(PRESIDENCIA- SUBRAYADO)
La directora general de Salud, Raquel Rosa, dialogó con medios informativos una vez que se confirmaron dos casos de sarampión en el país, relacionados a otro contraído en el exterior. Los uruguayos afectados son un adulto y un lactante de 11 meses, quienes presentan una buena evolución de su salud.
Ambos convivieron con una ciudadana argentina que visitó Uruguay entre el 1° y el 4 de este mes y fue diagnosticada de sarampión cuando ya había vuelto a su país. Esa persona no se había vacunado.
El MSP recomienda que las personas mayores de 15 meses y las nacidas luego de 1967 deben tener dos dosis de vacuna Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP).
La vacuna se administra en dos dosis: a los 12 y a los 15 meses de edad. En niños que cuenten con una sola dosis, se puede administrar la segunda en cualquier momento, siempre que haya transcurrido al menos 1 mes respecto a la primera.
En el caso de lactantes de 6 a 12 meses que han tenido contacto con casos de sarampión o viajarán a zonas donde existe transmisión, se recomienda adelantar la primera dosis de esta vacuna. En este caso, de todas formas, deberán recibir las dos dosis previstas en el calendario en forma adicional.
Los lactantes menores de 6 meses, mujeres embarazadas, personas con alergia grave al huevo y aquellos con inmunosupresión severa no pueden ser vacunados, recuerda Salud Pública.
La vacuna está disponible en todos los puestos de vacunación del país, asegura el MSP.
“Nuestro riesgo es la posibilidad de la reintroducción de sarampión” desde algún país de América Latina, advirtió Rosa. “Es una problemática latente, por lo cual hay que estar absolutamente alerta, por lo que la población debe revisar la situación de vacunación que tiene, confirmar que tenga las dos dosis, siempre que no hayan padecido sarampión”, puntualizó.
UN SOLO URUGUAYHACE APORTES A LEY
(MONTEVIDEO PORTAL )
Un Solo Uruguay redactó un documento en el que hace “aportes a la Ley de Urgente Consideración” con el objetivo de que sean tomados en cuenta por el gobierno electo. Los cambios pedidos apuntan a dos aspectos: la descentralización de algunas oficinas estatales y reducir el “gasto del sistema político”.
En primer lugar, piden modificar la ley 11.029, del Instituto Nacional de Colonización (INC). En su artículo 2, actualmente, la ley indica que el “domicilio legal” del instituto debe ser en Montevideo.
Sin embargo, el pedido de Un Solo Uruguay es que se modifique ese artículo para que diga: “Su domicilio legal y principal asiento será fuera del departamento de Montevideo y en diferente departamento en que se encuentren el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Plan Agropecuario y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)”.
Por otro lado, piden que se cambie un artículo de la ley 13.602, del SUL, para que también se fije su “domicilio legal y principal asiento” fuera de Montevideo y en un departamento distinto a donde se ubiquen el INIA, Plan Agropecuario y el INC.
También hay un artículo propuesto para modificar la ley 16.065, del INIA. Allí piden que el “domicilio legal y actividad administrativa central” sea fuera de Montevideo y en diferente departamentos a los institutos nombrados anteriormente.
SENDIC ÚNICO PROCESADO PORCASO ANCAP
(TELEMUNDO)
La Suprema Corte de Justicia exculpó a los exdirectores José Coya, Germán Riet y Juan Gómez por los negocios de la empresa con la multinacional Exor. El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, había presentado el recurso en diciembre de 2018, después de que un tribunal de apelaciones absolviera a los exjercarcas de Ancap Germán Riet, José Coya, Juan Gómez y Juan Justo Amaro.
El fiscal solicitó el procesamiento de los cuatro exdirectores por un delito de “abuso de funciones”, debido a sus intervenciones en la contratación de la empresa Trafigura y con la intermediaria Exor, en relación al pago de la deuda con la petrolera venezolana Pdvsa.
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia, el único procesado por el “caso Ancap” es el expresidente de la empresa y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, por delitos de abuso de funciones y de peculado.
Ahora, esta decisión de la suprema Corte de Justicia hace que el caso vuelva a las condiciones que había establecido el fallo del tribunal de apelaciones, explicaron a Telemundo fuentes judiciales.