Diciembre se asocia habitualmente a momentos clave del año como las fiestas tradicionales, el inicio del verano y la temporada de playas, el comienzo de las vacaciones escolares y hasta el aguinaldo. Más difícil es reconocerlo como el mes de la Discapacidad.
En este sentido, la conmemoración se extiende a todo el último mes del año como extensión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el día 3, fecha proclamada en 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992).
Como suele ocurrir, este tipo de fechas es motivo de balances en cuanto a lo actuado durante el año tanto a nivel de las organizaciones gubernamentales con injerencia en el tema como también en organizaciones de la sociedad civil que, muchas veces en silencio y con una labor que suele quedar un tanto solapada en la agenda pública, trabajan sostenidamente por mejorar la calidad de vida de miles de uruguayos que tienen algún tipo de discapacidad.
A nivel del Estado en los últimos años ha habido una serie de normas e iniciativas que representan algún grado de atención a los múltiples problemas diarios que deben resolver estas personas y sus familias. En algún caso, esos apoyos o soluciones han venido desde el Plan Nacional de Cuidados, como es por ejemplo la posibilidad de contar con asistentes personales durante algunas horas del día o la facilitación de ayudas técnicas. Por ejemplo, el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, creado en 2009 con aportes de especialistas cubanos, pasó de recibir 30 peticiones por mes a 500 en los últimos cinco años, según lo informado por la titular del Programa Nacional de Discapacidad del Mides, Begoña Grau. Se trata de un laboratorio estatal, único en América del Sur, que invierte 1,5 millones de dólares al año y proporciona prótesis, férulas y todo tipo de ayuda de modo gratuito.
A nivel normativo también ha habido avances importantes tendientes a la eliminación de barreras, la inclusión educativa y laboral, aunque no siempre el reconocimiento de derechos y establecimiento de determinadas normas en beneficio de las personas con discapacidad van aparejadas en cambios concretos en el ámbito social, laboral o educativo dado que siguen siendo un gran cuello de botella la asignación de recursos, inclusión de infraestructura y equipamientos que permitan una inclusión e integración real de las personas con discapacidad.
Solo por tomar el caso de la discapacidad más frecuente, la baja visión –hay 311.926 uruguayos con baja visión y 4.219 son ciegos totales– la accesibilidad a la educación y en particular al acceso a la información contenida en los materiales de estudio, son un tema incipiente y complejo que recientemente ha sido incluido en la normativa nacional.
Uruguay fue el primer país latinoamericano que adhirió al Tratado de Marrakech, que busca facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos, lo que permite resolver las barreras legales existentes e incorporar en las leyes lo que se denomina “excepciones al derecho de autor para personas con discapacidades”.
Posteriormente el Poder Ejecutivo aprobó, por decreto, un protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.651, del año 2010, que afirma que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, la reeducación y la formación profesional.
El decreto es aplicable a todos los centros educativos que integran el sistema nacional de educación pública y privada y comprende a los servicios de educación infantil privados y a los centros de educación no formal habilitados por la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, así como a bibliotecas públicas y privadas.
El protocolo abarca aspectos referidos a la accesibilidad física y el diseño y desarrollo universal de estrategias de apoyo académico para personas con discapacidad y adecuación curricular, prácticas pedagógicas y didácticas, accesibilidad en instalaciones, mobiliario, material didáctico, herramientas y equipos de trabajo.
En cuanto a los materiales y documentos, el decreto hace referencia a que se debe asegurar la accesibilidad a los sitios web de las instituciones educativas, que los estudiantes puedan acceder a las aulas virtuales y el material en formato electrónico debe ser legible en el software de ampliación de pantalla o de texto a voz, entre otros recursos.
Evidentemente, muy poco de esto existe en la amplia mayoría de centros educativos y bibliotecas del país, no por mala voluntad de estos lugares de estudio y acceso a la información, sino simplemente porque no se han dado las condiciones materiales y financieras para prestar esos servicios y apoyos.
También hay leyes que aseguran la participación de ciudadanos con discapacidad en la actividad laboral. En este sentido celebramos la reciente reglamentación de la Ley 19.691 de Promoción del trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado.
No obstante, la inclusión laboral es también un campo en el que no solo las empresas privadas sino también las públicas –que cuentan con normativa al respecto desde hace varios años–, deben avanzar, dado que buena parte de éstas no cubren el 4% de sus vacantes con personas con discapacidad como lo establece las leyes y normas vigentes. Es que a veces la voluntad está, la ley existe, pero ponerlo en práctica puede resultar difícil o incluso inviable.
Sin embrago los organismos públicos no pueden aducir problemas presupuestales para explicar la falta de cumplimiento respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en su plantilla, dado que el Estado ha incluido en los últimos años en la Rendición de Cuentas partidas presupuestales a tales efectos.
No es ninguna novedad –y menos para las personas y familias con integrantes con discapacidad– que la inclusión laboral, social y cultural de las personas con esta condición es una cuestión compleja, pero a la vez es inadmisible que se continúe jugando con las expectativas y necesidades de un sector amplio de la población que, por sus circunstancias personales, vive en condición de mayor vulnerabilidad y teniendo el derecho consagrado por ley de aspirar a un trabajo o acceder a la educación, no siempre puedan hacerlo. La inclusión es un camino largo, pero no seguir caminando en ese sentido, es algo que no puede siquiera ponerse en consideración.