Uruguay logró descender un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito en 2019, lo que generó el reconocimiento del movimiento Mayo Amarillo, que anunció que el lanzamiento internacional de la próxima edición será en nuestro país y contará con la participación de expertos extranjeros en la temática así como de representantes del Movimiento de los diferentes países participantes.
Este movimiento, presente en más de 20 países y con actividades masivas durante el quinto mes del año, constituye un llamado de atención para la vida y busca focalizar en algo tan sencillo como doloroso: las pérdidas humanas por siniestros de tránsito.
Más allá del reconocimiento mencionado, que nuestro país haya logrado descender sus indicadores a una tasa de 12 personas fallecidas cada 100.000 habitantes a causa de siniestros de tránsito, es un dato importante en sí mismo ya que se trata de la cifra más baja del último decenio y porque otros países en vías de desarrollo no han logrado reducciones de este tipo.
En el contexto internacional, a mediados de febrero se desarrollo en Suecia la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, con la finalidad de realizar una puesta a punto sobre los progresos respecto a los Objetivos del Decenio de la Seguridad Vial propuestos para el período 2011-2020, en cuanto a estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.
En la reunión, en la que participaron unos 1.500 expertos en seguridad vial de distintos países, se volvió a insistir en la necesidad de disminuir las muertes y lesiones en accidentes de tránsito, enfatizando el vínculo existente entre desarrollo y seguridad vial. En este sentido, destacaron el impacto perjudicial de los accidentes de tránsito y las muertes y lesiones relacionadas con el crecimiento económico nacional a largo plazo, el progreso desigual entre regiones y niveles de ingresos.
Asimismo, expresaron su preocupación “por el hecho de que ningún país de bajos ingresos haya reducido el número de muertes por accidentes de tránsito entre 2013 y 2016” reafirmando que en la inmensa mayoría de las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito pueden prevenirse y que siguen siendo un importante problema de desarrollo y salud pública que tiene amplias consecuencias sociales y económicas.
Finalmente, destacaron “las lecciones aprendidas de la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 como la necesidad de promover un enfoque integrado para la seguridad vial, tal el enfoque de sistema seguro y Visión Cero, de buscar soluciones de seguridad sostenibles y a largo plazo, y de fortalecer la colaboración intersectorial nacional, incluyendo el compromiso con las oenegés y la sociedad civil, así como con las empresas y la industria que contribuyen e influyen en el desarrollo social y económico de los países”.
La aplicación de políticas públicas, medidas preventivas y campañas de concientización así como controles, han sido parte de las razones que permitieron que en nuestro país se produjera, en 2019, el mayor descenso en la cantidad de personas fallecidas en siniestros de tránsito desde 2009.
No obstante, las cifras aún son dolorosas para un país tan pequeño como el nuestro: fueron 422 fallecidos – en 2018 habían sido 528-, en un total de 19.767 siniestros que, además, provocaron 25.114 lesionados, lo que marca un promedio de 69 personas lesionadas por día, destacándose además que la principal causa de muerte para personas comprendidas entre los 15 y los 29 años son los siniestros de tránsito.
Esto lleva a continuar insistiendo en medidas de prevención básicas que todos conocemos, como la utilización del cinturón de seguridad para los automovilistas (recordando que en los asientos delanteros su uso reduce en un 50% la probabilidad de sufrir lesiones graves en caso de siniestro; y en el asiento trasero, lo hace en un 75%) y el uso del casco y chaleco reflectivo para los motociclistas.
Además de las responsabilidades individuales que todos tenemos en este tema, en tanto todos somos actores del tránsito en algún momento del día, hay responsabilidades institucionales que no pueden soslayarse y una de ellas es la continuidad de la existencia de diferentes criterios de contralor del cumplimiento de las normas vigentes por parte de las distintas intendencias.
El uso del casco es un buen ejemplo ya que la realidad de los diferentes departamentos no deja de asombrar, existiendo algunos –como Soriano, Rivera o Paysandú– donde lo usa aproximadamente el 90% de los motociclistas y otros –como Cerro Largo– donde ese porcentaje escasamente llega a un 20%, constituyendo un claro indicador de la existencia de muy dispares niveles de conciencia del riesgo por parte de la población y distintas visiones de las autoridades locales en cuanto a hacer respetar o no las leyes nacionales vigentes.
A grueso modo los datos de la situación de mortalidad y lesiones en accidentes en nuestro país son los siguientes: desde 2011 se registra una tendencia al descenso de la tasa de mortalidad llegando en 2019 a la más baja registrada hasta el momento.
Los motociclistas continúan siendo los más vulnerables y el alcohol sigue teniendo incidencia en el período crítico de la semana (viernes desde las 20 hs hasta domingo 8 horas) ya que las alcoholimetrías positivas se triplican los sábados y se quintuplican los domingos.
En este sentido, está comprobado con evidencia científica y empírica que conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas y de ciertos medicamentos prescritos (sustancias psicoactivas) aumenta significativamente la probabilidad de verse involucrado en una colisión o en una muerte causada por el tránsito.
Este es un aspecto que en los últimos años ha venido siendo controlado y Uruguay es uno de los únicos cinco países latinoamericanos –junto con Honduras, Panamá, Venezuela y Cuba– que realizan pruebas para detectar el consumo de dichas sustancias en todos los conductores involucrados en siniestros en los cuales hubo fallecidos. Además, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) provee a las 19 intendencias de los kits necesarios para este tipo de intervenciones, así como las instancias de formación para su uso.
En definitiva, el descenso de las muertes en accidentes el año pasado es un dato de la realidad del cuya importancia no se puede desconocer pero el tema está lejos de ser resuelto y, por el contrario, se debe continuar trabajando desde las políticas públicas y la conciencia y responsabilidad ciudadana.
