen entre 30 y 49 años; 11,29% tienen entre 50 y 64 años y 0,91% tienen 65 años y más; para el Ministerio de Economía y Finanzas, “se puede extraer de este análisis que las zonas francas emplean mano de obra más joven que el resto de la economía”. En cuanto a la actividad desarrollada por el personal dependiente, el informe del MEF muestra que el 72,69% lo hace en el sector servicios, 16,38% en el sector comercio y 10,93% en el sector industrial. Otro tema importante que merece ser destacado es el nivel salarial de que generan las once zonas francas existentes en nuestro país, ya que el promedio es de 3.133 dólares mensuales, existiendo cinco de ellas que pagan sueldos por encima de ese promedio mensual.
Queda clara la importancia que las zonas francas tienen no sólo para la economía de nuestro país sino también para la generación de empleos de calidad dentro de un marco claro y efectivo de respeto y ejecución de trabajo decente. Si reconocemos eso, la pregunta que deberíamos hacernos todos los sanduceros es por qué no hemos logrado que se instale una zona franca en nuestro departamento, teniendo en cuenta que su
régimen se encuentra vigente desde el año 1923. O sea: pesar de haber tenido una época de fuerte desarrollo industrial que comenzó en la década de los años 40 del siglo pasado, Paysandú no cuenta con una zona franca mientras que otros departamentos sí han logrado ese objetivo. Se trata nada más y nada menos que de 96 años en los cuales los sanduceros no fuimos capaces de concretar una iniciativa de tales características. En efecto, a pesar de que durante décadas EL TELEGRAFO ha defendido, desde esta misma página editorial, la instalación de una zona franca en nuestro departamento, su concreción continúa siendo uno de los pendientes para transformar a Paysandú en un polo logístico nacional, regional e internacional en el cual se combinen el transporte fluvial, carretero y por ferrocarril, y por qué no, aéreo si fuese necesario.
Es hora de que los sanduceros entendamos la importancia de contar con una zona franca y de las ventajas brindaría a nuestro departamento. Se trata de una tarea que debe ocupar y preocupar a los distintos actores locales que tengan relación con esta materia para que asuman su rol en un proceso que podría revolucionar la economía departamental. Estamos convencidos que se trata de un cambio que Paysandú necesita y merece, y que existen en el departamento los recursos humanos y las capacidades empresariales para concretar esa iniciativa. Debemos poner manos a la obra cuanto antes, porque se trata nada más y nada menos que de la creación genuina de fuentes de trabajo, algo que por cierto no abunda en este momento en nuestro departamento.