En los últimos días el Instituto Cuesta Duarte (ICD), ligado a la central sindical Pit Cnt, ha dado a conocer un informe titulado “¿Cuánto ganaban los trabajadores uruguayos antes de la pandemia? Los veintemilpesistas en 2019” el cual contiene algunos datos muy preocupantes sobre la situación salarial de muchos trabajadores uruguayos.
Según el IDC “en 2019 casi 469.000 ocupados recibieron menos de $20.000 líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, lo que representa un 29% del total de ocupados. Por su parte, los asalariados que no alcanzaron los $20.000 son cerca de 289.000, lo que representa un 25% del total. Entre los trabajadores dependientes con salarios sumergidos, unos 144.000 no alcanzaron los $16.000 líquidos al mes. En el otro extremo, cerca de 193.000 asalariados percibieron más de $50.000, lo que representa un 17% del total. A pesar de lo preocupante de esta situación, es importante mencionar que los salarios sumergidos han disminuido drásticamente en los últimos años ya que “en 2006, el porcentaje de trabajadores con salarios líquidos por debajo de lo que hoy representa un poder de compra de $20.000, afectaba al 62% del total de asalariados, cifra sensiblemente mayor al 25% registrado en 2019. Esa era la realidad del mercado laboral en 2006: un 62% de los trabajadores ganaba por debajo de $20.000 actuales”. Los sectores de actividad con mayor proporción de veintemilpesistas son el Servicio doméstico (45%), el sector Rural (42%), el Comercio (39%) y Restoranes y hoteles (36%).
En este sombrío panorama, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores del Interior, aquellos trabajadores con menor educación y los que residen en el Interior son los que perciben, en mayor proporción, los niveles salariales más bajos. En primer lugar, “los salarios sumergidos golpean con mayor intensidad a las mujeres. Un 27% de las asalariadas perciben menos de $20.000 líquidos al mes mientras que en el caso de los hombres el guarismo se ubica en 23%”. Los jóvenes, por su parte, también presentan niveles salariales relativamente más sumergidos. De los casi 147.000 asalariados menores de 25 años, la mitad no alcanza los $20.000 mensuales y entre el total de los jóvenes, un 28% no llega a ganar $16.000 mensuales. Asimismo, tal como ha consignado el diario “El Observador”, el informe destaca que “los salarios sumergidos están fuertemente relacionados con los menores niveles educativos alcanzados por los trabajadores. En las tres primeras franjas de ingresos (menos de $ 12 mil; entre $ 12 mil y $ 16 mil; entre 15 mil y $ 20 mil) la participación de trabajadores con nivel educativo de Primaria o Secundaria incompleta representan un alto porcentaje del total con salarios sumergidos, que se ubica cercano a 80%. Ese guarismo va decreciendo a medida que aumenta el nivel salarial”. Como lo señala el informe del IDC, “unos 216 mil de los 289 mil asalariados veintemilpesistas no lograron culminar la enseñanza secundaria”. En este grupo de “rezagados salariales” se encuentran también los trabajadores del Interior (algo que tenemos muy presente los sanduceros) ya los veintemilpesistas ascienden al 30% del total de asalariados contra el 18% registrado en Montevideo.
Si se toma en cuenta el sector de actividad, los trabajadores privados (eternos pagadores de las consecuencias de las crisis económicas) se encuentran en una situación mucho peor que la de los trabajadores públicos (quienes se enteran de la crisis solo por los diarios y los noticieros, ya que su salario y todos sus beneficios laborales lo garantizan los contribuyentes, “los nabos de siempre” como dijera el periodista Tomas Linn). En efecto, en el sector privado la proporción de veintemilpesistas se ubica en 30%. Mientras que sólo el 6% de los trabajadores públicos tienen ese nivel salarial tan bajo. Estos porcentajes dejan en claro que en Uruguay todos los trabajadores son iguales pero algunos (léase los públicos) son más iguales que otros.
Esa irritante desigualdad entre trabajadores públicos y privados es vieja y forma parte de los peores aspectos de la cultura política Uruguay. Como ha señalado el columnista Guillermo Sicardi en el semanario “Búsqueda”: “El Estado es inmune a crisis y pandemias. Ni la fuga de la mitad de los depósitos bancarios en el 2002, ni la fiebre aftosa, ni la crisis del 2008, ni el déficit fiscal, ni el coronavirus hacen mella alguna entre oficinas y empleados públicos”. Al fin y al cabo, los ya famosos “motores de la economía” a los cual hace referencia frecuentemente la Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche son siempre movidos por quienes menos ganan y más expuestos están frente a las crisis: los trabajadores privados.
Esta alarmante situación salarial de tantos trabajadores uruguayos enfrenta, adicionalmente, las consecuencias del COVID-19. Como menciona el informe del IDC, “las medidas de aislamiento necesarias para contener el contagio y la propagación del coronavirus están provocando una recesión muy profunda que impacta fuertemente en el mercado de trabajo y muchas otras áreas”. Por decirlo de alguna forma, lo que ya era malo, seguramente ahora será peor. En el mismo sentido, un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado “El COVID-19 y el mundo del trabajo” describe el COVID-19 como “la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial” con “1.250 millones de personas que trabajan en los sectores considerados de alto riesgo de sufrir drásticos y devastadores aumentos en los despidos y disminución de los salarios y horas de trabajo. Muchas de estas personas están empleadas en trabajos mal remunerados, de baja calificación, donde una pérdida imprevista de ingreso tiene consecuencias devastadoras”. En el mismo sentido, durante las últimas semanas el Director General de la OIT, Guy Ryder, ha advertido que “los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo… Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso”.
Resulta imposible predecir cuales serán las consecuencias finales que desde el punto de vista económico tendrá el COVID-19 para Uruguay y especialmente para Paysandú, el cual enfrenta una complicada situación en materia laboral que ya fuera denunciada en el mes de agosto de 2018 cuando el Pit Cnt departamental estimó que el desempleo era “de dos cifras” según lo informado en ese momento por el dirigente Manuel López a nuestro diario. Sin lugar a dudas que la prioridad en este momento debe ser la conservación de los puestos de trabajo y la reactivación de la economía sanducera, tarea que ha resultado particularmente difícil en los últimos años pero que lo será aún más en este momento ya que se parte de niveles salariales iguales o menores a 20.000 pesos por mes.
