Cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tomó su cargo el 2 de marzo de 2015 –era confirmado por otro período al frente de la cartera donde estuvo una década– “asumió el compromiso” del presidente Tabaré Vázquez de bajar las rapiñas un 30%.
Durante su discurso de asunción pidió la creación de “por lo menos dos juzgados más de Crimen Organizado” y así ocurrió a partir del nuevo Código de Proceso Penal, que rige desde noviembre de 2017. Incluso anunció cambios en la estrategia de patrullaje para cumplir con la promesa presidencial. Bonomi aseguraba que el impacto se comenzaría a “sentir” en el primer año del gobierno que finalizará el sábado próximo.
Por ese entonces, adelantó que la Policía iba a comenzar a utilizar el software PredPol, creado en Estados Unidos por un grupo de matemáticos californianos, que emitía una predicción sobre los lugares en pueden ocurrir los delitos. Esta aplicación científica establecía diez áreas de 150 metros cuadrados por seccional policial capitalina y tomaba una base de datos con información de actos delictivos en los últimos dos años.
El ministerio utilizó ese software por dos años y no publicó resultados oficiales, a pesar de su anuncio con bombos y platillos. El PredPol dio resultados similares a la Unidad de Análisis Criminal, pero tenía un costo. Por lo tanto, le dio de baja. En forma paralela, el ministerio resolvió desplegar una fuerza especializada para asistir a los lugares de mayor concentración del crimen y así creó la estrategia denominada PADO.
Bonomi informaba que Inteligencia se iba a involucrar en la investigación de los denominados “delitos menores” porque pesaban sobre las preocupaciones de la población. Incluso se comprometió a fortalecer el “combate a los ajustes de cuenta mediante el control de armas y el control de motos”, además de la extensión de la videovigilancia. El ministro reconocía –en aquella fecha– el incremento en los homicidios que venía registrándose desde el año anterior (2014) pero lo explicaba por “los ajustes de cuentas y los casos de violencia intrafamiliar”.
¿Qué ocurría cuatro años después? En marzo de 2019, Bonomi acompañado por el director nacional de Policía, Mario Layera, daba la cara en una conferencia de prensa para anunciar un récord criminal en la historia uruguaya. De acuerdo al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, el 2018 fue el año más violento, con el asesinato de 414 personas (46% más que 2017). Las rapiñas habían aumentado 54% y los hurtos un 26%. Uruguay se ubicaba en 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes (Montevideo con 16,1), de los cuales el 47% ocurrieron por “conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”.
Las rapiñas, tanto entonces como ahora, se consolidaban contra cualquier uruguayo que caminara por la calle o se encontrara en horas de trabajo. Y en cuanto a las disputas territoriales o el sicariato, crecieron durante el último quinquenio. Luego de dar a conocer los datos, continuó su camino al frente del ministerio hasta el viernes 14 de tarde, cuando renunció para asumir como senador al día siguiente. Por mucho menos, su fuerza política cuando era oposición pedía la cabeza del jerarca en cuestión. Veremos lo que pasa en los próximos cinco años con respecto a este tema.
Lo verdaderamente comprobable es que, a pesar de los recursos, las metas anunciadas, las mayorías parlamentarias que utilizaron para sostenerlo y el respaldo popular, el panorama lejos de mejorar se volvió más complejo. Cuatro años más tarde, la explicación tenía otro nombre y era muy parecido a una operación encubierta: “Efecto Noviembre”.
Ayer domingo se cumplieron ocho meses de no tener noticias de Rocco Morabito o el “rey de la cocaína de Milán” o, también, uno de los criminales más buscados en Europa. El supuesto jefe de la poderosa mafia calabresa conocida como ‘Ndrangheta, salió caminando desde Cárcel Central, tomó un taxi en la esquina y nunca se conocieron resultados administrativos o judiciales. Además de algunas remociones –solo por corrección política– no hubo otros responsables por este caso.
Si los números fueran evaluados por un quinquenio, es decir los resultados obtenidos durante un período de gobierno, entonces las cifras oficiales indican un crecimiento del 46% en los homicidios y un 53% de las rapiñas. La meta no fue cumplida, a pesar de que el último informe del Observatorio del Ministerio, presentado el viernes pasado, remarca que hubo un 6% menos de homicidios en 2019 que en 2018. Claramente 391 es menos que 414, pero también refuerza el concepto de un homicidio por día. En contraste, las rapiñas aumentaron 2,5%, con 30.650 casos a nivel nacional o 753 más que el año anterior. Los transeúntes, motociclistas y comerciantes encabezan la lista de damnificados, tanto como el año récord de 2018. Sin contar los casos de damnificados que no denunciaron porque, claramente, la cifra sería más alta.
Durante la conferencia de prensa hace un año, tuvo que reconocer que sería “muy difícil” bajar un 30% las rapiñas y ayudar al mandatario a cumplir con su promesa de marzo 2015. Y así fue.
El año 2020 comenzó con el asesinato a dos policías en enero y la estadística continuó en febrero. A esto se sumaron las rapiñas, donde los efectivos resultaron lesionados y algunos de gravedad. Junto a estos hechos, aparecieron las explicaciones pero no el ministro, quien estuvo ausente durante el primer mes del año y apareció para recibir donaciones de un gobierno extranjero. Las aclaraciones fueron brindadas por el jefe de Policía de Montevideo, quien aseguró que les dicen a policías cómo cuidarse y que deben transitar por zonas “seguras” o que el uniforme es una forma de provocación en sí misma. Es probable que no repararon en el detalle que hay efectivos que viven en las denominadas “zonas rojas” y deben lidiar con el delito a la vuelta de su esquina.
La “maravillosa peripecia”, según la definición de Bonomi en su despedida, deja resultados negativos. Aunque el titular solo compare a la baja con el año anterior, no cambia mucho el panorama que ahora vea “distintas las cosas al salir del ministerio”.
