“Estamos satisfechos porque Fiscalía nos ha llamado en las últimas horas a declarar en torno a nuestra denuncia de 2018 cuando junto con un contador detectamos irregularidades en el Centro de Retirados y Pensionistas Militares de Paysandú, que le han costado a la institución no solo mucho dinero sino un enorme esfuerzo que ha sabido llevar adelante la nueva directiva”, dijo Elgi Suárez, integrante de la Comisión Fiscal.
“Ahora Fiscalía llamará también al Presidente de la Comisión Directiva y eso nos hace pensar que finalmente se investigará a fondo lo que para nosotros son irregularidades”, agregó. “Sé que la demora en convocarnos se debe a que claramente hay casos más importantes, más complejos; este tema es importante para nosotros pero hay otros asuntos que merecen y tienen prioridad”.
Recordó Suárez que “las irregularidades quedaron en evidencia cuando descubrimos una deuda con Copay de 178.000 pesos. No se podía deber eso porque al socio se le descuenta de manera automática sus gastos, por lo que no hay posibilidad de no recibir el pago. Pero los directivos hicimos un convenio con Copay, que terminamos de pagar al tiempo que mantenemos al día el pago mensual”.
Entre “tantos otros gastos heredamos un juicio laboral que por convenio significaba 625.000 pesos”, agregó. “Pero poco a poco salimos, contando además con el gran apoyo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas (Caccsoe) cuyo crédito nos permitió salir adelante. Pudimos arreglar el panteón, se está construyendo el urnario y seguimos con diferentes obras. Lo más importante es que se está pagando todo, que estamos al día con el BPS y DGI, vamos por el buen camino”.
Ahora “entramos en otra etapa porque entendemos que la Justicia tiene que pronunciarse sobre lo que ha ocurrido en nuestro Centro y el llamado de Fiscalía es algo que nos llena de satisfacción”, aseguró Elgi Suárez.
