Reducir el riesgo

En Uruguay, los riesgos de emergencias y desastres, sean de origen natural o humano, han sido históricamente invisibilizados. Por mucho tiempo sentimos que estábamos a salvo de emergencias y desastres. Sin embargo, no vivimos en una burbuja y las tormentas severas, las graves sequías e inundaciones así como tornados que han hecho importantes estragos y se han llevado vidas humanas, han ido incorporándose paulatinamente a la percepción social y han llevado a la planificación y la búsqueda de soluciones para hacer frente a diferente tipo de vulnerabilidades.
Uno de los instrumentos –y seguramente el principal– del nuevo escenario de gestión de riesgos en el país es el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el cual ha venido desarrollando una importante labor en todo el territorio nacional para atender múltiples y diversas situaciones, con apoyo de los comités departamentales conformados por instituciones y organizaciones locales.
En este mes se cumplen 10 años de la creación –por ley– del Sinae, hecho que se recuerda en el marco de la segunda edición de la Semana de la Reducción de Riesgos, fijada entre el 30 de setiembre y el próximo viernes 4 de octubre en consonancia con el Día Internacional para la Reducción de Desastres (DIRD), establecido el 13 de octubre de cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de sensibilizar en torno a las emergencias y los desastres.
En este marco y desde hace 30 años, en diferentes partes del mundo se desarrollan distintas iniciativas para promover comunidades y naciones más resilientes.
En América Latina, la gestión del riesgo es algo relativamente nuevo, que tiene apenas dos décadas de desarrollo.
Lentamente, los países han pasado de la tradicional percepción fatalista de los desastres a una más integral, que se entiende como la probabilidad de pérdidas y daños futuros asociados a una interacción entre la ocurrencia de eventos físicos dañinos y la exposición y la vulnerabilidad social.
Esto implica no sólo la preparación para la respuesta una vez ocurrida la emergencia sino también un proceso activo de transformación de los riesgos atendiendo a los niveles de desarrollo y seguridad de las comunidades afectadas dado que, aunque el desencadenante sea un fenómeno natural –como el viento, las inundaciones o la sequía–, el impacto y gravedad del daño sufrido en infraestructura, bienes materiales, aspectos económicos y vidas humanas dependerá en gran medida de cómo esa comunidad esté preparada para gestionar y enfrentar el riesgo.
El Sistema Nacional de Emergencias fue creado por decreto en 1995 con un enfoque emergencista y centralizado. En 2009 la Ley 18.621 lo consagró como un sistema nacional de carácter permanente, descentralizado e interinstitucional, del que son parte todos los niveles de gobierno y que tiene por objetivo la protección de las personas, los bienes de significación y el ambiente frente a situaciones que puedan derivar en emergencias o desastres.
Actualmente, la gestión integral del riesgo es un proceso coordinado entre varias instituciones para prevenir, responder y apoyar la prevención, rehabilitación y recuperación frente a eventuales desastres. Se trata, como dijo su director, Fernando Traversa, de un sistema diseñado para trabajar interinstitucionalmente los 365 días del año “no solo en forma reactiva, cuando ocurren los eventos, sino también en forma preventiva, para reducir los riesgos y así disminuir los posibles impactos”.
En este sentido, la información y capacitación de los ciudadanos se vuelven aspectos de vital importancia para enfrentar una emergencia. Por eso, es una buena noticia el desarrollo de herramientas para generar y registrar información de forma homogénea y en concordancia con los estándares internacionales. Para lograrlo, con apoyo del programa Global Innovation Facility de PNUD, se desarrolló el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA) que será presentado hoy jueves en Montevideo. Se trata de un sistema web que permite relevar datos sobre eventos de emergencia y generar mecanismos de difusión de información a las personas afectadas. Se complementa con una aplicación móvil que permitirá el registro de las personas autoevacuadas y sus familias, las que podrán cargar información de su propia familia o de otra.
Esta prestación tiene como objetivo contribuir a agilizar la gestión de los eventos de emergencia por parte de las instituciones que conforman los Comités Departamentales de Emergencia (CDE) y por este medio las personas podrán declarar el grado de afectación de las viviendas, los bienes y servicios.
Otro avance en lo que respecta a la gestión, es la firma del convenio de cooperación con Antel por el cual ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o riesgo para la población del país, se emitirá mensajes SMS para advertir a la población de la zona afectada.
Al igual que acontece en otras partes del mundo donde este tipo de avisos son una medida común en los protocolos de emergencia, también se emitirán recomendaciones de acuerdo a criterios de alerta temprana, lo que le permitirá a las personas tomar medidas de autocuidado así como también acciones por ejemplo de autoevacuación.
Asimismo, congratula saber que ya son más de 3.000 los niños que concurren a escuelas rurales que han participado en instancias de sensibilización y capacitación en promoción de una cultura preventiva y que, por otra parte, también se está trabajando con comunidades rurales de diferentes municipios.
En nuestro departamento por ejemplo, en el marco del proyecto denominado “La Gestión Integral de Riesgo Paysandú, tierra adentro”, en agosto se realizaron capacitaciones en las localidades de Cerro Chato y El Eucalipto, Quebracho, Lorenzo Geyres, Chapicuy, Porvenir, Piedras Coloradas, Tambores y Guichón para brindar herramientas tendientes a fortalecer la institucionalidad en reducción del riesgo de desastres y promover la gestión integral de riesgo como estrategia de protección para la salud y el ambiente.
En materia de gestión de riesgos, si bien es necesario estar preparados para atender una emergencia no es menos importante conocer y evaluar cuáles son las condiciones del entorno y determinar vulnerabilidades y el tipo de exposición ante posibles amenazas. Para eso es imprescindible informarse, aprovechar las nuevas herramientas disponibles y, llegado el caso, actuar según los protocolos establecidos como parte de una responsabilidad ciudadana que debemos compartir ante un panorama de vulnerabilidades sobre los que todos debemos tomar mucha más conciencia.