La expansión de la pandemia causada por el Covid-19 se encuentra sin lugar a dudas al tope de la agenda de los líderes políticos, sociales, económicos y religiosos de todo el planeta. A medida que pasan los días y la enfermedad se torna incontrolable, comienzan a vislumbrarse los efectos de la crisis económica que acompaña en forma casi simultánea el avance momentáneamente victorioso del tristemente célebre virus. Resulta claro que las consecuencias de esta pandemia exceden ampliamente el aspecto sanitario y deben ser pensadas y anticipadas desde otros ángulos, dentro de los cuales la economía adquiere una especial relevancia.
De acuerdo con lo informado hace algunos días por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas, lo que significaría un duro golpe para la débil economía mundial. En opinión de los especialistas de ese organismo internacional con sede en la ciudad suiza de Ginebra, “se prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias económicas del brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. En palabras del Director General de la OIT, Guy Ryder, “ya no se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas”; aspecto en el cual coicidimos plenamente, aunque posiblemente esté muy subestimado en lo que refiere a los números, que a nuestro entender ya se quedaron muy cortos en la estimación inicial.
En Uruguay, cuya tasa de desempleo al momento de asumir el gobierno del presidente Lacalle se situaba alrededor del 9% mientras que el déficit fiscal superaba el 5% la situación no parece ser la mejor. En las últimas horas se han presentado al Banco de Previsión Social más de 20.000 solicitudes de seguro de paro, las que seguramente aumentarán considerablemente a partir de mañana y seguirá creciendo en los días posteriores. Lo mismo sucede en otras partes del mundo. Según lo informado en las últimas horas por la cadena alemana de noticias Deutsche Welle, alrededor de 500.000 personas han solicitado en los últimos cuatro días el seguro de desempleo sólo en Canadá a consecuencia del cierre de empresas y el cese de actividades por la pandemia del COVID-19, cifra que contrasta en las 27.000 solicitudes en la misma semana del año 2019.
Nuestro departamento no escapa a ese sombrío panorama y basta caminar por las calles céntricas de su ciudad capital para poder ver locales cerrados o sin clientes que adquieran los bienes o contraten los servicios que en ellos se ofrecen. A la histórica situación de precariedad laboral que ha vivido durante décadas Paysandú, para la cual se combinan la escasa demanda de trabajo con la existencia de un alto porcentaje de trabajadores informales, trabajadores subdeclarados y “changuistas”, el coronavirus llega como un verdadero convidado de piedra que toca la puerta en el peor momento del año: la llegada de los primeros fríos, un ciclo natural que implica una retracción en el consumo porque la gente, como se dice habitualmente “se queda en la casa”. Claro que este sombrío pero inevitable panorama afectará únicamente a los trabajadores del sector privado, ya que los empleados públicos seguirán cobrando sus salarios mensuales en tiempo y forma sin que los mismos se vean afectados en lo más mínimo, tal como sucedió en las crisis económicas más recientes de 1982 y 2002. En un país que afortunadamente se rige por un sistema republicano de gobierno, se plantea la paradoja que los empleados públicos, conjuntamente con los dirigentes sindicales forman parte de una casta superior de carácter monárquico y por ende origen aparentemente divino cuyos derechos jamás se verán afectados. Si algunos de nuestros lectores piensan que estamos errados en este comentario, lo invitamos a guardar este ejemplar para poder cotejar si algún integrante de esos selectos e intocables grupos se vio afectado por la crisis que ya golpea nuestras puertas. En ese mismo sector de privilegiados se encuentran los legisladores nacionales y muchos de los políticos en general, que disfrutan no sólo de suculentos sueldos y otros beneficios (choferes, gastos de representación, partidas para prensa o gastos de secretaría) sino que además poseen un lamentable sistema de subsidio cuya duración es de tres años, mientras que el régimen aplicable a cualquier empleado de la actividad privada es de seis meses. Legisladores de todos los partidos solicitaron este subsidio cuyo monto mensual supera los 370.000 pesos, cifra muy lejana de los salarios que mes a mes perciben (o percibirán debido a la crisis del coronavirus) los trabajadores uruguayos.
Frente a esta aristocracia uruguaya compuesta por empleados públicos, dirigentes sindicales y políticos de todos los partidos se encuentra el resto de las uruguayas y uruguayos que día a día tienen que salir a “parar la olla” en trabajos cada vez más precarios y mal pagos. En la misma situación se encuentran los pequeños empresarios, muchos de los cuales sobreviven como pueden la voracidad fiscal de un Estado que necesita más y más recursos para que nada le falte a los funcionarios públicos o a los legisladores a quienes el pueblo les negó su voto. El que “se parte el lomo” en un emprendimiento familiar de carácter comercial, agropecuario o de servicios o el trabajador que lo acompaña (muchas veces un pariente cercano) no forman parte del verdadero círculo privilegiado de este país y debe “revolverse” como puede para no dar por terminada su actividad en forma lenta y dolorosa. Esas mujeres y hombres de Paysandú y de todo el Uruguay son los verdaderos “motores de la economía” en los que debe pensar la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. Motores de carne y hueso, hechos con sueños, con sacrificio y con un bagaje de trabajo a cuestas que no puede ser ignorado y mucho menos “ninguneado” por dirigentes sindicales para quienes no son nada más que “comebostas” u “oligarcas” a los cuales se les debe combatir y aniquilar en nombre de la lucha de clases.
Todos los días y a toda hora los sanduceros reciben en sus celulares mensajes que incluyen no sólo recomendaciones sanitarias sobre como saludar, higienizar la vajilla o lavarse las manos sino también dolorosos testimonios de profesionales de la salud y de personas en general sobre los efectos del coronavirus, la cual debe ser combatida por todos sin excepciones. Sin embargo, no se han visto circular con la misma frecuencia y creatividad mensajes que den aliento a los pequeños empresarios y sus trabajadores y reconozcan sus esfuerzos por tratar de permanecer abiertos pagando impuestos, manteniendo puestos de trabajo y cumpliendo su tarea a pesar de las múltiples adversidades que enfrentan. El momento de hacer ese reconocimiento y de dar ese aliento es ahora, porque cuando lleguen los peores efectos de la crisis económica que acompaña al coronavirus ya será tarde: el empresario habrá cerrado su emprendimiento y quienes cumplían funciones allí se habrán quedado sin trabajo. Dicho de una forma más dura: las muertes que provocará el Coronavirus en el aspecto económico, de empresas, pérdidas de puestos de trabajo, grandes y pequeños comercios que no podrán subsistir, cuentapropistas, entre otras, serán mucho más aún que en vidas humanas y afectarán duramente estas últimas. Y de extenderse en el tiempo, en este aspecto, sí podemos asegurar que será una catástrofe de dimensiones inimaginables. Eso sí: los funcionarios públicos, los dirigentes sindicales y los políticos de todos los partidos seguirán mirando ese lúgubre panorama desde la sala VIP que con gran éxito se han construido.
