Presentaron libro sobre la nueva planta de UPM

La presentación contó con la participación de dos de los autores, William Yohai y Víctor Bacchetta.

Cuando se instaló la primera planta de celulosa en el país –perteneciente a la empresa Botnia y luego vendida a UPM– se disparó el debate sobre la contaminación ambiental que generaría la pastera entre aquellos que la negaban y los que entendían que era inevitable.
La construcción de la segunda planta de UPM, en cambio, centró la discusión en los contratos secretos firmados entre el Estado uruguayo y la empresa finlandesa, y una vez conocidas partes de los mismos, en las razones que llevan a considerar que se trata de un proyecto bueno para el país, cuando todo indica que además de los posibles perjuicios al medio ambiente, los beneficios obtenidos serían más bien escasos.
Para conversar sobre el asunto y presentar el libro de investigación denominado “La entrega. El proyecto Uruguay-UPM”, estuvieron en la sede de la Sociedad Suiza dos de los autores del mismo, quienes desplegaron datos y argumentos sobre lo que económica, legal y ambientalmente, trae aparejada la instalación de esta nueva fábrica de celulosa.
UNA INVERSIÓN QUE PLANTEA DUDAS
“La única concesión que hizo el Estado uruguayo para que se instalara la planta de la ex Botnia, fue darle una zona franca, o sea exencionar de aportes a la empresa. El contrato para la nueva pastera es mucho peor, porque desde el punto de vista económico implica que el Estado uruguayo estaría financiando, en un cálculo conservador, el 60% del total de una inversión que ronda los 7.600 millones de dólares”, asegura William Yohai, uno de los autores de “La entrega”.
Esos 4.600 millones de dólares que colocaría Uruguay se destinarían al pago del ferrocarril, a un fondo de estabilización energética aprobado en la última rendición de cuentas, a la construcción de un viaducto sobre los accesos al puerto de Montevideo, al costoso dragado de ese mismo puerto, y a obras de vialidad como puentes y caminos en la zona de influencia de la nueva planta, entre otros.
“Sobre los costos del tren se ha mentido sistemáticamente. Se empezó diciendo que costaba 700 luego se dijo que 800, y finalmente empezaron a hablar de algo más de mil. No se dice que eso es lo que le cuesta a la empresa que lo construye pero que esa empresa, al Estado, le cobra más del doble, unos 2.400 millones de dólares. Otra cosa difícil de digerir y que está documentado, es el contrato eléctrico por el que UTE pagará desde que empiece a funcionar la planta y durante veinte años, 72 millones de dolares para comprar una energía producida por UPM que el ente nacional no necesita, en la medida que solo está utilizando hoy, el 65 % de su capacidad instalada. Esto genera un gasto de otros 1.450 millones de dólares para adquirir una energía con la mira puesta en la exportación a sólo dos posibles clientes: Argentina y Brasil. Algo muy raro que suponemos es un subsidio encubierto para la empresa”, reflexiona Yohai.
Los 3.000 millones de dólares que invertiría UPM son el principal argumento para justificar las utilidades que dejará la nueva fábrica. Del total de ese dinero, 800 millones se destinarían al puerto y efectivamente contribuirían a mejorar el país; el resto es maquinaria que va a venir importada y que se va a instalar acá, pero que no va a provocar un impacto directo en la economía. Los salarios pagados a cerca de 3.000 trabajadores mientras dure la construcción de la planta -unos tres años-, sí serían un beneficio que no se puede desconocer, al igual que la adquisición de materiales de construcción necesarios para edificar la planta.
FLUJO MÍNIMO
El contrato firmado entre el Estado uruguayo y UPM, que se divulgó el 7 de noviembre de 2017, incluye plazos absolutamente perentorios para todos los permisos de proyectos coligados, desde la autorización de la zona franca, de la terminal portuaria, y del tren, hasta las autorizaciones de cada uno de los proyectos forestales que pueda requerir la planta o firmas asociadas.
“A medida que se fueron desarrollando las evaluaciones y finalmente las habilitaciones que hoy ya están adoptadas, la Dinama transgredió todas las formas razonables, adecuadas y utilizadas hasta ahora para evaluar distintos proyectos. Apremiados por cumplir los plazos a los que se había comprometido el gobierno, se fueron dando habilitaciones por separado, para un proyecto que si llegara a afectar el ecosistema, lo haría de conjunto”, señala Víctor Bacchetta, otro de los autores del libro.
En opinión de Bacchetta, “el gobierno uruguayo no fue quien definió si el lugar para instalar la planta era el adecuado, ni hizo ninguna evaluación ambiental de ningún tipo porque en realidad, este proyecto fue definido y estudiado por UPM, y fue la propia UPM la que decidió que ese era el lugar”.
A partir de allí se empieza a producir el fenómeno de alteración de la normativa para cumplir con las decisiones de la empresa, como por ejemplo, la que establecía que en suelo rural no podía instalarse una industria, y que obligó a modificar la categoría del suelo, violentando toda la normativa especialmente detallada sobre las condiciones para la recategorización, de la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobada y sancionada en el año 2008, precisó.
En ese decreto de habilitación de la planta de celulosa –al que los autores del libro accedieron dos meses después, luego de que UPM informara sobre su decisión de inversión– se hace referencia a un informe técnico de la Dinama fundamentando tal habilitación, donde se dice que no está definido el sistema de dilución de los efluentes de la planta, el principal impacto ambiental de la operativa de una pastera de estas características.
“Se trata de la industria que mayor cantidad de agua consume en el mundo, que en este caso piensa producir el doble de lo que produce la planta ya existente, y que para ello necesita un consumo diario de 136 millones de litros de agua. Si se considera que una persona consume 130 litros de agua por día, el consumo de la pastera equivale a una población de más de un millón de habitantes diariamente. Del agua utilizada, luego devuelve 107 millones de litros de un efluente con componentes químicos y orgánicos que, para no agravar el alto grado de contaminación que ya padece el río Negro, según los indicadores oficiales, debe ser diluido más de cincuenta veces. De ahí que en este contrato surge algo que no aparecía en el contrato de la primera planta: el flujo mínimo para la operación”, explica Bacchetta.
A diferencia de la planta instalada sobre el río Uruguay, que cuenta con un caudal de agua diez veces mayor al que posee el río Negro, la nueva planta debe obtener de algún lado el agua faltante, y dado que en las cercanías se sitúa el lago del Rincón del Bonete, todo parece indicar que con ese embalse, se dará garantía al flujo mínimo que exige el contrato.
“En agosto hay un nuevo decreto que modifica la normativa de la gestión de los embalses en el río Negro, quitándosele la prioridad de la gestión del agua de los embalses y la prioridad del destino de esa agua para la gestión de la energía eléctrica, con lo cual quedarían a disposición de UPM, si como se supone, habrán de requerirse para su funcionamiento”, asevera.
“El pasaje del tren por zonas densamente pobladas también violenta otras normativas. El convoy va a ir cargado de celulosa de Paso de los Toros al puerto, y todos los días regresará cargado de productos químicos como soda cáustica y ácido sulfúrico, altamente peligrosos para las poblaciones aledañas al pasaje del tren, si llegara a ocurrir algún accidente”, agrega el investigador.