A esta altura de la pandemia, se han escrito ríos de tinta sobre el escenario mundial, regional y nacional, y seguramente ya es harto difícil formular un abordaje desde algún punto de vista relacionado con el virus que no se haya mencionado ya, aunque por contrapartida, una realidad cambiante e inédita hace que en el día a día se vayan incorporando datos y situaciones que obligan al análisis desde diversas perspectivas.
En nuestro país, en la región toda y más bien en el continente, se tiene la ventaja –es un decir– de que hemos visto ya la película del escenario que se está dando en países donde ya el flagelo se abate desde hace meses, y su progresión geométrica, así como su morbilidad sobre sectores vulnerables se manifiesta con miles de víctimas.
Pero el azote de una plaga que recuerda lo que ha vivido la humanidad desde tiempos inmemoriales, sobre todo las pestes de la Edad Media, conlleva no solo sus graves consecuencias en la salud de individuos susceptibles, sino que entre las medidas por la contención se incluyen determinadas acciones que directa o indirectamente afectan a la sociedad en todos sus estratos.
Y en Uruguay, un país subdesarrollado con una composición demográfica comparable a la de los países ricos, pero a la vez sin el respaldo de los recursos económicos, tecnológicos e infraestructura de aquellos, el problema se hace más cuesta arriba, y mucho más aún si tenemos en cuenta que se nos da en una coyuntura en que la economía uruguaya ha venido deteriorándose a ojos vista desde hace por lo menos tres años, y ello se ha traducido en un déficit fiscal del 5 por ciento del PBI, pérdida y cierre de empresas, y los consecuentes empleos. A ello se agrega un gasto público rígido que obliga a afectar un mayor porcentaje del PBI para atenderlo, en relación con la producción y los ingresos del Estado.
Para empezar, al no tenerse por lo menos una aproximación sobre la evolución que tendrá el crecimiento de casos y cuando se podrían eventualmente aflojar las medidas, tenemos una repercusión social que responde a la ecuación de que quienes se han acogido al Seguro por Desempleo en el sector privado, y también los cuentapropistas, empresarios, PYME, ven mermados significativamente sus ingresos. Para atenuar este impacto, el gobierno ha dispuesto una serie de medidas como paliativo, las que sin embargo no van a resultar gratis ni mucho menos, porque a la vez de conjugarse esfuerzos por contener la progresión geométrica del virus, se requiere mantener viva la economía, aunque reducida su actividad.
De lo contrario, la alternativa es ingresar en un colapso derivado de la extrema vulnerabilidad en que el Frente Amplio entregó el gobierno, prácticamente sin margen de maniobra por la relación de ingresos-egresos de las cuentas del Estado, falta de competitividad, alto desempleo y empresas con números en rojo, ya mucho antes del ingreso del fatídico coronavirus. Un aspecto medular es evitar que se interrumpa la cadena de pagos y para ello el liderazgo lo debe tener el Estado –es decir con el dinero que aportamos todos nosotros– así como el sistema financiero y empresas que tengan espalda para sobreponerse a este parate de la economía por un período razonable para atemperar el impacto sobre la actividad, a la vez de establecer paliativos –algunos ya se están instrumentando o anunciado– para reducir el impacto social del cierre total o parcial de empresas y los envíos al Seguro por Desempleo y reducción de horarios.
En este sentido ya hay anuncios del Banco de la República y algunos operadores privados en el sentido de alargar los plazos de pago de cuotas o establecer una tregua de tres meses para luego cobrar las cuotas pendientes. Igualmente, por lo que se sabe, hasta ahora no se contemplaría el universo de los afectados, porque hay grupos que quedan al margen –sin mencionar el sector informal y cuentapropistas– como es el caso de aquellos trabajadores a los que el BROU descuenta las cuotas de sus sueldos por acuerdo con las empresas, y que van a percibir menos dinero por esta reducción de horario.
Ante ello se requiere que esta misma medida de postergación de los cobros se instrumente para este sector, sin olvidar que también las empresas con problemas de funcionamiento deben hacer frente a los compromisos ante el sistema bancario y que la cadena de pagos, cuando se interrumpe, deja el tendal de afectados.
A la vez, el día después de la pandemia, no muy lejano, es un tema que por ahora no se ha considerado en forma profunda, sobre todo porque hay todavía demasiadas incógnitas a despejar, empezando por la duración de la emergencia y su consecuente afectación de la economía, además de la magnitud del daño a escala mundial.
Nuestro país, con un gobierno que lleva poco más de 20 días de asumir, ha sufrido ya el impacto porque venía muy malherido por el déficit fiscal, el desempleo y el desfasaje de las cuentas públicas por la gestión de la izquierda en el poder, que siguió aumentando el gasto público como si la fiesta fuera a durar para siempre.
Y a esta altura, no hace falta ser gurú para asumir la magnitud del problema, al partirse desde una base muy problemática por el legado del gobierno anterior y la catástrofe del coronavirus. El sentido común indica que seguramente en las condiciones en que quedamos no puede haber recuperación gradual de la economía, como se había estimado de no haber surgido la pandemia, y que es preciso generar algo contundente, como la inserción de una cifra de no menos de 1.500 a 2.000 millones de dólares en nuestra economía para que ésta eche a andar, de forma de promover un circuito virtuoso que rompa con el esquema nefasto al que ingresamos.
El punto, por supuesto, es de dónde sacar este dinero, para el que no hay muchas opciones, porque se podría obtener préstamos, apelar a reservas o líneas especiales de crédito muy benignas a un plazo que posiblemente no se amortizaría en el gobierno en curso ni tal vez en el que viene, sino en el mediano plazo.
Esta es la única forma de darle viabilidad a la economía cuando la izquierda no supo aprovechar el viento a favor de una década, lamentablemente. Un elemento positivo es que Uruguay no es el único país en sufrir los avatares económicos de la pandemia, sino que prácticamente todos los países lo sienten, sobre todo los que están en vías de desarrollo, y que es de esperar que se ofrezca dinero por los organismos crediticios internacionales, en condiciones excepcionales, para responder ante la emergencia y evitar una recesión mundial.
Esta es la apuesta razonable, o por lo menos la expectativa mejor fundamentada, porque la recuperación por nuestros propios medios sería harto comprometida, por no decir imposible, sin recursos en volumen suficiente que ingresen en nuestra economía.
La idea es impulsar emprendimientos en sectores clave que generan fuentes de empleo y reciclaje de dinero, sin olvidar la contrapartida de reducir el gasto público prescindible y apelar a la paciencia que algunos sectores, sobre todo sindicales, por motivos político-ideológicos, hace rato que han expuesto que no tienen ni quieren tener.
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