De acuerdo a un estudio específico del Banco Mundial (BM), las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en América Latina será una recesión en la región, con una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) de 4,6% en 2020. El informe elaborado por el organismo anticipa una caída del PBI de 2,7% para el Uruguay.
El Banco Mundial señaló que si bien la región tiene experiencia con crisis financieras anteriores, la pandemia de COVID-19 representa una nueva dimensión, pues las medidas necesarias para contener el virus generan un choque del lado de la oferta.
La institución multilateral con sede en Washington prevé que la demanda de China y los países del G7 decaiga con fuerza, impactando a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe.
Aclara el informe que durante los últimos cinco años, el desempeño económico de América Latina y el Caribe ha sido decepcionante, con tasas de crecimiento solo ligeramente positivas en promedio. Mantener las tendencias del gasto social, las cuales habían sido posibles debido a los precios inusualmente altos de los productos primarios, se tornó cada vez más dificultoso y obligó a numerosos países a realizar dolorosos ajustes económicos.
Agrega que los países de América Latina y el Caribe tienen una extensa historia de shocks adversos severos, que incluyen fuertes caídas en los precios de los productos primarios, un endurecimiento drástico de las condiciones financieras y grandes desastres naturales. El entorno externo actual de la región guarda algunas semejanzas con dicha historia, lo que implica que la experiencia previa será muy valiosa. Pero la epidemia de COVID -19 añade una nueva dimensión, ya que las medidas necesarias para contener el brote de la epidemia también dan como resultado un gran shock de oferta.
Los canales por los que los shocks externos adversos afectarán a las economías nacionales varían de un país a otro. La demanda de China y los países del G7 disminuirá drásticamente, pero potencialmente en diferentes grados, con diversas implicaciones para los exportadores de productos primarios de América del Sur y para los exportadores de bienes y servicios manufacturados de América Central y el Caribe. La caída de los precios del petróleo tendrá consecuencias perjudiciales para los países cuyos ingresos por exportaciones y sus recursos presupuestarios dependen fundamentalmente del petróleo, pero traerá alivio a los importadores netos de petróleo. El tráfico aéreo se ha desplomado, dada la cancelación masiva de vuelos para evitar la propagación del virus. El consiguiente colapso del turismo afectará severamente a los países de la Cuenca del Caribe, y en menor grado a otros.
En cuanto al shock de oferta, América Latina y el Caribe solo se encuentran en las etapas iniciales de la epidemia. Ante esta incertidumbre, la mayoría de los Gobiernos han apelado a la sensatez y apostado por equivocarse si con ello se salvan vidas, “a cualquier costo”. Pero varios meses después del brote de la epidemia, el aumento de los datos epidemiológicos y económicos disponibles permite valorar el impacto de las medidas adoptadas. Para los recién llegados a la epidemia, esta demora brinda la oportunidad de ajustar la respuesta política.
GESTIÓN DE COSTOS
Los países de la región han estado tratando de gestionar la relación entre los costos de salud y los costos económicos. Lograr un equilibrio “correcto” requiere evaluar tanto el impacto en la salud como el impacto económico de las medidas que se pueden adoptar para contener la propagación de la epidemia. Estas medidas incluyen desde cuarentenas a nivel nacional y el confinamiento de la población hasta iniciativas de distanciamiento social dirigidas a grupos de población vulnerables, como las personas mayores, o zonas específicas.
Para este informe, se realizó una estimación del impacto sobre el número de casos de COVID-19 de las medidas de confinamiento generales y dirigidas, basada en los datos diarios de 25 países. Los resultados revelan que, a medida que pasa el tiempo, las medidas generales de contención siempre conducen a un menor número de casos de COVID-19 que las medidas dirigidas. Pero ambas son considerablemente más efectivas si se adoptan rápidamente desde que se registre el primer caso. Por ejemplo, las medidas de contención dirigidas, adoptadas 15 días después del brote de la epidemia retrasan su progreso con más eficacia que las medidas generales adoptadas después de 30 días. En vista de que el costo económico de las cuarentenas y confinamientos generales será mayor, los gobiernos deberían aplicar medidas de contención dirigidas lo antes posible.
SIN ESPACIO FISCAL
Los países de América Latina y el Caribe no tienen el espacio fiscal del que gozan las economías avanzadas para hacer frente a la crisis. Algunos ya afrontaban crisis antes del brote de COVID-19. Las economías de la región también se caracterizan por mayores niveles de informalidad, lo que hace que sea mucho más difícil llegar hasta sus empresas y hogares por medio de mecanismos como el aplazamiento del pago de impuestos y las subvenciones salariales. Con recursos limitados e instrumentos condicionados, un diseño adecuado a la respuesta política adquiere una relevancia crucial.
Las dificultades de la crisis serán enormes para grandes segmentos de la población. Muchos hogares viven al día y no disponen de los recursos para poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas necesarias para contener la propagación de la epidemia. Muchos trabajadores subsisten por cuenta propia, y la informalidad es común incluso entre los asalariados.
Llegar hasta estos trabajadores por medio de transferencias es más difícil que en economías formalizadas.
Muchos hogares también dependen de las remesas, que están colapsando a medida que la actividad se paraliza en los países de acogida, donde los trabajadores migrantes se encuentran entre los más afectados, consigna el Banco Mundial.
Idealmente, una respuesta de futuro a la crisis debería ir más allá de abordar las necesidades inmediatas y trazar el camino hacia una recuperación fuerte y sostenible. Las medidas de emergencia bien diseñadas son un paso en esta dirección. Proteger las fuentes estratégicas de empleo, evitar una crisis financiera y administrar los activos profesionalmente ayudará a impulsar la economía. Sin embargo, a pesar de los desafíos urgentes, se necesita una visión a largo plazo. Los países deben tratar de recuperar su agenda de desarrollo a largo plazo, con el empleo y la transformación económica como pilares, evalúa el organismo internacional.