Una contradicción que deberá resolver el próximo gobierno

El presidente Tabaré Vázquez protagonizó los titulares de los noticieros en las últimas semanas de 2018, al presentar un proyecto de ley para que los medicamentos que no están previstos en el Fondo Nacional de Recursos no sean contemplados, aunque así lo resuelva la Justicia.
Argumentó su iniciativa en la creciente cantidad de demandas y amparos judiciales presentados para acceder a medicamentos o tratamientos de alto costo, en tanto considera que corre riesgo la sostenibilidad del fondo. Ante el razonamiento –atendible, digamos– que en tres períodos de gobierno no hubo voluntad política para un blindaje de este tipo, el mandatario se limitó a responder: “todo tiene un tiempo. Lo dicen las sagradas escrituras. Hay un tiempo para reír y otro para llorar”.
Esta propuesta, que solicitó fuera incluida en la ley de urgente consideración que presentará el presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue recibida con apatía en su interna cercana. Sin embargo, la respuesta a través de las redes sociales, prometió un estudio detenido de este proyecto junto a otros de corte medioambiental.
El ambiente parlamentario definió que el proyecto es oportunista, aunque –tal como lo repiten otros integrantes del Poder Ejecutivo– este gobierno continuará hasta el 29 de febrero y en el legislativo hasta antes del 15 del próximo mes. Las mayorías necesarias están al alcance de su mano y, si es verdad que tiene el liderazgo político suficiente, entonces debería hacer algo. El problema es que el Fondo Nacional de Recursos pierde los juicios presentados por pacientes y se ha visto obligado a pagar por medicamentos o tratamientos que no figuran en su lista, pero que –de acuerdo a la cátedra– mejoraría la situación sanitaria del usuario.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo –a través de la web de Presidencia– reiteró el incremento presupuestal y de fármacos que contiene el fondo desde 2005, cuando se destinaban 300.000 dólares contra los 40 millones asignados en el presente período.
En cualquier caso acceden a este recurso, precisamente, quienes menos tienen y no cuentan con la posibilidad de financiar tratamientos de mayores costos. Pero, tal como lo dijo el presidente, hubo “un tiempo de llorar”. Es muy importante recordar que Vázquez llega a esta instancia, después que a la propuesta no fuera votada por el Frente Amplio.
Hagamos un poco de historia. En 2015, los legisladores discutían el presupuesto para el siguiente quinquenio y el presidente propuso un artículo que estableciera que ni el Estado ni las instituciones de atención a la salud –públicas o privadas– fueran responsables de pagar tratamientos no incluidos en la canasta establecida. Así comenzaba el debate por la judicialización de la salud. Ese hierro caliente fue corriéndose de mano en mano, cada año, hasta llegar a mediados del 2018.
Sin resolución sobre ese tema, la bancada frenteamplista estaba de acuerdo en quitar el polémico artículo (188) de la Rendición de Cuentas, que limitaba los juicios y recursos de amparo. El entonces coordinador de bancada, Alejandro Sánchez, anunció que se quitaría del articulado porque no había un solo diputado a favor de la propuesta. La promesa era volver a tratar ese tema con tranquilidad y que ingresara por otra vía, por ejemplo, la comisión de salud parlamentaria.
Durante la discusión presupuestal, los legisladores entendían que ese artículo no resolvía el problema de fondo, y a la vez, reconocían el derecho a la salud y tratamientos de los usuarios.
Finalizó el 2018 sin su tratamiento y el 2019 prometía una campaña electoral muy intensa, con la mente y el esfuerzo del sistema político en otras cosas. Por lo tanto, también pasó ese año. Ahora viene Vázquez a explicar las razones de su propuesta y pasar esta mochila al próximo gobierno.
Hasta ahora es el Ministerio de Salud Pública quien resuelve si otorga o no un medicamento o tratamiento de alto costo. Previamente la cátedra de Medicina y sociedades científicas son consultadas sobre las técnicas necesarias, a juzgar por la cantidad de personas que se benefician y por su eficiencia en la salud de los pacientes. También es la razón por la cual el abogado Juan Ceretta definió como “una trampa vergonzosa” la afirmación de Vázquez, en conferencia de prensa, porque las cátedras no recomendaron algunos medicamentos reclamados por los usuarios por la vía judicial.
Es que el ministerio pide a los catedráticos que prioricen los fármacos científicamente probados y que sean utilizados para una mayor cantidad de personas. Y “no priorizar” en los hecho es “no recomendar” los que puedan resultar demasiado onerosos para el Estado. Por lo tanto, nuevamente, las interpretaciones del idioma nos juegan una mala pasada en temas de sensibilidad política y social. Por otro lado, las autoridades ministeriales hacen hincapié en las rebajas sustanciales de los precios de los fármacos en el último período. Esto forma parte de las decisiones estratégicas de nuestra región, en tanto Uruguay integra el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, junto a decenas de países.
Cada gobierno plantea sus necesidades, negocian con las empresas y la OPS lleva adelante la compra conjunta. Dadas las características poblacionales, Uruguay se beneficia en comparación a otros más densamente poblados y con mayor demanda. No es magia, es criterio. Y un ejemplo claro lo puso el propio el gobierno cuando ejemplificó que antes adquirían los medicamentos para la hepatitis C a 80.000 dólares y hoy lo hace a 4.050 dólares.
Mientras un médico de profesión –que padece una patología cuyos tratamientos son caros– discute por plata, los magistrados y expertos en leyes aseguran que la salud está por encima del dinero. Sin dudas un tema muy polémico que deberá resolver el próximo gobierno.