Mucha agua ha corrido bajo el puente –muchas cosas han pasado, realmente, y no buenas– desde que el 1º de marzo de 2005 asumiera como primer ministro de la cartera Interior del Frente Amplio, José Díaz, quien se desempeñara en el cargo hasta 2007, para aplicar desde el vamos en la secretaría de Estado el ABC del manual de la izquierda, la premisa de que la delincuencia es generada por el capitalismo, por la sociedad injusta, y que por lo tanto quien delinque es una víctima que está dando un poco de su propia medicina a aquellos que lo han destratado y ninguneado durante toda su vida.
Y como buen alumno de esa doctrina, el exministro un día no tuvo mejor ocurrencia que abrir las puertas de las cárceles para unos 800 reclusos, para devolverlos a la sociedad, en el entendido de que, como víctimas, no debían estar un minuto más entre las paredes de los recintos carcelarios, haciendo aún más grave la injusticia.
Esta ingenuidad se sostiene en que en lugar de enmarcar los hechos en la realidad, quien así piensa considera que hay que acomodar la realidad a través del relato. Por supuesto, tras intentos retóricos y retorcidos de convencer a los sufridos ciudadanos uruguayos de que tener a los delincuentes sueltos era lo mejor, pese a que éstos salieron a “ponerse al día” en sus tropelías, la situación caótica y el gravísimo error del ministro obligó al entonces presidente Tabaré Vázquez a su relevo en el cargo.
Pero claro, el cambio de personas ante el fracaso de la gestión no necesariamente implicó que se hubiera tomado por otro camino. Sólo se trató de cambiar la cara del hombre frente al ministerio pero se mantuvo la línea de pensamiento de que el delito es en esencia el producto de la injusticia social, con la expectativa de que en poco tiempo se iba a lograr revertir la situación como resultado de las exitosas políticas sociales del gobierno del Frente Amplio.
La historia es archiconocida por todos: las supuestas políticas sociales, lejos de revertir el proceso de deterioro en valores, no desestimuló la delincuencia, y la impunidad por la “mano blanda” y el “pobrecitos” recayó sobre las espaldas de los vecinos honestos, de los que se han formado en otros valores, los que procuran obtener el sustento con su propio esfuerzo, que han padecido los ataques sistemáticos de delincuentes cada vez más violentos. Así, han debido enrejarse en sus propios hogares y buscar mil y una formas de protegerse ante un Estado que solo prometía soluciones, pero que no ha tenido respuestas y es desbordado por los delincuentes envalentonados.
Es cierto, además de la decadencia en valores y estas políticas delirantes, también se ha contado con una legislación y un talante permisivo en la administración de la Justicia, además de aquellos aspectos en los que se legisló en base a grupos de presión representativos de sectores minoritarios que han hecho valer sus “lobbies” a la hora de luchar por sus derechos, aunque en gran medida ello se ha logrado postergando los de los demás.
En suma, esta situación se ha ido desarrollando a lo largo de los tres períodos de gobierno del Frente Amplio, incluyendo el cambio de actitud que en alguna medida, ha tenido el exministro Eduardo Bonomi, cuando reconoció que hay una delincuencia sistémica y que se reproduce al margen de cualquier mejora social. Pero al mismo tiempo la izquierda se ha negado a que se aplicara mano firme y sigue reivindicando a capa y espada los derechos de unos, los antisociales, aunque ello sea a costa de la calidad de vida de los ciudadanos honestos que con su trabajo, su esfuerzo diario, son agobiados por la delincuencia que sigue actuando a sus anchas.
Sin dudas en gran medida la derrota de la coalición de izquierdas en las últimas elecciones, se explica por el saldo negativo en materia de seguridad, y esto es así porque los perjudicados no son los “capitalistas de derecha”, los “oligarcas”, los que “tienen plata” sino todos los uruguayos, incluso los que históricamente han sido frenteamplistas; y en especial los trabajadores que luchan por lograr su sustento a través de un pequeño almacén que ha sido rapiñado varias veces, o el repartidor asalariado que fue asaltado, o el ciudadano de a pie que no tiene una “4×4” para escapar de los malandras ni un guardia de seguridad en la puerta de su casa. En definitiva los más perjudicados por la inseguridad son los que menos tienen, el “pueblo” al que la izquierda dice proteger.
Es por eso que ahora la ciudadanía espera un cambio de actitud y sobre todo de resultados en la lucha contra la delincuencia, más allá de los “cucos” a que apelan los sectores radicales de izquierda en el sentido de que se viene el “gatillo fácil” en la Policía.
Precisamente a pocos días de iniciar su gestión, el futuro ministro del Interior, nuestro conterráneo Jorge Larrañaga, se reunió con los 19 jefes de Policía designados por el gobierno entrante. En el encuentro, las futuras autoridades de esa cartera –Larrañaga, el subsecretario, Guillermo Maciel, y el director general, Luis Calabria– plantearon a los jefes los “lineamientos generales básicos” que promueve la futura administración, según explicó en conferencia de prensa el ministro designado. Los principales lineamientos planteados por Larrañaga fueron tres: “Dar la cara en todo el país”, “tener un despliegue territorial permanente” y generar “resultados”.
“Todos debemos tener conciencia de que estamos obligados a hacer el máximo esfuerzo para el combate a la delincuencia”, dijo, para acotar que “la autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce”. Sostuvo que este es un aspecto “fundamental” para la futura gestión, pero aclaró que no debe entenderse como una “imposición” o un “acto discrecional omnipotente”, sino que “se trata de (generar) el convencimiento colectivo de que el respeto a la ley y a la convivencia es básico para tener el clima de paz y de seguridad pública que nos demanda hoy la sociedad uruguaya en todos los rincones del país”.
Consultado sobre cuáles fueron los planteos para los jefes de Policía de los departamentos en los que se han registrado enfrentamientos entre familias y bandas vinculadas al narcotráfico, Larrañaga dijo que la orden fue: “autoridad, aplicación de la Constitución y de la ley para tener convivencia ciudadana. Esto nos parece fundamental y es lo mismo que expresamos al Instituto Nacional de Rehabilitación: autoridad para la rehabilitación.
No puede haber rehabilitación –es lo que creemos– si no hay también autoridad”, añadió. En tanto, reiteró que en el ámbito rural la Policía tendrá el apoyo de la Dirección General de Seguridad Rural que creará el nuevo gobierno.
Además, durante la reunión, las futuras autoridades encomendaron a los nuevos jefes un trabajo el relevamiento de información del estado de situación de cada departamento, que presentarán en un futuro encuentro. Larrañaga señaló que los jefes tendrán la oportunidad de plantear las “sugerencias” que quieran hacer en la próxima reunión que tengan antes de asumir el 1º de marzo.
Es decir, aspectos que fueron expuestos en la plataforma electoral que recibió el respaldo de la ciudadanía en las elecciones de octubre y noviembre últimos, del legítimo reclamo de seguridad para la convivencia, cumplimiento de la ley y mano firme para quienes no respetan las normas legales.
Nada difícil de entender y de compartir por quienes respetan y confían en la democracia representativa de gobierno, en la Constitución y en las herramientas que ella ha otorgado para proteger a los ciudadanos.
