El Tribunal de Cuentas (TC) ha publicado recientemente en su página web sus resoluciones respecto a los procesos de auditoría ya culminados en relación a las Rendiciones de Cuentas 2017 y 2018 de la Intendencia de Paysandú. El TC opina favorablemente en relación a los ingresos, concluyendo que ambas rendiciones presentan razonablemente la ejecución de los mismos durante estos dos años. “Sin embargo resuelve abstenerse respecto a ejecución presupuestal, es decir a los egresos y el resultado fiscal de ambos ejercicios anuales, expresando ‘que no fue posible aplicar procedimientos de auditoría suficiente’. En este contexto, se abstiene de opinar sobre los Estados de Ejecución Presupuestal con relación a los créditos, del Resultado de los Ejercicio 2017 y 2018 y del Resultado Acumulado al 31 de diciembre de 2018”, según opinó la socióloga Rosario González Laurino.
La consultora estableció que el TC –que para esta resolución “no existen opiniones discordantes de sus miembros”– fundamente su abstención en cinco puntos. Y los detalló: “los saldos de obligaciones impagas y su cálculo tanto para el ejercicio en cuestión como el pasivo acumulado, a la forma de cálculo del superávit expresado por la administración, a la verificación de saldos de las cuentas extrapresupuestales por falta de información y a la identificación de diferencias sustantivas entre el sistema contable y el saldo efectivo en fondos y valores”.
El estudio realizado por González establece “diferencias ascienden a 813.998.651 pesos uruguayos, más de 20 millones de dólares en los últimos dos años en el saldo de fondos disponibles”.
Estableció que entre los “elementos tomados en cuenta por el tribunal para basar su abstención, uno de los más significativos refiere a la diferencia entre lo que surge del sistema contable en relación a la cantidad de recursos que debiera haber en ‘caja’, es decir a disponibilidad al cierre del ejercicio, y los que efectivamente surgen de los arqueos finales de cuentas, fondos y valores”.
DEL 2017 A LA FECHA
En en caso de la Rendición de Cuentas 2017, “el tribunal expresa textualmente: ‘El total de disponibilidades según el Estado de Movimiento de Fondos y Valores totaliza (lo que hay en caja) 56.098.442 de pesos, pero el saldo proporcionado por el sistema contable SEFI (lo que debería haber en caja) asciende a 510.824.547 de pesos”.
En 2018 en cambio “el total de disponibilidades según el Estado de Movimiento de Fondos y Valores totaliza 137.012.921 de pesos y el saldo proporcionado por el sistema contable (SEFI) asciende a 496.285.467 de pesos.”
“Asimismo expresa que ‘no fue posible verificar los ajustes efectuados por la Intendencia al saldo de las obligaciones presupuestales impagas, al no haberse proporcionado la correspondiente información’, por un monto de 141.368.019 de pesos para 2017 y de 198.406.504 de pesos para el año 2018”, agrega González, quien integra el equipo asesor del candidato a la Intendencia Mario Bandera.
Rosario González destacó también que el Tribunal de Cuentas “aclara en su resolución que le comunicó a la Intendencia los hallazgos significativos de la auditoría, y en el caso de la última rendición analizada para el año 2018, se efectuó el 4 de diciembre de 2019 una ‘reunión de cierre de auditoría con la Directora General de Administración. Como resultado de la reunión se informa que se hicieron los comentarios pertinentes respecto al informe de hallazgos y los descargos”.
“Esto quiere decir, que luego de los descargos por parte del gobierno departamental el Tribunal deja firme su resolución”. Ante esto la consultora entiende “que en tres años hubo tiempo más que suficiente de agregar información y zanjar diferencias de criterios técnicos que pudieran surgir en el proceso de auditoría para asegurar entre ambos organismos la credibilidad y confianza necesaria de todo el sistema político y de los ciudadanos respecto a la buena administración de nuestros recursos”.
También destacó que “es la primera vez desde la vuelta a la democracia en el país que el Tribunal de Cuentas no se expresa sobre la razonable ejecución de un Ejercicio Anual, en particular en la Intendencia Departamental de Paysandú”.
“Asimismo, como expresa el tribunal en su resolución, ‘el riesgo de no detectar un error significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente incorrectas o apartamientos de control interno’ y continúa alertando que los mismos puede influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados, en su resolución 3213/19 del 18 de diciembre de 2019”, subrayó Rosario González.