Fue presentado el informe “Educación y afrodescendencia en territorios de frontera norte”, un trabajo que recoge experiencias, percepciones y aportes de instituciones, organizaciones sociales y comunidades de Rivera, Artigas y Cerro Largo, con el objetivo de comprender las brechas educativas que afectan a la población afrodescendiente y generar herramientas para fortalecer las políticas públicas.
El estudio fue impulsado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), a partir del trabajo del Grupo sobre Educación y Afrodescendencia en Territorios de Frontera.
Entre marzo y junio de 2026 se desarrollaron jornadas de intercambio en los tres departamentos, donde participaron autoridades educativas, equipos técnicos, organizaciones de la sociedad civil y referentes comunitarios. Estos encuentros permitieron identificar las principales barreras que enfrenta la población afrodescendiente para acceder y permanecer en el sistema educativo.
ACCIONES PRIORITARIAS
El informe plantea una serie de acciones prioritarias para reducir las desigualdades detectadas. Entre ellas, propone la creación de un protocolo antirracista obligatorio para todos los subsistemas de la Anep, avanzar hacia políticas de reparación histórica más integrales y mejorar la generación de información sobre las trayectorias educativas de estudiantes afrodescendientes en la frontera.
También recomienda eliminar prácticas de discriminación vinculadas a las formas de hablar propias de la región, descentralizar la toma de decisiones y los recursos hacia los territorios, y desarrollar políticas específicas para adolescentes y jóvenes afrodescendientes, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de sobrecarga de tareas de cuidado o monoparentalidad.
El documento además plantea la necesidad de combatir la hipersexualización y los estereotipos que afectan a las mujeres afrodescendientes, fortalecer la incorporación de los saberes afro en los procesos educativos y adecuar las ayudas económicas a las condiciones sociales y geográficas de las familias de frontera. Asimismo, propone una respuesta coordinada frente al avance del microtráfico, el consumo problemático de drogas y la violencia que impactan en las comunidades educativas.
EXCLUSIÓN
Durante la presentación, realizada en la sede de la Inddhh, el presidente de la Anep, Pablo Caggiani, sostuvo que “Uruguay posterga a determinados grupos poblacionales por ser afro” y afirmó que el sistema educativo todavía reproduce mecanismos de exclusión. En ese sentido, destacó la importancia del informe e invitó a docentes y autoridades a utilizarlo como una herramienta para impulsar cambios.
La subdirectora general de Educación Secundaria, Sandra Peña, señaló que la discriminación no es un problema exclusivo de la frontera norte, sino una realidad presente en todo el país, y valoró el informe como una hoja de ruta para orientar futuras acciones.
Por su parte, la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes del Mides, Leticia Rodríguez, remarcó la necesidad de comprender la historia de la región y los procesos de esclavitud y abolición que marcaron la conformación de la población afrodescendiente en la frontera.
EN TERRITORIO
La subsecretaria del MEC, Gabriela Verde, destacó el enfoque territorial del estudio y afirmó que la metodología utilizada permitirá mejorar la toma de decisiones desde una perspectiva más cercana a las realidades locales.
En la misma línea, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, señaló que el documento constituye un aporte relevante para continuar fortaleciendo las políticas educativas vinculadas a la cultura afrodescendiente.
La directora de la Inddhh, Carmen Rodríguez, también valoró el trabajo realizado y advirtió sobre las desigualdades que existen entre departamentos en el acceso a recursos, una situación que repercute, entre otros aspectos, en el transporte hacia los centros educativos y en el desarrollo de políticas sociales.
Las recomendaciones incluidas en el informe serán analizadas en el ámbito del Sistema Nacional de Educación, a través de la Comisión de Derechos Humanos y del proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.
Tras la presentación se desarrolló una mesa técnica en la que el equipo responsable expuso la metodología utilizada, los criterios para la selección de los territorios y los principales hallazgos del estudio.
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