Los artículos 268 y 269, que obligaban a Antel a arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a privados y que el Poder Ejecutivo resolvió quitar de la Ley de Urgente Consideración (LUC), serán discutidos con modificaciones en la nueva ley de medios que analiza la Cámara de Diputados.
El 269 indica que “las entidades estatales que sean titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”.
Por su parte, el artículo 48 de la nueva ley de medios, establece que Antel deberá alquilar su infraestructura a los cableoperadores que pretendan prestar servicios de Internet. Según el articulado, quedarán habilitados a alquilar la infraestructura de Antel, las compañías que ofrecen televisión para abonados y tendrán la posibilidad de ofrecer Internet mediante sus redes.
El texto que analiza la comisión de Industria de Diputados señala que “los operadores públicos de telecomunicaciones que sean titulares de infraestructura, así como de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”. Integrantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el ministro de Industria, Omar Paganini, el subsecretario Walter Verri y el titular de la OPP, Isaac Alfie, anunciaron la medida, con el enfoque puesto en nuevas tecnologías como el 5G.
LA DISCUSIÓN DE LA LEY
“La discusión se va a trasladar ahora a la ley de medios, pero obliga a arrendar a todas las compañías –en este caso importa Antel–, sus estructuras a otros prestadores de servicios. Yo no estuve de acuerdo con esos artículos y lo dije. El Partido Colorado no estaba dispuesto a votarlo y tal vez sea una de las razones por las cuales el Poder Ejecutivo decidió sacarlos”, señaló Verri.
Explicó que está de acuerdo con el ente de las telecomunicaciones compita, “y darle apertura e ir desmonopolizándolo, como ocurrió en la ley de medios con el servicio de Internet por cable. Hasta ahora solo podía hacerlo a través de Antel o inalámbrica, por cualquiera de las compañías telefónicas. Ahora, los prestadores de cable pueden brindar servicios de Internet y hace caer el monopolio de Antel y eso nos parece bueno”.
Sin embargo, “si encima obliga a Antel a arrendar las inversiones que ha desarrollado en estos años para lanzarse a un mercado altamente competitivo con empresas multinacionales muy poderosas, yo creo que es una exigencia que no debería ponerse por delante. Para la tecnología 5G se va a necesitar mucho desarrollo de la fibra óptica. Antel tiene el tendido y hay que aprovechar esa infraestructura porque se han invertido millones de dólares”.
En el caso de un arrendamiento, “después lo puede hacer igual. De hecho, hay algunos acuerdos entre el ente y los privados para intercambiar servicios”, pero con el desarrollo impulsado “para la tecnología 5G, no tiene por qué compartirlo porque va a terminar compitiendo para el mismo mercado. No eran convenientes esos artículos dentro de la LUC y celebro que se hayan retirado. Pero no es un triunfo del Frente Amplio, sino la ventaja de tener un gobierno de coalición donde las mayorías se componen por partidos diferentes que podemos hacer valer nuestra voz”, dijo a EL TELEGRAFO.
PORTABILIDAD NUMÉRICA
La portabilidad numérica cuenta con los votos necesarios para su aprobación dentro de la LUC. “Es lo que permite mantener un número de teléfono, independientemente de la compañía a la cual pertenece. Lo que ocurre hoy es que si alguien tiene su número de Antel y quiere cambiar, porque las compañías privadas brindan otros servicios o mayor cantidad de gigas para navegar, tiene a su número de rehén”.
Explicó que “en estos tiempos digitales, los números son fundamentales porque se piden para enviar un código o avisarle por el pago de una tarjeta, o hasta para leer los portales de los diarios. Es parte de una identidad digital y su cambio le genera perjuicios al usuario”.
